El analista universitario y vicerrector académico de la Corp. Univ. Republicana, Alejandro Castillo Rivas, hace un recuento de los procesos de políticas públicas y los aspectos destacados del Acuerdo por lo Superior 2034.
En dialogo con un grupo de estudiantes sobre la Educación Superior Colombiana me preguntaban recientemente, cuándo comenzará a regir la nueva política de educación superior propuesta por el CESU, en el momento percibí la confusión sobre la propuesta de una Política Pública y un marco normativo en estricto sentido, que se expresa a través de leyes, decretos y directrices procedimentales.
Al respecto es oportuno resaltar que el documento del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) titulado “Acuerdo por lo Superior 2034: Propuesta de Política Pública de la Educación Superior en Colombina en el Escenario de la Paz”, como su nombre lo indica es un marco de orientaciones sugerentes para darle un mejor rumbo a la educación terciaria, que nace como alternativa a la nefasta reforma a la Ley 30 de 1992, presentada por el Presidente de la Republica y la Ministra de Educación Nacional en marzo del año 2011 al Congreso Nacional, para su estudio, debate y aprobación, la cual generó la movilización de diferentes sectores sociales.
Es importante recordar el debate y movilización en contra de la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992, al respecto elabore el artículo “Dos Décadas de Intervencionismo en la Educación Superior Colombiana”, publicado el 9 de mayo de 2011 en el Observatorio de la Universidad Colombiana, dicha propuesta de reforma de Ley fue retirada en buena hora del Congreso por el gobierno, acogiendo la bandera de dar un debate nacional que garantizara la participación de la comunidad académica, los estamentos, las instituciones de educación superior públicas y privadas, los gremios, asociaciones académicas y la sociedad en general, recogiendo la iniciativa de construir una propuesta de política pública sobre la educación superior, iniciativa que la Asociación Colombiana de Universidades- ASCUN- lideró.
Pues bien en ese marco de propuestas y agitación, el Gobierno Nacional le asignó al Consejo Nacional de Educación Superior –CESU- como máxima instancia colegiada creado por la Ley 30 de 1992, la tarea de dirigir y coordinar la elaboración de una propuesta de Política Pública para el sector terciario de la educación, que recogiera el mayor consenso y que le permitiera al Gobierno subsanar, las principales críticas a la iniciativa de reforma de la Ley 30, pero además ganando mayor respaldo de las mismas universidades, de los estamentos y la comunidad universitaria.
Sumado a lo anterior, en diciembre del año 2012 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Banco Mundial (BM), entregó al Ministerio Nacional un documento evaluativo de la Educación Superior en Colombia, donde se hace un diagnóstico riguroso de la calidad, pertinencia, impacto nacional e internacional, investigación, cobertura, financiación, políticas y estructura, entre otros aspectos, de manera comparativa con la educación terciaria de América Latina, Europa, Asia y Norteamérica, destacando los avances y logros en las últimas dos décadas, pero así mismo resaltando las limitaciones y debilidades, sugiriendo estrategias y correctivos para alcanzar las metas y los retos que debe cumplir el País en materia de educación, como parte de los requisitos de la a la OCDE para que Colombia sea admitida a esta organización.
Para muchos estudiosos de la educación y en particular de la llamada educación terciaria por los miembros de la OCDE, como el Doctor José Fernando Isaza Delgado ex presidente de ASCUN, ex -rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ex presidente de la Mazda en Colombia, Ingeniero Eléctrico, magister en Física Teórica de la Universidad Nacional de Colombia y en matemáticas de la Universidad de Estrasburgo Francia, columnista semanal del periódico El Espectador, en su columna del pasado 13 de agosto reflexionó sobre la propuesta de Acuerdo por lo Superior 2034, destacando el aporte profundo del filósofo y pedagogo francés Edgar Morín, prologuista del documento de políticas para la educación superior, propuesto por el CESU del mes de agosto de 2014, prólogo titulado “La Finalidad del Proceso Educativo o la Religación Ética del Sistema”, que para muchos como reflexión educativa es lo mejor de dicho documento.
Al respecto recordemos que en el año 1994 la llamada misión de sabios entrego el documento “Colombia: Al Filo de la Oportunidad”, posiblemente uno de los mejores diagnóstico prospectivo de la educación, trabajo que la Presidencia de la Republica de ese entonces le asignó a un grupo selecto de expertos académicos colombianos entre los que estaban: Gabriel García Márquez, Eduardo Aldana Valdez, Luis Fernando Chavarro Osorio, Rodrigo Gutiérrez Duque, Rodolfo Llinás Riascos, Marco Palacios Rozo, Manuel Elkin Patarrollo, Eduardo Posada Flórez, Angela Restrepo Moreno, Carlos Eduardo Vasco, todos insignes colombianos de las letras y las ciencias, que bien vale la pena que las nuevas generaciones los conozcan.
