Feb 27/25 Una vez más, por enésima ocasión, surge el debate, irresuelto, sobre cómo actuar frente a las acciones de violencia y terrorismo (sean o no de estudiantes) en los campus de las universidades públicas, tras un cruce de mensajes entre la Alcaldía de Bogotá y los rectores de sus universidades públicas.
A raíz de diversas afectaciones al orden público y la movilidad de la ciudad ocurridos en los últimos días, en los que encapuchados, al parecer allegados a estos centros educativos, aprovecharan los campus para esconderse o preparar, desde allí, sus acciones terroristas y dañar acciones de Transmilenio, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, fue crítico con la actitud de las directivas de las universidades.
“Realmente notamos una gran indolencia en los directivos de esos centros universitarios que dan vía libre al funcionamiento de estos criminales y a su articulación. Todos adentro saben dónde articulan las bombas incendiarias y los artefactos explosivos, todos adentro saben dónde ponen las armas blancas”, aseguró Restrepo, quien fue enfático al calificar a estos individuos como “criminales” y no como “manifestantes pacíficos”.
La declaración generó molestia de los rectores de las universidades Nacional de Colombia (Leopoldo Múnera Ruiz), Pedagógica Nacional (Helberth Choachí González) y Distrital (Giovanny Tarazona Bermúdez), quienes emitieron un comunicado en el que señalan que “dichas declaraciones son contrarias a la vida académica, ponen en riesgo a la comunidad y afectan a nuestros campus y entornos”.
También dicen que “trabajamos para que las universidades sean territorios de paz”, y que “dentro de sus funciones no se incluyen actividades policiales o judiciales”, y se oponen a que los campus sean vistos como focos de violencia.
Para Múnera “las universidades son escenarios para la reflexión y la transformación social; dentro de sus funciones no se incluyen actividades policiales o judiciales”.
Mucha reflexión y poca acción
Y entonces, una vez más, surgió el debate sobre si los campus universitarios son centros de protección de vándalos, sobre si permitir el ingreso de las autoridades ayuda a controlar o, lo contrario, a aumentar la violencia, si la autonomía universitaria es lo suficientemente sagrada para impedir que la fuerza pública ingrese a sus campus, o si la seguridad y la protección de la ciudadanía está por encima de la autonomía.
La situación también plantea la duda sobre si las universidades públicas deben seguir actuando en campus con muros y rejas o si, por el contrario, como la universidad es de toda la sociedad, estos deberían desaparecer.
Lo claro es que en medio de las acusaciones, las posiciones políticas, la sensibilidad de los rectores y los sentimientos de ser o no víctimas, segura -y tristemente- este debate pasará la página en próximos días, mientras que llega otro lamentable suceso de violencia, y ni la sociedad ni sus gobiernos ni las universidades ni sus rectores son capaces de sentarse a la mesa, comprometerse activamente y tomar una decisión radical y definitiva al respecto.
