Abril/24 La actual crisis de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) es una consecuencia directa de la tradicional gobernanza burocrático-dictatorial que históricamente la ha agobiado, señala Acosta, Ph.D. profesor Facultad de Medicina de la UNAL. Investigador Emérito de Minciencias
Las universidades son centros de debate y análisis crítico donde profesores(as) y estudiantes cuestionan el orden social y político, para lo cual la libertad de expresión y de investigación y la autonomía académica individual e institucional son fundamentales. Las universidades sirven como centros de activismo social, donde los estudiantes, profesores(as) y personal administrativo se movilizan para defender la justicia social, la equidad, los valores democráticos y los derechos humanos.
Pero si bien las universidades pueden desafiar y criticar la ideología dominante en la sociedad, de manera inadvertida o no intencionada pueden contribuir a la reproducción de normas, prácticas y estructuras institucionales que reflejen y perpetúen la ideología dominante. La educación es también un instrumento de legitimación del sistema social, político y económico vigente en una sociedad. Es un medio de control social que fomenta el respeto al orden jurídico-político y a las instituciones imperantes.
Si bien la universidad enseña y genera conocimiento, no es menos cierto que el conocimiento sirve a las élites o clases dominantes, aunque muchas veces nutre la crítica y el desafío a estas élites. La universidad legitima el statu quo, pero también reclama independencia y autonomía frente al establecimiento. En su relación con el poder y la autoridad, ha sido instrumental a ellos, pero también ha encarnado su más aguda crítica.
La búsqueda de una gobernanza democrática
Los reclamos del movimiento estudiantil por expresiones democráticas ciertas y efectivas al interior de las universidades generalmente se han visto íntimamente entrelazados con las incesantes batallas contra las desigualdades sociales arraigadas en las naciones menos desarrolladas. Los estudiantes han presionado a los gobiernos para implementar reformas políticas orientadas a fortalecer y promover la transparencia, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos. Han sido activos en enfrentar el autoritarismo, los gobiernos opresores y las prácticas antidemocráticas.
La intensa búsqueda del movimiento estudiantil por incrementar la financiación para la universidad pública ha señalado un promisorio camino hacia un futuro más justo y equitativo, donde la educación deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho fundamental.
La lucha del movimiento estudiantil también ha impulsado la búsqueda de una gobernanza democrática en las universidades. La pregunta que espera por una respuesta ineludible y coherente es si la democracia reclamada para la academia es la misma que aquella de la esfera política nacional.
El camino hacia la democracia no es la violencia
La violencia no es la forma más adecuada de lograr una gobernanza democrática en la universidad. La violencia socava los principios básicos de la democracia que priorizan el diálogo constructivo, el compromiso pacífico y el respeto por la opinión diversa. Recurrir a la violencia contradice los valores fundamentales de la democracia, la libertad de expresión, la tolerancia y el estado de derecho. Nuestra Constitución garantiza la protesta pacífica y la libertad de expresión.
La violencia amenaza la seguridad de toda la comunidad universitaria y puede tener consecuencias indeseables para los estudiantes más vulnerables, además de generar una atmósfera de miedo, amenazas, hostilidades, intimidaciones y desconfianza. Los incidentes violentos empañan la reputación y la credibilidad de la universidad. Cuando la violencia se entroniza, genera más violencia y perpetúa una cultura de conflicto, polarización y división.
Importancia de la participación de estudiantes en la toma de decisiones
Es importante que los estudiantes tengan posiciones en los órganos colegiados de las universidades porque ello garantiza que sus voces, opiniones perspectivas e intereses estén representados en los procesos de toma de decisiones. Los estudiantes son partes interesadas importantes de la comunidad universitaria y sus aportes son esenciales para dar forma a las políticas y programas que afectan sus experiencias educativas y su bienestar.
