Unincca, de mal en peor. ¿Y Mineducación? Callado

Enero 28/19 La imagen invita a la subasta pública de las instalaciones de los laboratorios de alimentos y mecánica de la U. Incca de Colombia, en Puente Aranda (Bogotá) y es uno de los muchos síntomas del desangre financiero de esta IES, advertidos desde hace mucho, pero sobre los cuales el Estado y los grandes medios han pasado agachados.

La Universidad Incca de Colombia sigue comprometiendo el patrimonio que le queda para responder por las obligaciones financieras derivadas de errores históricos en su administración, caida de la demanda de sus programas y líos laborales, entre otros.

El dinero que puedan obtener de la venta de este inmueble difícilmente puede cubrir el pasivo laboral de la Universidad.

Aún el Ministerio de Trabajo no resuelve la solicitud de hace más de un año que hizo la Universidad para poder despedir cerca de 130 empleados. A los docentes y administrativos que le quedan (pues muchas áreas estratégicas del servicio educativo ya no están cubiertas) les deben varios meses (en algunos casos un semestre) de salarios, y las entidades del Sistema de Protección de Salud ya han urgido a la Unidad de Pensiones y Parafiscales, del Ministerio de Hacienda, para que pida a la Universidad que cumpla sus obligaciones. Los trabajadores regresaron a labores de nuevo año sin seguridad social.

La situación también es muy delicada con proveedores, a muchos de los cuales se les deben varios meses y otros han comenzado a suspenderles servicios.

Esto ha venido siendo denunciado recurrentemente por este Observatorio desde hace más de dos años, incluso antes que el propio Ministerio de Educación levantara las medidas que tenía sobre la Incca, en una polémica y aún incomprensible actuación.

La Universidad se encuentra sufriendo para que tenga un importante número de estudiantes nuevos, pero las cifras de matrícula no son alentadoras. Los docentes de planta cada vez son menos y el crecimiento en calidad no se ha visto.

Las directivas de la Universidad (María Solita Quijano -presidenta- y Carolina Villamizar -rectora) han atribuido la situación a la anterior administración (de hace ya más de cinco años) y al sindicato que representa un pequeño número de empleados, y que el año pasado le ganó dos litigios ante el Ministerio de Trabajo.

Si Mintrabajo autoriza el despido masivo, la Universidad difícilmente podrá cumplir sus compromisos financieros, y si lo logra, entonces surge la duda de cómo va a atender la actividad académica de la Institución, mucho más en momentos en los que espera crecer con la intención de tener nuevos registros calificados, además de que el Ministerio aún no les ha renovado algunos registros calificados, con lo que tampoco han podido ofertarlos.