Tras elecciones, escenario para reformas educativas del Gobierno parece debilitarse

Oct 30/23 Aunque la educación superior no estaba en la agenda del debate electoral y no se eligieron congresistas ni presidente, los comicios de alcaldes, concejales y gobernadores, sí enviaron señales sobre un camino complejo para las reformas educativas.

La jornada electoral de este 29 de octubre no sólo cambió los nombres de quiénes serán los próximos, a partir de enero de 204, gobernadores, alcaldes y concejales del país, sino que también transformó el mapa político actual.

Si en 2022 Colombia votó por Gustavo Petro para la Presidencia y éste logró consolidar una alianza mayoritaria en el Congreso de la República para impulsar sus reformas sociales, 16 meses después, en octubre de 2023, el país giró de la izquierda y centro izquierda a la centro derecha y derecha.

Con múltiples partidos, discursos, aspirantes independientes y políticos tradicionales que se re-encaucharon, claramente las urnas confirmaron la caída en la popularidad del gobierno del presidente Petro y, con una coalición fracturada en el Congreso de la República y varios de sus aliados y grupos políticos claves “quemados” en las elecciones, el primer mandatario no sólo deberá recomponer su agenda política y sus relaciones con la opinión pública, sino que posiblemente la dinámica y contenidos de varias de sus reformas deberán ser eliminados o moderados.

La educación superior y sus temas afines, no escapan a este análisis. La propuesta de Ley estatutaria en Educación (proyecto de ley 224 de 2023), la hipotética reforma a la Ley 30 de 1992, la construcción de nuevas sedes universitarias, las políticas sobre gratuidad educativa e, incluso, su actitud de negación de la universidad privada, entre otras, seguramente sufrirán coletazos tras la fuerte pérdida de capacidad de incidencia política regional y de negociación del Gobierno frente a los congresistas de la oposición, que ganaron un amplio espacio para cuestionar, y hasta bloquear, propuestas del Ejecutivo.

El nuevo escenario para la Ley Estatutaria

Fue radicada el pasado 12 de septiembre y si bien se han adelantado audiencias públicas en varias ciudades del país, impulsadas por el propio Ministerio de Educación en alianza con algunos de los congresistas designados como ponentes, aún no se cumple el primer debate formal en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Aunque la ministra ha hecho un juicioso trabajo de “venta” de la reforma a muy variados sectores del país, y aparentemente la misma trae beneficios de fácil aceptación entre la opinión pública, el camino para su debate y aprobación no está entapetado para el Gobierno.

No sólo porque el gobierno perdió espacio de negociación (lo que le llevaría a ceder en temas claves o botines políticos para sacar adelante sus reformas), sino porque los debates presupuestales y constitucionales en torno de la naturaleza y alcances de una ley estatutaria en educación aún no se han dado, y esas son etapas difíciles para la propuesta. Así como en la reforma laboral y pensional el alto costo fiscal de las mismas las tienen desaceleradas en el Congreso, lo mismo podría pasar con la educativa. Más allá de la buena voluntad, no es claro cuánto vale la anhelada universalidad en el acceso, sino cómo y de dónde vendrán los recursos, y el examen de constitucionalidad podría ser otro obstáculo no esperado.

Asimismo, el indirecto rechazo en las urnas a las políticas del presidente Petro y a los políticos de su corriente ideológica, puede llevar a que el Congreso no valide el anhelo del Ministerio de que el Presidente de la República tenga facultades extraordinarias “para que expida normas con fuerza de ley que establezcan las fuentes, esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, las rutas de articulación entre la educación media y posmedia, y el régimen especial de las Escuelas Normales Superiores”.

Las elecciones también mostraron que sectores tradicionales de la política regional mantienen gran poder en sus regiones y aunque no se diga, significó que actores claves de la educación superior, como rectores de universidades privadas, tienen claves aliados entre ellos, quienes con sus partidos pueden incidir en la agenda legislativa.

Es decir, la universidad privada puede estar detrás de muchos de los ganadores de las elecciones, que no permitirían que el gobierno subestime u olvide a la universidad privada.

¿Y la reforma a la Ley 30?

Al interior del Ministerio de Educación se ha proyectado que estos días, tras el paso de las elecciones, radicaría el texto de reforma a la Ley 30 de 1992, o de Educación Superior, pero eso también parece estar crudo.

No sólo porque la ley estatutaria no ha avanzado, sino porque la propuesta de reforma a la Ley 30 no termina de cocinarse. El Ministerio desaceleró en el tema, los rectores de ASCUN oficializaron su molestia por no ser consultados y no parece haber el ambiente sectorial para avanzar realmente en una reforma de esta índole.

