El profesor universitario Felipe Cárdenas Támara Ph.D, hace un crudo análisis de cómo los modelos de acreditación en Colombia no son tan voluntarios como se dice, y en su parecer sacrifican la academia y la reflexión propia de la Universidad.
En Colombia, las instituciones de Educación Superior (IES) por mandatos legales son vigiladas y supervisadas a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) máxima autoridad educativa en el país.
La vida de las IES hoy no se puede entender sin la vigilancia y supervisión del Estado, tanto es así, que todos los lemas, marcas o sellos institucionales deben visibilizar la inspección que ejerce el MEN, en una suerte de obsesión por el control que no deja ser hasta risible: desde un pocillo promocional, un lápiz e incluso las presentaciones en PowerPoint que tengan la marca de una IES deben llevar un sello que de manera visible diga: <<Institución universitaria vigilada por el MEN>.
Esa simple marca es icónica de las contradicciones que hoy refieren el estado de la supuesta autonomía universitaria que existe en Colombia donde Leviatán, legitimado en la figura retórica del Estado Social de Derecho, controla, reglamenta y autoriza el funcionamiento de la IES, desde un contradictorio espíritu de autonomía universitaria, que como diría la emblemática obra de Marshall Berman: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, en este caso la autonomía universitaria, que en Colombia está más cercana a la sociedad liquida de Zygmunt Bauman y/o a las topologías de la violencia de Byung-Chul Han que al espíritu de la Constitución de 1991 y a las directrices de la Ley 115 de 1994.
La acreditación de alta calidad forma parte de los acuerdos que emite, y explican la formación y creación del Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Debe recordarse que la lógica de la acreditación tiene su origen en la expedición de la Ley 30 de 1992, la cual organizó el servicio público de la Educación Superior en Colombia. Es curioso que los procesos de acreditación en alta calidad no se remitan a la Ley 115 de 1994, o que esta ley no forme parte de la argumentación normativa que justifique la supervisión y vigilancia que realiza el MEN sobre las IES, en una contradictoria argumentación que impone la inspección y vigilancia por parte del MEN sobre todas las instituciones educativas del país. El Acuerdo 002 de 2020, por el cual se actualiza el modelo de acreditación de alta calidad afirma en su primer párrafo, que desde un análisis textual no deja de generar inquietudes y alertas cuando afirma retóricamente lo siguiente en relación con la educación superior:
<<… que es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado y, de conformidad con la Constitución Política de Colombia, garantiza la Autonomía Universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior>>.
Leyendo el párrafo citado, se pregunta uno: ¿cómo el Estado colombiano y la sociedad en general pueden conciliar los procesos de autonomía universitaria y la vigilancia y control por parte del Estado en las dinámicas propias de la acreditación en alta calidad de las IES? Para los académicos y científicos que hemos tenido que asumir esta política pública, la reacción intelectual y emocional a la voluntad del Estado soberano, se expresa a la luz de un sentimiento de pérdida de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, proceso progresivo que viene socavando el alma de las universidades. Acá hablo como académico con 30 años de experiencia y como profesor de planta que ha trabajado y colaborado con las principales y mejores universidades de Colombia, todas acreditadas, empezando por la Universidad de Los Andes, Universidad de La Sabana y terminando con la Universidad Nacional de Colombia.
La política pública se irradia de arriba hacia abajo, es decir estamos ante un paradigma vertical, que sigue reproduciendo vicios burocráticos y esquemas autoritarios, donde son los profesores y administrativos son los que tienen que poner, en su rol subordinado, en funcionamiento las directrices del Estado en procesos costosos en lo monetario, académico, intelectual y emocional. Los cálculos que he realizado hablan que un proceso de acreditación de un programa de posgrado le puede terminar costando a una universidad unos 150 millones de pesos por programa, e implica que uno o varios profesores tengan que destinar buena parte de su tiempo y energías a recolectar la información y organizarla en función de lo que solicitan los distintos modelos de acreditación que exige el CNA.
