Un llamado a lo(a)s próximo(a)s rectores(as) de la UNAL y la UDEA: Carlos Mario Lopera P.

Enero/24 Lopera, director de universidad.edu.co señala las responsabilidades que el sector de la educación superior espera de quienes asuman las rectorías de las Universidades Nacional de Colombia y de Antioquia.

En próximas semanas terminan su segundo periodo rectoral Dolly Montoya, en la Universidad Nacional de Colombia, y John Jairo Arboleda Céspedes, en la Universidad de Antioquia.

Por estatutos, y edad, Montoya no puede buscar la re-elección, pero Arboleda sí, si así lo desea. Esta reflexión no es una crítica (ni una defensa) a la gestión de estos, sino un llamado a las expectativas que, desde la óptica del sistema de educación suprior colombiano, surgen frente a la necesidad de un nuevo estilo rectoral en las más importantes universidades públicas de Bogotá y Medellín, en momentos en que se agitan las postulaciones y, por ende, los ofrecimientos y las críticas.

Es innegable que por sus cifras, acreditación, prestigio, tradición, rankings y presupuesto por estudiante, estas dos instituciones representan las más reconocidas y grandes universidades públicas del país y, por lo mismo, se asume que su cabeza sea alguien que no sólo administre y dirija su proyecto educativo en debida forma sino que, además, actúe como verdadero líder de todo el sistema de educación superior. Cuentan con el mayor número de académicos con mayor cualificación, remuneración y grupos de investigación, así como se dan el lujo de seleccionar a los mejores aspirantes.

Ratificar la acreditación institucional y conseguir más sellos de calidad; garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad; potenciar las alianzas, movilidad, internacionalización y resultados de investigación de la comunidad universitaria; evitar los paros estudiantiles; concertar debidamente con los profesores y evitar que -como decía Antonio Camou- todos se pongan bravos al mismo tiempo, son los estándares mínimos que debe asegurar cualquiera que llegue a la rectoría de estas universidades, y esos resultados -en líneas generales- los cumplieron Montoya y Arboleda. Sus gestiones terminan en un ambiente de relativa calma.

Pero ser rector(a) de estas universidades demanda una mayor exigencia, liderazgo y responsabilidad. Están llamados a ser faros del sistema de educación superior, de la totalidad de IES públicas, y referente obligado a la hora de diseñar políticas en educación, lineamientos de gobierno y gestión universitaria, buenas prácticas sectoriales y una mirada nacional de lo que Colombia debe ajustar en su sistema de educación.

Y la realidad muestra que, desde administraciones pretéritas, los rectores de las universidades Nacional de Colombia y de Antioquia, son muy hábiles para tener contentos a sus comunidades internas y muy débiles para liderar la educación superior. Que sean columnistas o invitados a los medios de comunicación no significa que sean reconocidos como guías sectoriales.

Aunque gozan de la autonomía universitaria (y en el caso de la Nacional de Colombia, además, tienen un fuero especial, por ley), sus rectorías se han alineado con el gobierno de turno, los contratos de Mineducación y las políticas convenientes en las que sus académicos intervienen, en proyectos, resoluciones, acuerdos y alianzas que sólo terminen beneficiando sus finanzas, y nada más.

Además, en la práctica, su participación en las asociaciones de IES (como ASCUN) es más protocolaria y de papel; su intervención en el Sistema Universitario Estatal SUE sólo se siente a la hora de apoyar las peticiones por más recursos, pero nunca lideran un debate a fondo sobre la real equidad que debe tener el modelo de transferencias de recursos (al fin y al cabo, son las que más reciben plata y prefieren callar); y los pronunciamientos de sus rectores tienden a decir lo mismo de siempre, con palabras acartonadas y evitando incomodar al alto gobierno y al empresariado, porque creen que sólo así pueden sostener los contratos, registros, acreditaciones y alianzas para sus profesores y egresados.

Entre tanto, poco o nada comparten su infraestructura física con otras IES públicas; su participación en el Consejo Nacional de Educación Superior CESU es mínima (la Udea cuando ha estado y casi siempre la UNAL, que por Ley 30 tiene asiento propio- brilla por su silencio, cuando asiste); nunca lideran una reunión sectorial de rectores; de sus despachos no se conocen estudios de fondo ni propuestas colectivas sobre la problemática sectorial, y sus rectores poco o nada son reconocidos como líderes por todos los demás rectores, públicos y privados.

Por lo mismo, se espera que (incluso el propio Arboleda, si llegara a lanzarse y ser re-elegido) los nuevos rectores no se contenten sólo con los beneficios del cargo (salariales, de seguridad, de poder burocrático, de protocolos, de cercanía al despacho de alcaldes y gobernadores, así como de reconocimiento mediático del cargo, entre otros) y puedan ser reconocidos por su capacidad de ayudar a repensar el sistema, a cuestionar el establecimiento (incluidos los políticos y los empresarios), y a que los medios de comunicación los busquen porque con sus pronunciamientos ponen a pensar al país.

En Colombia se critica mucho el escaso criterio, debilidad de carácter y poco conocimiento sectorial de muchos de los altos funcionarios del Estado que llegan al Ministerio de Educación. Todo porque se anhelan dirigentes que no tengan miedo a enfrentar verdades, a cuestionar lo que todos saben que debe ajustarse y con la habilidad, desde la gerencia y el conocimiento, para concertar e impulsar reformas de fondo.

Y es entonces cuando uno esperaría que en vez de que se elija como funcionario responsable del sector a un político tradicional, a un profesor universitario poco conocido, a algún funcionario público de carrera en otras áreas o a un conocido y cercano del Presidente de la República, fueran escogidos académicos con poder y autoridad, como el rector de la Universidad Nacional de Colombia o de la Universidad de Antioquia, que son los primeros llamados (en un escenario no político sino técnico y académico) a ser considerados como potenciales ministros de Educación. Pero tristemente eso no se escucha de quienes han sido rectores en las últimas décadas.

Ojalá que quienes lleguen a estas rectorías nos sorprendan positivamente, y se atrevan a incomodar a sus propias comunidades internas: aumentar la exigencia académica a los estudiantes, a demandar un mayor compromiso de sus docentes, a exigir una real rendición de cuentas de parte de los representantes, a fomentar la integración con otras IES, a impulsar la consolidación de información del sistema, a reconocer la necesidad de revisar, desde lo técnico y un proyecto de país, el modelo de asignación de recursos del Estado, a replantear el decreto 1279, a asumir una posición radical frente a los rankings, a ejercer un verdadero rol de veeduría y acción social de las universidades, a plantear una reforma de fondo y no cosmética de la Ley 30/92, y a llevar a que los grupos de investigación entreguen productos de mayor utilidad para la sociedad, entre otros muchos aspectos.

No es mucho pedir, teniendo en cuenta la formación profesional, el capital académico acumulado por estas universidades, su potencial relacional, su chequera y su protagonismo mediático. Porque si no son ellos, ¿entonces quién?

Bogotá, Medellín y, sobre todo, Colombia requieren que sus más grandes universidades de impacto académico nacional, se abran y trasciendan más allá de sus propios grupos de interés interno y trasciendan las rejas (mentales) de su tradición y visión local.

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