No sería extraño que la propuesta de reforma a la Ley 30 se desinflara y el gobierno sólo se quedara con la Ley Estatutaria.

Lo que seguiría

No deja de ser significativo que temas relacionados con cobertura, gratuidad educativa y otros beneficios, no hayan sido tema real de debate en las campañas. Temas como inseguridad, empleo, economía y movilidad, entre otros, desplazaron a la educación entre los de mayor preocupación entre la opinión pública. La gradual adopción de la matrícula cero en el gobierno Duque y el de Petro motivaron este efecto.

Esto puede impactar la agenda de reformas del gobierno nacional.

El país le dijo, en las urnas, al gobierno, que debe hacer cambios, y si bien cualquier reforma positiva en educación siempre tendrá respaldo entre la opinión pública, en este momento no parece ser suficiente que los avances en este sector sean suficientes para que el gobierno recupere su imagen y no pierda más gobernabilidad.

Políticos que, relacionados de alguna manera con la educación superior, ganaron y perdieron

Frente a miles de candidatos que pusieron en consideración de la opinión pública sus nombres y propuestas, entre los más mediáticos y que de alguna manera tienen incidencia en educación superior, se pueden listar como ganadores y perdedores los siguientes:

Ganadores:

1) Alcalde de Tunja. Mikhail Krasnov. Es docente, desde hace 15 años de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja UPTC, y se convirtió en una sorpresa en la jornada electoral.

2) Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya. El exprecandidato presidencial repite en la Gobernación, en la que preside el consejo superior de la UPTC, universidad en la que estudió y de la que fue representante estudiantil. También fue representante de los estudiantes en el CESU y sectores políticos hablan de su gran influencia sobre la UPTC.

3) La concejal, por Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, del Pacto Histórico, repite en el cabildo distrital. Es una activa defensora de las políticas de gratuidad educativa y de los procesos democráticos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

4) El nuevo gobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, hace parte del equipo político del exgobernador Carlos Caicedo. Fue alcalde de Santa Marta, y desde allí impulsó la recién creada Institución Universitaria Politécnico Distrital, con lo que se asume que ésta tendrá más oxígeno dado que el nuevo alcalde de Santa Marta hace parte del mismo equipo político. La que podría no contar con el mismo respaldo es la Universidad del Magdalena, pues no ha contado con el apoyo político de Carlos Caicedo y su equipo (quien, curiosamente, fue rector de Unimagdalena).

5) El nuevo gobernador de Córdoba es Erasmo Elías Zuleta Bechara, miembro de la familia Bechara, propietaria de la Universidad del Sinú.

Perdedores:

1) Gustavo Bolívar, con sus propuestas relacionadas con programas para la juventud, la primera línea, el bilingüismo y la construcción de seis nuevas universidades en Bogotá, perdió en un intento por llegar a la Alcaldía Mayor.

2) José Luis Diago, exrector de la Universidad del Cauca, no logró el triunfo en su deseo por llegar a la Alcaldía de Popayán por el Pacto Histórico.

3) El también exrector de la Universidad del Cauca, Juan Diego Castrillón Orrego perdió en su deseo de ser gobernador del Cauca por el Pacto Histórico.

4) Albert Corredor, miembro de la familia dueña de la Corporación Universitaria Americana no logró ser alcalde de Medellín, así como tampoco ganaron sus aliados políticos (Luis Pérez para la Gobernación de Antioquia y el polémico Julián Bedoya, abogado cuestionado por su titulación en la Universidad de Medellín). Otro de los que no ganaron fue el profesor universitario Gilberto Tobón.

5) En Bogotá, no logró curul en el Concejo Liliana Castañeda, a nombre del partido Dignidad y Compromiso, de los exprofesores Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, y respaldada por Jennifer Pedraza, activa representantes que apoya los procesos de gratuidad educativa.

6) El expresidente de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad de Antioquia ASPU, Ramiro H. Giraldo, no logró curul como concejal de Medellín.

7) El exrepresentante de los estudiantes en el CESU y en el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, José Luis Osorio, del movimiento Independientes, no logró ser gobernador de Bolívar.

8) La actual edil de Bogotá, Lina García, quien se unió con el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, para denunciar supuestas irregularidades en la UNAD, que luego se demostró que no existían, tampoco logró los votos necesarios para ser concejal de Bogotá, por el Partido Verde.

Finalmente, cabe señalar la forma pública como la Consejera por la Juventud del gobierno Petro, Gabriela Posso, expresa su molestia con los resultados electorales y abiertamente da argumentos para justificar que, en sus palabras, al gobierno Petro y a la izquierda no le fue tan mal como los medios de comunicación dicen, y como, según ella, a los políticos tradicionales del Valle (de donde ella es), no les fue tan bien como los medios dicen.

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