Las universidades tienen que montar costosas dependencias para responder a los requerimientos de la acreditación. Si las matriculas de una universidad tienen un costo de nueve millones promedio en los programas de posgrado, eso quiere decir que los precios totales de la acreditación tienen que financiarse con las matriculas de unos 17 estudiantes. Si se miran estas cifras con cuidado, los costos directos para poder garantizar un proceso de acreditación por programa, ante una disminución de las matrículas en tiempos de contracción de la economía mundial y nacional dada la pandemia de covid-19, pueden estar significando la desaparición del programa a corto o mediano plazo, ya que muchos programas, incluso acreditados, no cuentan con suficientes estudiantes en la actualidad en una dinámica nacional y mundial.
Comparativamente hablando, el sistema universitario en Colombia es muy débil si lo miramos en relación con las estructuras universitarias que tienen los países del primer mundo. Cuando una universidad colombiana, responsabiliza en uno o dos profesores el proceso de acreditación de uno de sus programas, en la práctica esto quiere decir, que uno de sus profesores de planta tiene que dedicarse durante mínimo 3 o 4 años a sacar adelante el proceso de acreditación. Su trayectoria académica e investigativa se ve absorbida por el “agujero negro” de los procesos de acreditación que son impuestos y para los cuales no hay ninguna posible discusión: es una orden del Estado y una orden que asume la institución universitaria que delega la tarea como principal responsabilidad en el director del programa o en el coordinador y en otras personas que acompañan el proceso, sin tener en cuenta las horas de reuniones que implica reunir a los profesores del programa para hablar del tema de la acreditación. Es engañoso decir que el proceso es voluntario, pues las normativas del Estado, condicionan la acreditación universitaria en el orden temporal, en el sentido de los tiempos que le da a la acreditación de toda la universidad, que puede ser de cuatro, seis, ocho, diez o doce años, y cuyos tiempos más prolongados, en términos de la acreditación de toda la IES en su conjunto, dependen directamente del porcentaje de programas internos que tengan las instituciones universitarias acreditados. Así las cosas, es un engaño el que se diga que el proceso de acreditación es voluntario. Por el contrario, está presionado por factores de mercado, prestigio y por la racionalidad dominante de las cuales las universidades colombianas no se pueden sustraer y que responde al paradigma de la sociedad del aprendizaje que está fuertemente influido por corrientes conductistas y economicistas que obligan como forma de supervivencia a que las universidades tengan que asumir las lógicas de la acreditación en el marco de los criterios y ciclos de la Calidad Total.
En la historia y tradición académica mundial, el cargo de director de programa lo asumía un académico con trayectoria en la vida universitaria y en el campo del saber de cada programa. La lógica de la acreditación rompe con esta tradición, pues ningún académico con trayectoria va a querer que le den esa responsabilidad, que en el fondo es fundamentalmente procedimental y que lo termina alejando de los temas de investigación propios a su formación e intereses. Con la lógica de la acreditación, el académico termina desbordado, incluso ante los muy bondadosos apoyos institucionales que le brinda su universidad para sacar adelante la tarea. Es un <<rito de paso sin fin>>, ya que el proceso de acreditación es permanente, nunca se acaba y la institución universitaria siempre tendrá que rendirle cuentas al MEN, en el contexto marcado por una lógica centrada “en la calidad del servicio” y supeditada a la renovación de sus registros calificados por los que las IES tienen que pagar y cancelarle de manera directa al MEN, cada 6 u 8 años, montos que llegan a los diez millones de pesos.
Así las cosas, las posibles IES emergentes que quieran constituirse y participar en el teatro educativo en Colombia, no tendrán mayores posibilidades de vida, pues el juego de constituir instituciones educativas implica un músculo financiero y unas capacidades administrativas que le cierran las posibilidades de construcción institucional a individuos, grupos o colectividades sociales, inhibiendo o frenando su posible participación y aportes en los dramas sociales de la educación.
