Mayo 28/22 Por una denuncia anónima, Contraloría pidió al rector Pablo Vera, suspender al vicerrector y otro funcionario, por supuesta irregularidad en la supervisión de un contrato de 2018.
La Contraloría General del Departamento del Magdalena pidió a Vera (foto) suspender, mientras se resuelve la investigación fiscal, a Jaime Noguera Serrano, vicerrector administrativo, y Wilberto Santos Galvis, jefe de Servicios Generales, quien fungió como supervisor del contrato que se investiga, consistente en la prestación del servicio de aseo en la Universidad.
El hecho investigado, denunciado mediante un anónimo, tiene que ver con el contrato un contrato, para el suministro de aseo, cafetería y servicios generales, suscrito para el período 2018-2020 con el objeto de prestar el servicio de aseo en la Universidad y sus diferentes sedes por valor de $5.430.968.594, según la universidad, y de siete mil millones según la Contraloría. El acuerdo se firmó con la empresa Servicios Globales SAS, cuyo representante legal, Víctor Hugo Vega Forero, también está siendo investigado.
En un pronunciamiento oficial, el rector Pablo Vera Salazar se mostró “respetuoso de la norma” y anunció que ya se están realizando los estudios jurídicos para proyectar los actos administrativos correspondientes que separan de sus cargos a los dos funcionarios, mientras se adelanta la respectiva investigación.
La investigación se adelanta, no obstante el contrato se ejecutó a cabalidad, tal y como lo ha indicado la propia Universidad.
Vera aclaró que, de todos modos, “la universidad detectó que se falsificaron los pagos de seguridad social de algunos trabajadores, y la Universidad decidió retener los últimos pagos y pagar de manera directa a los trabajadores”.
“Se le puede consultar (a los contratistas) a quienes se les cumplió y se les pagó. Evidentemente hay una reclamación y una sanción administrativa que empezó la propia Universidad contra el contratista, precisamente por este incumplimiento. No obstante, debo aclarar, no se perdió ningún recurso y no existe ningún tipo de detrimento patrimonial”.
Los funcionarios investigador tienen más de 20 años de servicio en la Universidad, y están vinculados desde el período como exrector del hoy gobernador Carlos Caicedo Omar.
