Agosto 14/20 La rectora de la U. Nacional de Colombia pide investigar por qué la preocupante reducción en los recaudos de esta estampilla, que beneficia a esa IES y a las demás unievrsidades públicas.
La solicitud se hace dado que desde 2014 se ha dejado de percibir una alta proporción de recursos, porque no se ha ejercido efectivamente el cobro del impuesto a varias empresas del Estado que suscriben contratos de obra pública.
El siguiente es el texto del comunicado suscrito por la rectora Dolly Montoya:
La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, en cabeza de la abogada Diana Patricia Richardson, adelanta una inspección a la DIAN para que esta entidad lleve a cabo el cobro coactivo de los recursos no captados en los últimos años correspondientes a la Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales.
La intervención de la Agencia ha sido solicitada por la dirección de la Universidad Nacional, mediante varias mesas de trabajo en donde se han presentado las necesidades de financiación de la Institución y la baja recaudación de los recursos correspondientes a la Estampilla universitaria.
La Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales fue creada en 2013 mediante la ley 1697 con el objeto de entregar recursos a las universidades para la construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria, la modernización tecnológica, el apoyo a la investigación, el apoyo a programas de bienestar estudiantil, incluyendo la disminución de la matrícula para las poblaciones de estudiantes vulnerables. En particular se destinaron recursos para la construcción y dotación del Hospital Nacional Universitario y el fortalecimiento de sedes para la presencia en regiones del país.
Estos recursos están constituidos por todo contrato de obra que suscriban las entidades del orden nacional y los contratos conexos, suscritos por las empresas industriales y comerciales del Estado y de empresas de economía mixta cuya ejecución sea con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Para dirigir, administrar y distribuir estos recursos, se creó el Fondo Nacional a cargo del Ministerio de Educación y corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, ser el acreedor de la obligación tributaria. Desde el año 2014 se ha dejado de percibir una alta proporción de recursos, dado que no se ha ejercido efectivamente el cobro del impuesto a varias empresas del Estado que suscriben contratos de obra pública.
En el caso de la Universidad Nacional, la asignación de recursos desde el Ministerio de Educación por concepto de la Estampilla empezó en 2015 con 35 mil millones de pesos y pasó en 2019 a cerca de 60 mil millones de pesos. Sin embargo, los estudios muestran que con un recaudo eficiente, las cifras deberían ser mayores.
La desfinanciación histórica de las universidades públicas es cada vez más crítica y se ha agudizado por las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, por lo que los recursos pendientes de recaudo resultan importantes para fortalecer la infraestructura tecnológica, avanzar en investigación estratégica para el país y apoyar programas y proyectos académicos y de bienestar que garanticen la permanencia de los estudiantes dentro del sistema de educación superior.
La Agencia ITRC tiene la facultad de investigar y sancionar las conductas por faltas disciplinarias gravísimas de los funcionarios de las entidades que recaudan tributos, entre ellos la DIAN, así como la facultad de auditar los procesos operativos, tecnológicos y administrativos de estas entidades recaudadoras, por lo que su intervención se constituye en un apoyo para las universidades públicas y es un llamado de urgencia para que puedan contar con los recursos indispensables que fueron otorgados por ley.
