Análisis de Roberto Behar Gutierrez, profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística de la Universidad del Valle y miembro de la Federación Nacional de Profesores Universitarios.
Con bombos y platillos fue dado a conocer el texto de la reforma a la Educación Superior, como síntesis, según la Ministra María Fernanda Campo, de “audaces propuestas para fortalecer, aumentar y, sobre todo, mejorar la calidad de la educación superior pública”. La audacia está en que recoge bajo una sola propuesta, a la que denominó “integral”, estrategias conocidas de vieja data para privatizarla y descargar en otros hombros las obligaciones estatalesrequeridas para financiar el cumplimiento de tales metas. Ni “derecho” ni “servicio”, pura mercancía es lo que ve el gobierno Santos en la Educación Superior.
Una de las exigencias en el aún no firmado TLC con Estados Unidos,es permitir el suprimir la condición de instituciones sin ánimo de lucro a las organizaciones dedicadas a la educación en los diferentes niveles de escolaridad, todo ello para homogenizar la inversión y oferta a las de cualquier mercancía, y flexibilizar su movilidad a otros sectores cuando las circunstancias o la tasa de ganancia así lo recomienden.
Con el sofisma de que el 55% de la Educación Superior ya es privada, y que se mantendrán “intactas las universidades públicas”, se da paso a la creación de instituciones “sin ánimo de lucro”, para que el capital privado pueda invertir con plena tranquilidad, y se confeccionen nuevas alianzas entre esos capitales y las instituciones públicas para adecuar y cualificar su infraestructura académica. A la pregunta ¿Usted diría que como el Estado no tiene recursos para introducir tecnología y modernización a la educación pública requiere el apoyo privado?, la Ministra respondió: “Así es, proveer una educación de calidad cuesta mucha plata. Los recursos que gira el gobierno para financiar las universidades no son suficientes. Es indispensable que lleguen más recursos a la educación superior. Por eso, con esta reforma buscamos atraer capital privado para que invierta en educación superior”.
Los convenios de asociación permiten no sólo que haya inversión de capital en las instituciones de Educación Superior públicas o privadas existentes, sino que, incluso, con las sombrillas de funcionamiento y calidad –registros calificados y acreditaciones- otorgadas a éstas previamente por el MEN, pueden irrumpir instituciones extranjeras sin necesidad de vigilancia alguna por parte del Estado. En otras palabras, se abren los negocios entre particulares para proveer el servicio desde la estricta lógica del mercado.
Quienes todavía creen que Juan Manuel Santos encarna un gobierno distinto al de Álvaro Uribe, ésta es una clara prueba de continuismo. Nada distinto a conocidas injerencias estatales en la educación es lo que presenta dicha reforma, la cual es más de lo mismo, pero ahora, al estilo Santos, bajo un seductor y polisémico llamado: ¡La educación superior nos toca a todos! ¿Nos toca a todos para acceder, para comprometernos, para orientarla o para pagarla?