Los académicos que asumen la tarea de la acreditación institucional, pasan a vivir un estado <<liminal>>, se ven obligados a vivir en el umbral de los no-lugares y a tener que asumir lógicas culturales que vienen de discursos dominantes de determinadas escuelas de la administración, el conductismo y la ingeniería, cuando en su formación son científicos sociales o humanistas. Contribuyen enormemente en el proceso, pero sus aportes argumentativos se diluyen en dinámicas dogmáticas y normativas que no son ni académicas ni científicas puesto que hay núcleos del proceso que no son discutibles: el proceso mismo, los esquemas que brinda el CNA, la calidad total, las competencias, la sociedad del aprendizaje, los resultados de aprendizaje, la coherencia curricular, los objetivos realistas, los juicios de valor, etc. De manera sutil y progresiva y con el consenso de los propios rectores, autoridades académicas y representantes de las universidades, tanto públicas como privadas, como le hemos escuchado decir a responsables del proceso: <<El Estado se nos metió en el rancho y dejamos que esto sucediera>> en una suerte de conquista ideológica que infiltró las universidades con lógicas que no son propias de la vida universitaria y que se explican como la irradiación de dispositivos de poder que “le terminaron dando todo al César” (Mateo 22, 15-21), y cuyo efecto final y proceder hacen dudoso que se pueda sostener que la autonomía universitaria y libertad de cátedra en Colombia hayan salido fortalecidas por la acción de las políticas sobre acreditación que se han impuesto en Colombia.
La Acreditación en Alta Calidad se justifica desde horizontes discursivos muy sofisticados, cuya lógica se fundamenta en la Constitución, leyes y normas, pero que su puesta en escena ha empobrecido el debate educativo en Colombia. El Estado ha impuesto, por la acción de los gobiernos de turno en los últimos 30 años, acompañados de los tecnócratas que rodean a los ministros, una apropiación de los espacios de la autonomía universitaria. Ha faltado debate y discusiones profundas sobre la materia. Los espacios de discusión no se pueden considerar como horizontales. Los ministros(as) terminan apropiándose sin mayor discusión de las ordenanzas que vienen de la OCDE, del Banco Mundial, y de la Unesco, etc. y presentándolas como si fueran construcciones propias del trabajo intelectual de los teóricos de la educación colombiana que contratan para darle el toque intelectual a los documentos que emanan del MEN. Hay que reconocer que, en Colombia, la educación no tiene una agenda propia y responde básicamente a los objetivos que definen otros actores internacionales.
¿Qué entiende el Acuerdo 002 en referencia a la cultura, la autonomía universitaria? ¿Qué se entiende por servicio público cultural? ¿Es el Estado o el MEN el responsable de definir los sentidos de lo cultural en un país pluricultural como Colombia tal como lo reconoce la Constitución de 1991?, ¿Quién se puede oponer a la calidad del servicio educativo? Pero finalmente, ¿quién o quiénes son los que definen que es la calidad en la educación? ¿No sería más sensato, más liberal, puesto que hasta donde me contaron, Colombia es un Estado Social de Derecho, cuya base es la democracia liberal, y no el estatismo socialista, que fuera la sociedad civil la que definiera los sentidos de la educación? Estoy convencido que es más sano que se dejara en la sociedad civil y sus instituciones educativas la definición de los contenidos y expresiones de la calidad educativa.
Estos interrogantes deberían suscitar una discusión y debate nacional, pues la sensación que sentimos los intelectuales orgánicos que hemos vivido procesos ligados a la lógica de la calidad total, es que los procesos de acreditación no tienen necesariamente, ni implican como condición sine qua non que la calidad educativa se mejore. Lo que, sí es evidente, es que la autonomía universitaria se ha desdibujado y se viene erosionando de manera dramática.
Por lo que se puede identificar, la imposición de los esquemas y prácticas de acreditación infantilizan a la academia. La obsesión por recoger datos, desenfoca a los académicos y a las propias IES de debates más profundos por el sentido de la educación en los campos disciplinares e interdisciplinares representados en el mundo universitario. La infantilización lleva a una sumisión nada saludable, donde el debate se pierde en el entramado burocrático con el que las IES tienen que responderle al MEN para formar parte de las instituciones acreditadas del país. En el fondo le tenemos miedo al debate, hoy inexistente pues los académicos sucumbieron a la participación política, por estar concentrados en la búsqueda de sus publicaciones en revistas Q1, donde en su gran mayoría no participan de debates políticos ni académicos.
