Un llamado al sector para analizar fríamente propuesta de Superintencia de Educación

Sept 3/19 Para el exconsejero del CNA Luis Enrique Orozco (derecha), la propuesta del senador Iván Darío Agudelo de crear la Superintencia haría desaparecer Mineducación, el SAC, el CESU y crearía un nuevo ICFES.

La interpretación llama la atención luego que el propio proyecto de ley (en otra interpretación polémica para otros) sugiere que la propuesta Superintendencia esté adscrita a Mineducación.

¿Puede ser exagerada la interpretación de Orozco?. Para muchos, sí, pero por venir de Orozco, quien es profesor de Uniandes y por muchos años fue un analista permanente del sector, adquiere una interpretación especial con respecto a un tema que reiteradamente se viene hablando cuando hay problemas de calidad y control en el sector y las propias IES no han sabido ser corresponsables del todo en su autonomía.

Para Orozco, “el ejercicio monopólico de la educación superior por parte del Estado no es necesario ni conveniente en una sociedad democrática”, por lo que resalta el papel fundamental de la autonomía universitaria.

Por su parte, el senador autor de la iniciativa, el liberal antioqueño Iván Darío Agudelo Zapata, está recorriendo los diversos escenarios académicos para presentarla y se muestra en plena disposición para incorporar los cambios necesarios.

Orozco (que no apoya la idea) y Agudelo (que la promueve) coinciden en un aspecto: Se requiere un amplio debate en el sector para enfrentar el tema.

El siguiente es el análisis que hizo Orozco Silva en el portal Razonpublica.com

¿En qué consiste el Proyecto de Ley?

Actualmente cursa en el Congreso de la República un Proyecto de Ley para crear la Superintendencia de Educación y Control sobre el Sistema Educativo Colombiano.

Conozca la noticia y el texto del proyecto de ley, publicado en El Observatorio el 2 de agosto

Teniendo en cuenta que este proyecto no es nuevo, que el Congreso decidió retirarlo en otra ocasión y que fue considerado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-031 de 2017, es importante poner en la palestra pública algunas consideraciones sobre él.

La Superintendencia de Educación cubriría la acción de todos los niveles de educación existentes desde el pre-escolar hasta el superior y, aunque el Proyecto radicado no lo menciona expresamente, también cubriría al SENA y a las denominadas Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano, pues estos organismos ofrecen programas académicos. Adicionalmente, comprendería las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación que se lleven a cabo en los diferentes niveles.

Hoy en día esas funciones le corresponden al Ministerio de Educación (MEN), lo cual quiere decir que el Proyecto busca retirar esas funciones del MEN sin un fundamento sólido. En realidad, la sugerencia implícita es que desaparezca el MEN y resucite el antiguo ICFES, organismo que el gobierno anterior desmanteló al convertirlo en un Instituto de coordinación y de gestión de pruebas a través de la Ley 1740 de 2014. Es importante recordar que la razón principal para desmantelarlo fue la comprobación de su incapacidad para mejorar la calidad del servicio público de la educación superior.

El Proyecto de Ley dice explícitamente que se trataría de un organismo adscrito al Ministerio de Educación Nacional y su función sería ejercer el mandato constitucional de inspección, control y vigilancia por delegación del Ejecutivo. En mi opinión, este Proyecto descansa sobre un presupuesto falso: creer que la calidad del servicio público de la educación es producto exclusivo de la inspección, el control y la vigilancia, y no un logro multicausal que compromete al Estado y las instituciones.

Soluciones realistas

Entre otras cosas, para garantizar su calidad, el Estado tendría que diseñar una política que incluya la inversión que el sector necesita para mejorar el acceso, así como la pertinencia, retención, equidad, eficiencia e inclusión para construir una sociedad más equitativa. Por su parte, las instituciones deberían ejercer una autonomía responsable.

Si bien la intervención del Estado es necesaria, también es fundamental que este respete la autonomía universitaria. Para lograr un equilibrio entre las dos cosas, no basta con aumentar la inspección y el control por parte del Estado, sino forjar una relación de confianza y compromiso entre esas dos instituciones que persiga el desarrollo del país en materia educativa. En definitiva, el ejercicio monopólico de la educación superior por parte del Estado no es necesario ni conveniente en una sociedad democrática.

Implicaciones del Proyecto

El Proyecto se presenta a sí mismo como una solución a la ineficiencia del MEN refiriéndose, sobre todo, a tres aspectos:

  • Las limitaciones técnicas que tiene para cumplir sus funciones;
  • Lo inconveniente que resulta que este organismo se encargue simultáneamente de formular y ejecutar las políticas y de vigilar y controlar su cumplimiento, y
  • La existencia de un organismo como el Consejo de Educación Superior (CESU) compuesto por agentes que son, al mismo tiempo, rectores de las instituciones y jueces de las mismas.

Cabe preguntarse por la motivación última de crear una Superintendencia de Educación y Control sobre el Sistema Educativo. De acuerdo con el Proyecto de Ley, esta iniciativa nace del reconocimiento de la incompetencia técnica del Ministerio de Educación Nacional para realizar sus tareas de inspección y vigilancia. Ese reconocimiento está expresamente manifiesto en la Ley 1740, la cual autorizó al Ministerio para presentar un Proyecto de Ley que reglamentara la creación y funcionamiento de una Superintendencia de Educación Superior.

En 2015, el gobierno estableció varios mecanismos que permitían intervenir las instituciones, especialmente aquellas que tenían problemas conocidos por la opinión pública, sin embargo, no había presentado el Proyecto y, en 2017, la Corte Constitucional declaró inexequible la idea de crear tal organismo a través de la Sentencia C-031.

Posteriormente, el Proyecto de Ley 077 de 2018 insistió en su creación y en dictar nuevas normas de inspección, control y vigilancia para los niveles de pre-escolar, básica y media, pero fue retirado. Finalmente, este año el gobierno expidió un Decreto que regula la calidad de la Educación Superior y establece una distinción entre las condiciones iniciales requeridas por un programa o institución para comenzar a operar y las condiciones de calidad existentes en el programa, lo cual corresponde, en teoría, al Consejo Nacional de Acreditación (CNA), creado por la ley 30 de 1992.

En principio, estas tareas deberían ser desarrolladas por el Ministerio a través de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) y el CNA como partes del Ministerio, por lo cual, la función de la Superintendencia sería absorber las tareas del Ministerio en materia de inspección, control y vigilancia en todos los niveles de la educación en el país, con una autonomía administrativa y financiera, y el CNA y CONACES pasarían a la Superintendencia. En definitiva, el MEN se desvanecería, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), desaparecería el CESU y renacería el antiguo ICFES, pero en esta ocasión tendría más funciones.

Como es evidente, esta iniciativa tiene grandes implicaciones para el Ministerio de Educación Nacional y para el actual ordenamiento del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Por lo tanto, es urgente e importante promover una discusión amplia, informada, serena y sólida en torno a ella para que el afán de novedades no comprometa el futuro de la calidad y la autonomía de las universidades.

Es urgente que la ministra de Educación Nacional, la Asociación Nacional de Universidades (ASCUN) y los medios de comunicación abran al debate sobre el tema, pues ponerlo sobre la palestra es una responsabilidad insoslayable.