Feb 24/26 La Universidad Industrial de Santander UIS suscribió dos contratos con Juliana Guerrero, entre 2023 y 2024, en los que tuvo fallos en la supervisión y los pagó sin que se realizaran debidamente los entregables del contrato. Es decir, que no hay evidencias de que el contrato haya sido ejecutado realmente.
La confirmación de la situación la realizó la Contraloría General de Santander tras una denuncia presentada por el medio de comunicación independiente Metropolitano, de Bucaramanga, por las posibles irregularidades en el contrato suscrito entre la UIS y Guerrero para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.
La Contraloría General de Santander concluyó la existencia de irregularidades en los contratos 306-2023 y 113-2024, suscritos entre Juliana Guerrero y la UIS, debido a la falta de transparencia, planeación y supervisión de dichos procesos.
Desde cuando se conocieron las denuncias iniciales, en septiembre pasado, la UIS se negó a dar información sobre dicho contrato, en el que participó Guerrero como coordinadora del Ministerio del Interior, argumentando una cuestionada reserva sobre la información.
El hecho llevó a que la congresista Jennifer Pedraza lograra que la justicia obligara a la Universidad a entregar los contratos.
Ahora, según la Contraloría de Santander, el problema no fue la existencia de los contratos, sino la falta de entregables que probaran su ejecución. La entidad no encontró evidencia suficiente de que Juliana Guerrero hubiera cumplido lo pactado, lo que terminó en un presunto daño fiscal.
“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control “UIS” y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos” señala el informe de la Contraloría, que adiciona que “esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.
También indicó que la Universidad usó una fórmula ambigua (“persona natural y/o profesional”) en la definición del perfil, una expresión que los auditores calificaron de imprecisa y poco técnica.
En total, el ente de control estableció cinco hallazgos administrativos, dos disciplinarios y uno fiscal por $2.000.000, relacionados con fallas en la planeación, debilidades en la supervisión y soportes incompletos de ejecución.