Los estudiantes enriquecen los debates y contribuyen a una toma de decisiones más informada e inclusiva. La representación estudiantil en los órganos colegiados mejora la rendición de cuentas y la transparencia en la universidad. Se promueve una mayor apertura al diálogo entre estudiantes, profesores(as) y administrativos, fomentando la confianza en la gobernanza universitaria. Su participación les permite desarrollar liderazgo, habilidades, pensamiento crítico, comunicación y trabajo en equipo, que son esenciales para su crecimiento académico y profesional.
Los estudiantes no constituyen mayoría en los órganos colegiados académicos
Los estudiantes no pueden constituir una mayoría en los órganos colegiados académicos como, por ejemplo, el senado académico (consejo académico con mayoría profesoral), donde tradicionalmente los profesores(as) ocupan la mayoría de los escaños en este órgano que es la máxima autoridad académica. Los miembros del profesorado suelen tener experiencia y experticia en sus respectivos campos y desempeñan un papel central en la configuración de las políticas académicas, el desarrollo curricular y las prioridades de investigación.
Los senados académicos incluyen representación minoritaria de la administración universitaria como el rector (quien comúnmente lo preside), los vicerrectores, los decanos u otros funcionarios administrativos y los estudiantes. La composición de los senados académicos puede verse afectada por precedentes históricos, tradiciones institucionales o mandatos legales específicos. Por ejemplo, en el Consejo Académico de la UNAL, solamente hay dos representantes profesorales, en igual condición que los estudiantes, diluidos entre en una gran mayoría de decanos y vicerrectores. Sin embargo, es necesario dedicar esfuerzos para mejorar la representación estudiantil y su participación efectiva en la gobernanza académica.
La democracia posible en la universidad tiene como límite el mérito
La democracia posible en la universidad, denominada democracia académica o democracia universitaria, hace referencia a los principios y prácticas que promueven la gobernanza, la participación y la toma de decisiones democráticas dentro de la comunidad universitaria.
Aunque la forma específica y la implementación de los principios democráticos pueden variar entre instituciones, los elementos de la democracia en la universidad más comunes incluyen: La gobernanza compartida entre una mayoría de profesores(as) en el consejo académico y la administración, la toma de decisiones transparente e inclusiva que valora las diversas perspectivas, experiencias y conocimientos de la comunidad universitaria y que protege la libertad de expresión y la libertad académica.
También incluye el liderazgo democrático en virtud del cual los líderes universitarios, incluidos rectores, vicerrectores y decanos deben adoptar principios democráticos de liderazgo, consulta y colaboración, trabajando en asociación con profesores(as), personal administrativo, estudiantes y partes interesadas para promover la misión y los valores de la institución.
La democracia posible en las universidades comparte algunas similitudes con la democracia de la vida política nacional, además de inspirarse en sus principios básicos. Sin embargo, también tiene diferencias significativas debido a la naturaleza de las instituciones académicas. Mientras que en los procesos electorales los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos sin exigencias de pergaminos académicos o experticias, en la universidad los miembros de la comunidad académica, como los estudiantes, profesores(as) y personal administrativo, a pesar de que pueden tener voz y participación efectiva en la toma de decisiones a través de su presencia en los órganos colegiados académicos, los estudiantes no son titulares del derecho de ser elegidos como autoridades universitarias, por ejemplo, rectores o decanos. En aras de combatir la denominada adultocracia, ninguna universidad se ha arriesgado a elegir un estudiante como su rector.
De aquí se deriva la conocida expresión de que la democracia en la universidad tiene como límite el mérito. La toma de decisiones académicas suele priorizar la experiencia, la experticia, el mérito y las consideraciones académicas. La democracia limitada por el mérito se erige como la síntesis de dos nobles ideales: armonizar la voz colectiva de la comunidad universitaria con la búsqueda de la excelencia académica. Se materializa en el compromiso con la inclusión y la equidad, donde cada voz sea escuchada y cada punto de vista valorado, pero todo atenuado y matizado por la experticia, la experiencia y el discernimiento del mérito.