Es una falacia y una contradicción lógica seguir hablando de autonomía universitaria y libertad de cátedra, cuando el Estado colombiano, rayando en el autoritarismo, quiere fijar las pautas (desde clichés “participativos, dialógicos, plurales”) para definir temas tan sensibles a la autonomía universitaria como la calidad curricular, ya sea desde macro currículo hasta el micro currículo. Vuelvo y repito: esta situación no es sana para la vida de la IES y no tiene ninguna continuidad ni conexión con el espíritu de la Constitución Política de Colombia, que ayudamos a construir los miles de estudiantes universitarios que salimos a las calles a repartir la llamada séptima papeleta que daría origen a la Asamblea Nacional Constituyente, en las elecciones del 11 de marzo de 1990. A pesar de que se use como muletilla discursiva en los textos sobre acreditación la frase que afirma que están en “conformidad con la Constitución Política de Colombia”, la autonomía universitaria hoy es una figura retórica, sujeta y condicionada a los procedimientos para la acreditación en alta calidad fijados por el MEN-CNA y legitimados con el concurso y participación de la academia colombiana, en un proceso que merece mucha atención y mayores niveles de investigación del mismo por parte de la academia. En lo referente a la autonomía universitaria, el proceso de acreditación desde nuestro humilde universo perceptivo, ha distorsionado profundamente los sentidos de la noción de Estado Social de Derecho consagrados en la Constitución del 1991 y está amenazando seriamente la autonomía universitaria.
Todo el entramado institucional y burocrático que se ha armado en torno a la Acreditación en Alta Calidad viene ejerciendo violencia simbólica y epistémica y hasta física en la vida universitaria y en los desarrollos autónomos de las diversas disciplinas científicas, académicas y humanísticas que en el escenario actual son mangoneadas por esquemas burocráticos que en el fondo no contribuyen en nada a la generación de conocimiento científico.
El efecto de los macros poderes estatales y de su absorción en los micros poderes de la IES, se traducen en pautas de comportamiento sumiso, acrítico y obediente de la masa intelectual del país que debería estar estudiando seriamente y con carácter la realidad de Colombia y del mundo desde los propios marcos teóricos que constituyen los universos disciplinares e interdisciplinares para los que nos hemos formado, ya sea en calidad de ingenieros, matemáticos, biólogos, antropólogos, sociólogos… Ahora lo que vemos es a ingenieros, antropólogos, o viceversa, definiéndole y exigiéndole las “competencias”, “los resultados de aprendizaje” o las técnicas didácticas que a mi entender como antropólogo o ingeniero debe tener un filósofo o un matemático. No estoy excluyendo el diálogo interdisciplinar y su importancia, lo que sí denuncio es el mangoneo de las ciencias naturales sobre las humanidades o de las humanidades, ciencias administrativas y del aprendizaje sobre los campos del saber de las ciencias sociales, físicas, naturales o/y exactas. O la imposición de una lógica administrativa sobre las lógicas académicas o el desconocimiento del valor de los procesos administrativos por parte de los académicos. Hasta donde sé, estas tensiones nadie las viene estudiando.
Si el cuerpo social colombiano es extremadamente diverso, como la reconoce nuestra propia Constitución, el Estado Social de Derecho colombiano, en este caso el MEN, como personificación institucional del espíritu del Estado en acción en lo educativo, debe de leer y ofrecer un sistema de acreditación capaz de fomentar la autonomía universitaria, haciendo sencillo su contacto como autoridad máxima autoridad educativa con ese mundo que quiere controlar; en suma respetar uno de los más poderosos símbolos que tenemos para pensar la realidad y dinámicas de transformación social. Ese símbolo son los sistemas educativos, hoy asfixiados por el estatismo del MEN.