Destaco la proclama “Por un País al Alcance de los Niños” incorporada en el documento de la Misión de Sabios a manera de prólogo metafórico, que con pinceladas de esperanza narra quienes somos y de dónde venimos los colombianos, pensando en los jóvenes y niños, es una pieza literaria magistral de Gabriel García Márquez, que deberíamos divulgar entre nuestros estudiantes para apreciar el buen escribir y nuestra naturaleza compleja.
Sin embargo, el análisis formulado para la educación, la ciencia y la tecnología colombiana por la misión de sabios, posiblemente lo mejor elaborado como estudio diagnóstico y estrategias prospectivas sectoriales, no han sido atendidas como prioridad de Estado, prioridad que no ha estado presente en la dirigencia política y empresarial de nuestro país, como lo demostró de manera contundente el historiador Jaime Jaramillo Uribe en su obra la Historia de la Educación en Colombia, del Virreinato de la Nueva Granada al Siglo XX, publicado en el Tomo III del Manual de Historia de Colombia de Colcultura en 1978, demostrando que un sello característico de nuestra educación ha sido su naturaleza excluyente, elitista y clerical.
Pero como afirmaba mi viejo maestro de filosofía en la Universidad Nacional de Colombia Rafael Carillo, “las circunstancias sociales e históricas, la fuerza de la naturaleza y la razón, sumado a las cualidades de los individuos, indican que la actualidad no será la misma que el pasado”; por ello, guardo optimismo, respecto a que el documento propuesto por el CESU de políticas públicas para la educación superior en el horizonte del 2034, entregado al Señor Presidente de la Republica en el presente mes de agosto de 2014, no quede en los anaqueles como el referido documento de la misión de sabios, como estudio de referencia académica y remembranza de expertos.
Mi optimismo se funda, no en la credibilidad del compromiso con la EDUCACIÓN de nuestra dirigencia política, en cuanto autonomía y voluntad para a sumirla como prioridad de Estado, más allá de la retórica proselitista, por el contrario me aferro más a las recomendaciones de la OCDE y el BM, en la medida que éstas se imponen como fuerza externa en las políticas y los planes sectoriales de Planeación Nacional y CONPES, así como en el Presupuesto Nacional, lo que se visualiza en ajustes y normas para la educación, como lo hemos vivido en las dos últimas décadas, con la expansión de la cobertura y los esfuerzos tenues por mejorar la calidad y la financiación de la educación superior.
No sería justo dejar de resaltar algunos de los aportes del documento de propuestas de políticas públicas denominado por el CESU Acuerdo por lo Superior 2034, más allá del prólogo de Edgar Morín, en cuanto a la actualizada información estadística sobre la educación superior, además de la síntesis diagnostica y comparativa de los avances y las limitaciones de la educación terciaria colombiana, que a decir verdad es un esfuerzo de muchos expertos y funcionarios por dar cuenta del estado del arte de sus problemas y retos.
En este sentido, el documento de políticas propuesto por el CESU, supuestamente marca el sendero y las estrategias para la Educación Superior Colombiana en un horizonte prospectivo de 20 años, lo cual será útil como referente y marco indicativo para los planes de desarrollo de las institucionales de educación superior, que entre otras muchas ya están en desarrollo como por ejemplo el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Educación Superior, cuyas bondades y limitaciones están sufrientemente identificadas, pero los correctivos han sido lentos y en algunos casos no los más afortunados, lo mismo podríamos decir del Sistema Nacional de Acreditación, así como del Sistema de Evaluación dirigido desde el ICFES o el de Financiación del ICCETEX, todo lo cual está en proceso de mejoramiento, con muchos altibajos.
En contraste con lo anterior, los problemas esenciales de la educación superior, siguen vigentes y en algunos casos agravándose, como son: la financiación de las universidades públicas y privadas; la estructura organizativa del sistema; las rupturas con el sector externo nacional e internacional; la escasa investigación en ciencia y tecnología; la debilidad de las comunidades académicas; la dignificación de la profesión docente; la tímida movilidad internacional y el bilingüismo; las limitaciones de la infraestructura física y tecnológica de muchas instituciones públicas y privadas; la prevalencia de enfoques profesionalitas e instruccionista en la formación de profesionales; la carencia de directivos universitarios formados en gestión académica y administrativa de alto nivel; el desprecio histórico de la clase política y la dirigencia de Colombia por la educación como prioridad de Estado, sumado todo ello a la penetración del clientelismo y la corrupción, donde las instituciones de educación superior se convierten en cuota de políticos y gamonales regionales, amén de la enorme brecha o rezago de la educación en las provincias y sectores rurales, en donde a todos los factores anteriores se suma el conflicto armado.