Recomendaciones de la UNESCO sobre los derechos del profesorado
La UNESCO en 1997 emitió una resolución sobre el tratamiento del profesorado de la educación superior, la cual fue suscrita por el Estado colombiano. En materia de autonomía y colegialidad declaró en su artículo 31: “El personal docente de la educación superior debe tener el derecho y la oportunidad, sin discriminación de ningún tipo, según sus capacidades, de participar en los órganos de gobierno y de criticar el funcionamiento de las instituciones de educación superior, incluida la suya propia, respetando el derecho de otros sectores de la comunidad académica a participar, y también deberían tener derecho a elegir una mayoría de representantes ante los órganos académicos dentro de la institución de educación superior.”
Esta declaración se inspira esencialmente en la conformación de los senados académicos (consejo académico con mayoría profesoral) presentes en el 91% de las universidades de Estados Unidos, la gran mayoría del Reino Unido, en muchas universidades del mundo y en América Latina en la Universidad de Chile. En 2019, la Universidad de California en Berkeley celebró el centenario del primer senado académico y su destacado y dedicado servicio a la calidad del campus como institución educativa y como comunidad de académicos.
Las recomendaciones de la UNESCO dan soporte al modelo de gobernanza compartida adoptado por muchas universidades, en el que se concilian los principios democráticos con la autonomía institucional. La gobernanza compartida implica colaboración y consulta entre diferentes partes interesadas en los procesos de toma de decisiones. Todo ello con el objetivo de fomentar el consenso, la rendición de cuentas y la responsabilidad colectiva en concordancia con la misión y los objetivos de la universidad.
El senado académico
El senado académico es el fundamento de la gobernanza compartida entre la administración, con el rector(a) a la cabeza de su cuerpo ejecutivo de vicerrectores y decanos, y una mayoría profesoral en este consejo. Este consejo con mayoría profesoral tiene funciones legislativas en la medida en que expide normas académicas y académico-administrativas. El profesorado es corresponsable del ejerció de la autonomía universitaria en los asuntos académicos. En la UNAL los profesores(as) son simples representantes minoritarios en los órganos colegiados, sin incidencia alguna en la toma de decisiones, como si fueran menores de edad.
Por otra parte, en las instituciones donde existe gobernanza compartida, el consejo superior o su equivalente es esencialmente el espacio donde se rinden cuentas ante la sociedad por el ejercicio de la autonomía académica. La autonomía tiene como principio ético complementario la rendición de cuentas. Está compuesto en su mayoría por representantes de la sociedad que con sus impuestos sufraga a la universidad. La universidad no es propiedad privada de la comunidad universitaria. Este consejo es responsable de supervisar el gobierno y la gestión de la universidad. Tiene autoridad para tomar decisiones estratégicas, establecer políticas institucionales, aprobar o recomendar presupuestos, custodiar los bienes y nombrar a las autoridades universitarias, incluido el rector.
En esta cultura, el consejo superior garantiza que la universidad opere de acuerdo con su misión, valores y objetivos, al mismo tiempo que salvaguarda su autonomía institucional de interferencias externas. En general, este consejo es muy respetuoso de la autonomía de la gobernanza compartida. La universidad toda es sujeto de la autonomía institucional, donde el profesorado juega un papel fundamental en la gobernanza académica.
Los que legislan deben ser diferentes de aquellos que ejecutan
En el contexto de la gobernanza universitaria es deseable que los individuos que legislan mediante la emisión de normas sean diferentes de quienes las ejecutan. La separación de las funciones legislativa y ejecutiva en la universidad crea un sistema de controles, equilibrios, pesos y contrapesos como es propio de las democracias. Esto previene que un solo grupo de personas o elite burocrática ejerza un poder exacerbado sobre la toma de decisiones. Esto contribuye a que las políticas y prácticas institucionales sean justas, transparentes, responsables, de mejor calidad y con mayor probabilidad de aceptación.
En la UNAL, existe la aberrante situación en que los mismos que legislan en el consejo académico son los mismos que ejecutan, como en cualquier estado dictatorial. Su argumento es que ellos son también profesores(as) y que representan a la masa profesoral. En las dictaduras, quienes legislan, son los mismos que ejecutan y administran justicia, con el argumento de que al fin y al cabo todos ellos también son ciudadanos y no es necesaria la separación de poderes en ciudadanos diferentes. Sin cambiar la estructura de la gobernanza actual, elegir con voto directo al rector es lo mismo que elegir al dictador. Mantener este comportamiento dictatorial contraviene de forma flagrante uno de los fines de la UNAL que es la formación de ciudadanos con valores democráticos.
