Enero/26 En su editorial del 25 de enero, el diario capitalino advierte que los ambiciosos retos que se trazó el Gobierno para la construcción de sedes universitarias y ampliación de cupos chocan con la realidad.
Uno de los indicadores clave a la hora de medir desigualdad e inequidad en un país es el nivel de acceso a la educación superior. Sin desconocer los esfuerzos que distintos gobiernos han hecho, particularmente con el robustecimiento de los presupuestos para este sector, Colombia sigue en deuda. Menos de la mitad de los estudiantes acceden a educación superior, lo que imposibilita sus proyectos de vida y el crecimiento económico del país.
De ahí que todo lo que se invierta en este sentido ha de tener la máxima prioridad del Estado: asegurando recursos para infraestructura, personal docente, identificando programas afines a las necesidades del país y una visión clara de qué se pretende. De lo contrario, la brecha seguirá perpetuándose.
Esta fue una de las apuestas del actual Gobierno y sus metas ambiciosas: 500.000 cupos gratis, 100 sedes universitarias, ampliación de otras, transporte, alimentación, etc. Hoy, cuando el Gobierno se encamina a su tercer año, el balance no es el mejor y el panorama luce incierto.
A la escasez de recursos que golpea la estructura del Estado, con recortes en distintos sectores que ya empiezan a materializarse, se suma un deterioro del orden público en zonas en las que el Gobierno había prometido infraestructura educativa. Como en el caso del Cauca y el Catatumbo, donde se libran cruentos enfrentamientos entre grupos ilegales y las obras prometidas presentan graves retrasos.
También se suman centros educativos en el sur de Bolívar, Chocó, Cundinamarca, San Andrés y una universidad para los wayús, en La Guajira (que tumbó la Corte). Son alrededor de 100 proyectos, de los cuales menos de la mitad están en construcción y con inversiones que superan el billón de pesos. Hay 13 iniciativas en etapa de contratación y 21 más en estructuración. A fin de cuentas, según el Ministerio de Educación, este Gobierno entregará, si acaso, el 30 por ciento de aquellas.
Por donde se mire, las metas del Gobierno lucen difíciles de cumplir. Lo advierten expertos en la materia y lo confirma la realidad fiscal. Los 500.000 cupos gratis y demás infraestructura demandan recursos cercanos a los 6 billones de pesos. La complejidad de sacar adelante un centro universitario implica variables que van desde la obra misma hasta su puesta en funcionamiento, con docentes, recursos administrativos y financieros, tecnología de punta, logística, todo un proceso que podría tardar cinco años por institución.
Y falta el componente más importante: la demanda. El Mineducación dice que van 65.000 plazas aseguradas en el plan Universidad en tu Territorio; sin embargo, de ahí a 500.000 cupos luce difícil llegar. La demanda no depende solo del número de estudiantes, sino de su vocación y pertinencia en el territorio. De nada vale anunciar universidades donde no se tiene claro el fin que se persigue, el impacto que se desea y las condiciones que se ofrecen. Y una de ellas, como ha quedado en evidencia en el Catatumbo y otras regiones, es la seguridad.
