Una reflexión atrevida y alevosa sobre el final de la Autonomía Universitaria: Hernando Bernal Alarcón

Una reflexión atrevida y alevosa sobre el final de la Autonomía Universitaria: Hernando Bernal Alarcón

Agosto/24 Sobre decisiones políticas recientes que afectan la autonomía , Bernal Alarcón, advierte que en Colombia la progresiva disminución de la voluntad de autonomía se ha dado históricamente, no solo por los gobiernos sino también por la claudicación de la dirección universitaria. 

 Cuando el bebé humano está llegando a su primer año de edad, desea explorar el mundo y se motiva para dar sus primeros pasos. Entonces comienza su comportamiento autónomo. Los papás se preocupan porque principia a correr nuevos peligros y es preciso controlarlo, vigilarlo y ayudarlo. Unos obran con excesivo “paternalismo” y no solo no le quitan el ojo de encima sino que quieren restringir su voluntad de movimiento y exploración. Otros ejercen su paternidad y su maternidad, sin perder su vigilancia, pero apoyando su voluntad de movimiento y de acción, es decir potenciando la autonomía que principia a ejercer el niño en su desarrollo individual e independiente. Es decir la diferencia entre “paternalismo o maternalismo” y “paternidad / maternidad” radica en el reconocimiento de la “voluntad de autonomía” intrínseca a la naturaleza del ser humano.

Esta parábola nos permite aplicar este ejemplo a las organizaciones, y es útil para definir lo que se entiende por autonomía universitaria. Cuando en su sentido profundo una Universidad ejerce con responsabilidad y transparencia las obligaciones que le corresponden por su naturaleza educativa, dentro de la definición de su Misión y en el marco de la visión que tenga para su propio desarrollo, podemos afirmar simplemente que está ejerciendo su propia autonomía. La autonomía universitaria es simplemente el resultado de la capacidad que tienen la universidad de autorregularse, es decir de ejercer, administrar, vigilar y controlar permanentemente sus actividades y de utilizar sus recursos humanos, financieros y físicos para orientarlos al cumplimiento de los objetivos educacionales y sociales que debe cumplir para la producción, transferencia y apropiación de los conocimientos propios de las profesiones ofrecidas en su oferta educativa. La gestión de los gobiernos, en el ejercicio constitucional de la función de “inspección y vigilancia”, es la de reconocer dicha autonomía – no de concederla -, pero sí de vigilar y exigir su cumplimiento.

La dinámica de la autonomía depende de la voluntad de ejercerla con claridad y honestidad por parte del sujeto u organización autónoma, y del reconocimiento de la misma por parte de la autoridad competente, sea el caso de los padres para el niño o de los Gobiernos para las Universidades. Desde la posición de autoridad se puede caer en el “autoritarismo” que es una tendencia muy profunda y propia de quienes sustentan un poder que pretenden “absoluto”; y, desde la posición o actitud del sujeto que se supone autónomo la voluntad de ceder, disminuir o resignar dicha autonomía, en virtud del “facilismo” que significa no obrar con plena responsabilidad. Facilismo y autoritarismo van cogidos de la mano. Es decir, cuando la autonomía no se ejerce se pierde la razón para la misma.

Y esta ha sido la tendencia que ha predominado en el proceso histórico que hemos vivido desde mediados del siglo pasado. La progresiva disminución de la voluntad de autonomía se ha dado históricamente. Con posterioridad a la dictadura de Rojas Pinilla el gobierno nacional reconoció la autonomía plena de la Universidad Colombiana para darse su propia reglamentación, definir sus programas de formación profesional y las formas de evaluación, elegir sus directivas y manejar sus presupuestos. Con la creación del ICFES en 1968, en razón de la reforma del Estado, la Universidad perdió la posibilidad del manejo presupuestal y quedó bajo una supervisión más amplia del gobierno en sus procedimientos académicos, administrativos y financieros.  Con la emisión del Decreto Ley 80 de 1980, la Universidad quedó reducida a una categoría más entre las múltiples instituciones a cargo de la Educación Superior, si bien dicha categoría en alguna forma era reconocida como preferencial. Como resultado de la aplicación de la Ley 30 de 1992 se aceptó que el reconocimiento de Universidad era solo función del Estado y que el procedimiento para conseguirlo en plenitud, aunque siempre temporal, se realizaba solo mediante el denominado proceso de acreditación tanto para los programas como para las instituciones. En la creación del Viceministerio de Educación, a comienzos del Siglo XXI, se estableció que el garante de la formación profesional es solo el Estado mediante los procesos de Aseguramiento de la Calidad a cargo del Ministerio de Educación, en un ambiente de desconfianza que no se ha podido superar. Hacia el año 2015, mediante el epíteto de educación terciaria, se introdujo el concepto de homologación de la Universidad como un simple estadio más de la educación superior, no diferenciado de los demás sectores y agentes que la puedan ofrecer y administrar, si bien un tanto devaluado en su concepción original. Y finalmente para el año 2024 el Gobierno pretende asumir la total responsabilidad y manejo de las instituciones, para convertirlas mediante una ficción “constituyente” en solo cajas de resonancia de su orientación ideológica.

Es el fin de la autonomía universitaria y por lo tanto de la Universidad en su cualidad esencial de formación para el cultivo del conocimiento y de búsqueda de la verdad y por lo tanto en su función de conciencia crítica e innovadora de la sociedad.

Es por parte de la dirección universitaria también la claudicación total a la voluntad de autonomía, no sin que medien razones pragmáticas y profundas en razón de la monetarización de la formación profesional por los costos crecientes e imparables, y también por la mercantilización radical de las profesiones producto de la globalización y de las nuevas realidades políticas.

ES DECIR: ES EL FIN DE LA UNIVERSIDAD EN SU ACEPCION MÁS AMPLIA. Y esto es COMÚN para todas las instituciones que sustentan dicho título, sean del sector privado o del sector gubernamental.

PERO LA BUENA NOTICIA ES QUE VAMOS A TENER MAS EDUCACION SUPERIOR PROFESIONALIZANTE, así no tengamos real y plena universidad. Ya existe la promesa de cien edificios más, en diferentes poblaciones del país…

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