El órgano legislativo académico de una universidad, como lo es el senado académico, incluye personas con experiencia en temas académicos y en formulación de políticas institucionales. También incorpora representantes de los estudiantes y de la administración, lo que contribuye a la calidad en la toma de decisiones.
La separación de las funciones legislativa y ejecutiva ayuda a salvaguardar la libertad académica al aislar la toma de decisiones académicas de interferencias políticas o administrativas indebidas. Los profesores(as) y líderes académicos pueden participar en investigaciones y debates intelectuales sin temor a represalias o censura. En general, separación de estas funciones promueve la gobernanza compartida, la rendición de cuentas, la transparencia y la libertad académica, contribuyendo a la gestión eficaz y equitativa.
Conciliar la democracia con la meritocracia
Conciliar la democracia con la meritocracia implica un delicado equilibrio entre dos principios importantes: el principio de igualdad e inclusión inherente a la democracia y el principio de recompensa al talento, al esfuerzo y a los logros propios de la meritocracia. En ese delicado equilibrio entre la democracia y el mérito se honra la diversidad de pensamiento y se tutelan los más altos estándares académicos.
Se deben incorporar principios democráticos en los procesos de toma de decisiones para garantizar la inclusión y la representación de diversas voces y perspectivas. Si bien la meritocracia puede priorizar el talento y los logros, los procesos democráticos garantizan que todos los interesados tengan participación en la toma de decisiones. La meritocracia implica rendición de cuentas para prevenir el nepotismo, el favoritismo, el clientelismo, el elitismo y la discriminación. Al integrar los valores democráticos de inclusión y transparencia con principios meritocráticos de reconocimiento y recompensa del talento, es posible crear sistemas e instituciones que promuevan tanto la excelencia individual como el bien común.
En la UNAL se configura una gobernanza burocrático-dictatorial
La gobernanza tiene varias acepciones dependiendo de las disciplinas, contextos y perspectivas. Aquí la gobernanza universitaria será definida como la distribución de la autoridad (poder) y las responsabilidades (obligaciones). Se han caracterizado varios tipos de gobernanza universitaria. Ningún tipo de gobernanza es perfecto y ninguno está libre de críticas y objeciones. La UNAL tiene una extraordinaria similitud con la gobernanza burocrático-dictatorial.
En esta gobernanza el poder y la autoridad para tomar decisiones se concentran en manos de unos pocos individuos o de un órgano de gobierno monopolizado por la administración y su cuerpo ejecutivo. Esta centralización de la autoridad limita la autonomía universitaria y la participación en la toma de decisiones de otras partes interesadas como unidades académicas, profesores(as), estudiantes y personal administrativo.
Los procesos de gobernanza y los mecanismos de toma de decisiones carecen de transparencia en la medida en que las decisiones no se comunican abiertamente, sino que se toman a mansalva y en secreto. Esta transparencia limitada puede generar desconfianza, frustración, insatisfacción y protestas entre los miembros de la comunidad universitaria. La libertad académica, la autonomía intelectual y las opiniones disidentes están restringidas bajo un gobierno burocrático-dictatorial.
En esta gobernanza, la universidad opera dentro de una estructura jerárquica rígida, con líneas drásticas de autoridad y control. Las decisiones fluyen de arriba hacia abajo, con poca contribución o participación de unidades académicas o individuos colocados en un nivel inferior. En este modelo, el liderazgo es ejercido a través del autoritarismo, el despotismo y la tiranía, donde los directivos ejercen control y autoridad con poca o ninguna consideración de los aportes, contribuciones u opiniones de otras partes interesadas.