Los anteriores puntos crónicos, difícilmente se pueden transformar sin cambios sustanciales, más aun cuando persiste la desarticulación estructural de los diferentes niveles de la educación, básica primaria, secundaria y terciaria, qué no decir de la ruptura entre la educación formal y la educación para el trabajo, sumado a la demanda por las carreras tradicionales y marginamiento social de las profesiones técnicas y tecnológicas.
Sin lugar a dudas en este campo de expansión es donde más ha incidido el SENA con su oferta masiva de programas tecnológicos, ampliando la cobertura y el acceso a la educación superior en más de 400. 000 estudiantes del total de 543. 804 que tenía esta modalidad tecnológica en el año 2012, convirtiéndose en el mayor factor de crecimiento de cobertura del sector terciario en Colombia, como lo reportan lo datos estadístico del documento propuesto Acuerdo por lo Superior 2034, en la medida que el crecimiento de la matrícula en las universidades públicas y privadas ha sido conservador entre los años 2005 y 2013, es loable que miles de colombianos de bajos recursos económicos hayan tenido acceso a los programas técnicos y tecnológicos del SENA, lo cuestionado ha sido su calidad y pertinencia, en la medida que la vocación y naturaleza de esta importante institución creada a finales de la década del cincuenta del siglo XX, fue pensada para la capacitación, perfeccionamiento y adiestramiento de los trabajadores y empleados que demandara el sector empresarial en el campo de los servicios y la producción de medios materiales, como bien lo analiza el profesor Víctor Manuel Gómez de la Universidad Nacional.
El documento del CESU anuncia el interés del gobierno de articular la educación para el trabajo con el nivel terciario de la educación, de tal manera que aumente la cobertura estimada en más de 700.000 estudiantes. Recordemos que la educación para el trabajo son los cursos, diplomados o programas de capacitación, actualización o perfeccionamiento que no conducen a título profesional, se certifican por entidades autorizadas por las secretarias de educación o por las mismas instituciones de educación superior o el SENA, antes se llamaba educación no formal.
Esta iniciativa de marcado corte expansionista, nos recuerda el Decreto Ley 80 de 1980, por el cual se organizaba la educación Post-Secundaria, el permitió el tránsito acelerado de institutos y centros de educación no formal a instituciones de educación superior, lo que contribuyó al surgimiento de la tipología de instituciones denominadas: Intermedias Profesionales, Tecnológicas, Universitarias y Universidades, lo que actualmente se mantiene por fuerza de la Ley 30 de 1992, clasificándolas como: Universidades, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales, que por su origen pueden ser públicas o privadas, posteriormente la Ley 749 de 2002, crea nuevamente las Instituciones Tecnológicas. El total de Instituciones de Educación Superior es de 286.
Como corolario de lo anterior sugiero respetuosamente que la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, las principales asociaciones académicas del país y gremios de los estamentos, establezcan un dialogo con el gobierno nacional y líderes de los diferentes partidos políticos, para que a la par que se avanza en los diálogos por la paz en la Habana, se constituya una mesa de dialogo por la educación nacional, en el cual estén como garantes las organizaciones internacionales más destacas de la cultura, la ciencia, la tecnología y la educación, reconocidas por la UNESCO, donde se busque unir la voluntad de los diferentes sectores sociales, económicos, políticos , religiosos y académicos en un acuerdo por la PAZ y la EDUCACIÓN como prioridad de la nación y el pueblo colombiano, de lo contrario continuaremos viendo el bochornoso espectáculo de remiendos de ley de educación que se llevan al Parlamento, que en la mayoría de los casos buscan satisfacer intereses personales o grupales, pero que no responden a la esencia del problema; un acuerdo que se concrete en decisiones estratégicas que democraticen la calidad y el acceso a la educación con justicia y equidad, reflejado en políticas de Estado, planes y presupuestos asignados que cubran las necesidades educativas en todo el país y demuestren que le apostamos a la educación como uno de los pilares sobre los cuales se construirá una paz más allá del silencio de los fusiles.
