Agosto/24 El exviceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, hace un balance de su gestión en el diario El Tiempo e invita al sector a avanzar en el llamado Acuerdo Nacional como reforma a la ley 30.
Acepté la invitación del alto gobierno en septiembre pasado porque vislumbré la oportunidad de transformar en políticas públicas ideas defendidas durante décadas por quienes luchamos por la educación pública. El poco tiempo que permanecí en el cargo no me permitió ver plasmadas algunas de las propuestas en las que trabajamos con dedicación y responsabilidad, entre ellas, y quizás una de las más importantes, un proyecto de ley que regule la educación superior. Dejamos un documento sólido, fruto de un debate nacional de año y medio, intensificado en el último semestre, y un articulado que aún debe validar la Mesa de Acuerdo Nacional por la Educación Superior (MAN+ES), donde participaron todos los actores clave. Confío en que este trabajo, quizás más temprano que tarde, llegue al Congreso y prospere, pues el sector necesita una reforma profunda.
Quisiera ofrecer una primera reflexión sobre este proyecto de ley a manera de balance prospectivo.
El sistema de educación superior en Colombia no es tal. La Ley 30 de 1992 intentó organizar la proliferación de instituciones promovida por la Ley 80 de 1980, pero terminó creando un sistema fraccionado, segregacionista y empobrecido.
Fraccionado, porque carece de mecanismos que fomenten sinergias en investigación, movilidad estudiantil y profesoral, diálogo interdisciplinario y proyectos de extensión. Las instituciones, tanto públicas como privadas, han trabajado aisladas en sus misiones, con pocas excepciones de colaboración.
Segregacionista, porque la oferta se concentró en las grandes ciudades, excluyendo a miles de jóvenes de las periferias, y porque la educación técnica y tecnológica ha sido relegada a un nivel inferior, subestimando su valor.
Empobrecido, especialmente en las instituciones públicas, debido a una fórmula de financiación (artículos 86 y 87 de la Ley 30) que no contempló el crecimiento de la matrícula, los avances tecnológicos ni el mantenimiento de la infraestructura. Lo que se ha logrado ha sido gracias a recursos propios, desvirtuando su proyección social. En general, el sistema no está preparado para leer los territorios ni la diversidad cultural del país. Aunque existen esfuerzos significativos, la capacidad instalada en las regiones es insuficiente para implementar políticas educativas que respondan a las necesidades locales y se integren a los planes de desarrollo.
En los últimos 25 años, la política pública ha relegado la responsabilidad del Estado a la regulación de la calidad, entendida como resultados en pruebas y cumplimiento de indicadores cuantitativos, descuidando la tarea de fomento y estímulo de la cualificación de los procesos de gestión y proyección académica. El Ministerio de Ciencias, creado en 2021, no ha superado lo que antes hacía Colciencias, limitándose a medir grupos e investigadores, sin fomentar la investigación científica y tecnológica. La desarticulación con las IES es evidente.
Se ha avanzado en la expedición de normas que transforman el sistema de aseguramiento de la calidad, permitiendo a las IES desplegar sus capacidades académicas y autorregularse en procura de mayor pertinencia y cualificación constante.
El Gobierno es consciente del diagnóstico y busca corregir sus fallas estructurales. Ha trabajado en dos vías: programas y proyectos, y modificaciones normativas. Se ha propuesto llevar la oferta de las IES al territorio con infraestructura y un aumento significativo del presupuesto a las universidades públicas para solventar sus déficits históricos. Se ha planteado una ambiciosa meta de aumento de matrícula y garantía de gratuidad, respaldada por varias leyes. Sin embargo, en cuatro años no se logrará revertir las fallas estructurales mencionadas. Mientras se persiguen estas metas, es crucial reformar la Ley 30 para crear un sistema de educación superior articulado, justo y financiado adecuadamente. El debate sobre la educación superior privada merece un análisis aparte.
