Oct 14/18 El principal obstáculo para que el Estado efectivamente reconozca la educación superior como un derecho; es decir, que ésta sea gratuita y de acceso universal, está en las restricciones fiscales de la Nación. Algunos consideran que deben ser sus egresados o las IES privadas los que contribuyan a ello. Se abre el debate.
Salvo casos como los de la Universidad de Antioquia, que da gratuidad a los estratos 1 y 2, pero con exigentes condiciones de ingreso, las demás universidades públicas cobran matrícula. Hay un grupo de IES, que se llaman públicas, y que no son universidades sino instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias, que deben hacer ingentes esfuerzos para conseguir recursos porque el Estado poco o nada les transfiere.
Constitucionalmente en Colombia la educación superior se concibe como un servicio, lo que a juicio de muchos analistas significa que el propio Estado permite que se constituye en un bien transable comercialmente o privatizable, lo cual estaría en contra de su naturaleza como derecho; es decir, como la posibilidad irrestricta que tiene cualquier colombiano, que cumpla las condiciones mínimas para ello, de acceder a estudiar gratis en cualquier IES.
Como siempre ha habido la restricción de plata, el debate no ha llegado (en el hipotético caso de que se decretara la gratuidad educativa) a analizar hasta qué niveles y condiciones debería darse esta gratuidad: Pregrados universitarios?, y los pregrados no universitarios?, y los posgrados?, y también incluye condiciones de sostenimiento y bienestar?…
De esta manera, no se sabe exactamente cuánto cuesta para un país como Colombia proyectar la universalidad en el acceso a la educación superior y su impacto social, más allá de (como ha pasado con la masificación de la cobertura), mejorar condiciones personales de los colombianos, pero también de cualificar el desempleo.
De allí que, de parte de los críticos y quienes exigen la gratuidad, se escuchan muy variadas cifras, todas en billones de pesos, que claramente no podrían ser asumidas inmediatamente por el Estado sin tener que sacrificar la inversión en otros sectores de la economía, como salud, justicia, infraestructura, seguridad…
Además, la universidad privada en Colombia tiene un peso indiscutido en el sistema. La gratuidad podría verse o como el acceso masivo a la universidad pública (desapareciendo la privada, lo cual no tendría escenario probable en Colombia) o coexistiendo con la privada, de tal manera que sea el Estado el que pague los estudios de los colombianos en IES privadas.
Los congresistas de centro – izquierda, Partido Verde, Decentes, Polo Democrático y tradicionales partidos de génesis comunista, exigen la gratuidad plena, sin especificar detalles.
¿Pero cómo lo pagaría?, ¿al estilo Ser Pilo Paga, que terminó siendo absolutamente inequitativo y desproporcionada la manera como el Estado reconoce valores de matrícula a universidades como Los Andes con respecto a las públicas?
“Y por qué no hacemos un pacto social donde las grandes fortunas paguen más impuestos y se pueda financiar la educación de la niñez y la juventud hasta la educación superior?. Ese es el verdadero pacto de Paz para una sociedad del conocimiento”, dice el excandidato presidencial Gustavo Petro.
A propósito de estos temas y de las marchas de estos días, el representante a la Cámara por Bogotá, del Centro Democrático, Samuel Hoyos, propuso que “viendo la “solidaridad” de las universidades privadas con las públicas, se les debería cobrar un 5 % de sus ingresos, destinado a contribuir a la educación pública. Cada 20 estudiantes de la privada, financiarían a 1 de la pública. La solidaridad es con acciones, no marchando”.
No se sabe hasta dónde la propuesta va en serio o es una broma. Si se acoge, inmediatamente tendrá un impacto sobre el aumento en las matrículas de las universidades privadas, quienes los justificarán en la necesidad de asegurar las transferencias que se les pedirían.
Aporte de los egresados
Otra propuesta, que no es nueva pero sí polémica, y más aún por quien la lanza (la senadora, también del Centro Democrático, Paloma Valencia), ha causado el rechazo de la universidad pública, pero tiene un contenido que debería considerarse seriamente: “¿Por qué no que los egresados del sistema cofinancien la educación de la siguiente generación, aportando 20% de sus salarios durante 10 años después de graduarse?”, ha dicho la senadora.
La propuesta ha sido objeto de fuertes críticas en redes sociales, por lo que significa el Uribismo en Colombia, especialmente para la universidad pública, porque Paloma Valencia ha sido criticada por diversas propuestas y porque las cifras pueden ser exageradas: 20 % del salario en 10 años.
No obstante, con porcentajes menores, en otros países ya funciona; algunos estudios técnicos la han planteado como alternativa y, guardadas proporciones, es el modelo de ingreso contingente definido en la nueva ley de crédito de Icetex, que pone a los beneficiarios a devolver los préstamos recibidos para su estudio, a medida que tienen trabajo y según sus ingresos.
Los representantes de la universidad pública se niegan a cualquier posibilidad que les represente retornar al Estado algo de lo que éste invierte en su formación, y consideran que con su trabajo e impuestos ya aportan suficiente al Estado y que no deben devolver dinero de matrículas.
El caso de Ser Pilo Paga es un ejemplo de los efectos perversos de esta situación. Bachilleres que reciben cientos de millones de pesos del Estado para que estudien en universidades acreditadas a cambio de muy poco: Su crecimiento personal y profesional, pero sin obligación de retornar nada al Estado.
Este tema, más allá de la burla en redes sociales a la propuesta, debe ser asumido en un gran debate nacional, cuando el Ministerio se dé cuenta de la importancia y urgencia de convocarlo.
