Juan José García Posada es profesor emérito de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, y columnista de El Colombiano. Analiza para El Observatorio la manera como la propuesta de reforma la la Ley 30 debe replantear las relaciones entre el MEN y la universidad.
Ha faltado imprimir el tono ético, en buena parte de las discusiones referidas al proyecto de reforma de la Ley 30 de educación superior. Desde el comienzo se ha hecho especial insistencia en el coco de la privatización, como si hubiera algún interés en involucionar hacia la condena antigua y demagógica de cualquier asomo de relación entre universidades y empresas. Se ha llamado la atención sobre la autonomía, la financiación y otros temas, que no son irrelevantes, pero está descuidándose lo esencial, la garantía de responsabilidad moral y social de las instituciones educativas.
Las principales objeciones al proyecto las ha resumido el Observatorio de la Universidad Colombiana, que va perfilándose como un think tank serio y un punto de referencia en la internet para el conocimiento y la reflexión sobre estos asuntos. Al informar sobre un foro hecho en Bogotá el miércoles pasado, dice: “La propuesta de reforma a la Ley 30, presentada por el gobierno nacional, tiene ambigüedades, no fue consultada con la ciudadanía, niega derechos adquiridos, busca solucionar problemas de presente y no de futuro, tiene vacíos de constitucionalidad, un marcado acento punitivo y no atiende todos los ámbitos de acción de la educación superior; y aunque presenta algunos desarrollos que pueden ser significativos, los primeros aspectos llaman a la preocupación de la comunidad académica sobre el futuro”. (Ver informe)
Tales observaciones son significativas y deben aportar al debate para que el proyecto sea menos imperfecto y para que, así la Ministra de Educación no lo crea necesario, se sincronicen los tiempos de la vida universitaria y de la política oficial. Es cierto y desesperante que en el ámbito académico a veces se alaba la lentitud improductiva, pero ningún gobierno tiene por qué extralimitar sus atribuciones de inspección y vigilancia para estar arreando universidades y someterlas a la acumulación inmediatista de resultados positivos.
Insisto por ahora en esta cuestión: La autorización del ánimo de lucro en la prestación del servicio público de la educación superior es un indicio probatorio de la flojedad ética del proyecto. Es razonable que no deban funcionar universidades con ánimo de pérdida, como las que han devorado la burocracia y el desgreño. Pero el ánimo de lucro como propósito de obtener beneficio porta el riesgo de la utilización de medios ilícitos, del apoderamiento de recursos que solo deberían reinvertirse en la educación. El lucro legítimo debe surgir como consecuencia del servicio, no porque se estimule por ley el ánimo de obtenerlo.
Para que no se patrocine el lanzamiento a la sociedad de flechas envenenadas y erráticas desde el arco de la educación superior, el proyecto debe tensar la cuerda ética. Consta en la historia que muchos de los condenados por corrupción se han graduado en alguna universidad.