La dimensión social de los procesos de acreditación debería estar definida por el propio sistema social, del cual el Estado es un cuerpo importante, en el ordenamiento político de la sociedad, Ahora, hay que recordarle a esta autoridad, que en el horizonte de los argumentos sociales y políticos, su vida no es la de un símbolo natural; el Estado es un artilugio social construido por las tensiones históricas, por la guerra, la conquista y el aniquilamiento cultural que ejercen los vencedores sobre los vencidos. A diferencia de la educación en tanto práctica social universal, es decir, como símbolo natural que antecede al Estado en tanto procesos de socialización y endoculturación, su autoridad está dada en los Estados modernos por convención jurídica y no ontológica. Consecuentemente, los sentidos más altos y profundos de la educación no le pertenecen ni pueden ser objeto de discusión o apropiación por parte del Estado; entonces, como institución social, el Estado, debe cuidarse de no caer en el autoritarismo y en un posible totalitarismo que puede terminar jalonando las agendas ideológicas de quienes tengan en sus manos el poder del Estado y violentando las libertades personales, institucionales y gremiales. Ya lo vivimos con las cartillas de Educación sexual de la ministra Gina Parody durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y lo vivimos a diario en la expresión de la dudosa categoría de las competencias ciudadanas, que como lo hemos intuido nada tienen que ver con la teoría educativa.
El problema radica en que el MEN y el CNA son los que vienen definiendo los elementos de los procesos que marcan y definen un proceso de acreditación en alta calidad. Podrían argumentar los actores del Sistema Nacional de Acreditación que los diversos acuerdos que ha generado el CNA cuentan con la participación de los representantes de la IES, lo cual es parcialmente cierto, reconociendo la enorme calidad y méritos de quienes ha participado en el CNA, sin embargo, la representación es parcial, puesto que no todos los actores del sistema están personalizados, por ejemplo, el cuerpo profesoral-no directivo es inexistente en quienes firman los acuerdos del CNA, y donde paradójicamente son los que asumen las tareas de la implementación de la política pública. Dado que el tema es extremadamente complejo, y en el fondo tiene que ver con los significados sobre la noción de Estado Social de Derecho, como con el propio sentido del diseño institucional del Estado, invito a reflexionar sobre los dramas sociales que está implicando la acreditación institucional en Colombia. Mi hipótesis de trabajo se refiere a la pérdida de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, dadas las exigencias de información y datos que se exigen y que saturan la vida académica en este momento en Colombia.
Termino la reflexión con las siguientes preguntas que respetuosamente dirijo a la ministra de Educación y a los miembros del CNA:
¿Cómo potenciar y respetar la autonomía universitaria en todos los niveles del proceso de acreditación, siguiendo la norma y aumentando la riqueza de modelos propios de acreditación por parte de las IES del país? Hoy el acatamiento acrítico del proceso de acreditación va a implicar la desestructuración de las IES a mediano y largo plazo o a la transformación de estas en una suerte de Centros de aprendizaje conductual tercerizados, sin ningún peso humanista, y alejados del ocio-creativo y productivo que está en la base de la fortaleza de la reflexión intelectual de lo mejor que nos ha legado el occidente de raíces greco romanas y judeo-cristianas).
¿Cómo destacar desde el modelo dado por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación, cuya lógica profunda es la estandarización de los procesos académicos y educativos, las particularidades (sus huellas de sentido) propias de cada institución de educación superior, de los programas que se acreditan, cómo del universo cultural, y regional del país en sus referencias al subsistema de la educación? ¿Es esto posible en el nuevo Acuerdo 02 de 2020, particularmente en los tiempos de pandemia que vive el mundo, y que deben de invitarnos a todos a simplificar los esquemas burocráticos y no a complejizarlos, tal como ha sucedido en las nuevas ordenanzas del CNA?
¿Cómo conciliar la tensión entre los estándares y la diversidad de enfoques sobre los procesos de acreditación desde un espíritu educativo y académico que respete la autonomía universitaria y la libertad de cátedra en sociedades complejas como la colombiana, marcadas por el conflicto, ignorancia, el distanciamiento social y psíquico impuesto, como la corrupción, inoperancia y la violencia del Estado?
Es curioso que, en tiempos de Pandemia, el CNA y el MEN, aumenten los requerimientos para la acreditación, complejicen el modelo de acreditación, los parámetros, los factores y los indicadores, encareciendo con ello los costos del proceso para las IES, sin partir de estudios científicos que evalúen la política de acreditación instaurada en el país hace ya casi 30 años. Respetuosamente, esta reflexión forma parte de mis aprendizajes y mis humildes contribuciones como intelectual atrapado en los laberintos de la sociedad del aprendizaje y que junto a miles de profesores podríamos trabajar en la simplificación de los modelos de acreditación para que la educación esté en función de lograr los más altos fines de la existencia humana.