La burocracia universitaria se caracteriza por reglas, regulaciones y procedimientos administrativos excesivos, enmarañados y sin fin, que obstaculizan la eficiencia, la innovación y la capacidad de respuesta y desestimulan las iniciativas. Las decisiones las toma un grupo selecto de administradores o funcionarios que se autorreproducen sin cesar de manera casi endogámica e incestuosa.
La gobernanza burocrático-dictatorial se caracteriza por su resistencia al cambio y la innovación. La inercia institucional y la oposición a reformar las estructuras y prácticas tradicionales son su nota distintiva. Este modelo de gobernanza limita la libertad académica, obstaculiza la innovación y socava los intereses y aspiraciones colectivas de la comunidad universitaria, creando una atmósfera anti-universitaria.
Solicitud de la elección de autoridades con voto directo
Las universidades del mundo menos desarrollado comúnmente adolecen de múltiples problemas físicos, sociales y políticos, frente a los cuales el movimiento estudiantil, especialmente, aboga por que las autoridades universitarias sean elegidas por voto directo de la comunidad universitaria porque asumen que estos eventos se alinean con los principios democráticos de transparencia, rendición de cuentas, gobernanza participativa y solución inmediata a los urgentes problemas. Se argumenta que las elecciones directas permiten a los estudiantes, profesores(as) y personal administrativo tener voz directa en la elección de las autoridades universitarias.
Se asume que las elecciones directas basadas en el voto popular promueven la meritocracia y la equidad en la selección de líderes universitarios, en contraposición a que estas autoridades sean designadas por conexiones políticas donde el gobierno tiene gran incidencia. Se considera que la elección directa genera confianza entre la comunidad universitaria y sus autoridades, lo que fomenta su legitimidad y compromiso de servir a los intereses de la comunidad universitaria.
La comunidad universitaria de universidades renombradas no aboga por elección directa de autoridades universitarias
Clasificar o categorizar a las universidades de acuerdo con su prestigio entraña críticas, principalmente debido a la naturaleza subjetiva de la valoración del prestigio. Las clasificaciones de prestigio generalmente se centran en un conjunto limitado de criterios sobre los cuales no hay consenso, especialmente en voceros de las universidades que no logran lugares destacados o no aparecen en ninguno de los diversos rankings. Sin embargo, se continúa argumentando que una universidad que ha acumulado 120 premios Nobel en su historia tiene mayor renombre que una universidad de garaje.
La comunidad universitaria de instituciones de gran renombre académico y científico, la mayoría de ellas ubicadas en el mundo desarrollado, no suele abogar para que las autoridades universitarias sean elegidas mediante voto directo de la comunidad universitaria, no obstante que son universidades con altas expresiones de democracia. Esto es explicado en alguna medida porque en estas universidades se goza de una gobernanza que incluye mecanismos de representación de los estudiantes, profesores(as) y empleados administrativos como son las asociaciones o senados estudiantiles, consejos académicos (senados académicos), comités, entre otros, que garantizan la participación efectiva de la comunidad universitaria en la toma de decisiones.
En estas universidades se valora mucho la autonomía universitaria institucional y la libertad académica individual. En uso de esa autonomía, la selección de las autoridades universitarias se basa en el mérito, las competencias, las cualificaciones, la experiencia y el liderazgo, antes que en la habilidad para la realización de campañas electorales y la obtención del favor popular a través del voto directo.
Las universidades renombradas tienen tradiciones, marcos regulatorios y contextos culturales y sociales diferentes que influyen en las percepciones y en la confianza de los estudiantes y profesores(as) en la gobernanza y los mecanismos apropiados para seleccionar a quienes se desempeñarán como lideres de la institución universitaria.
Inconvenientes de elegir autoridades universitarias con voto directo en campañas
Las críticas a los sistemas de elección directa de rector pueden variar dependiendo de las perspectivas de las diferentes partes interesadas en la comunidad universitaria. Se señalan varios inconvenientes que se pueden derivar de la elección directa de autoridades universitarias y de sus inherentes campañas electorales. Entre estas se destacan que consumen tiempo y desvían la atención y los recursos lejos de los objetivos misionales de la institución, como son ofrecer educación de calidad, realizar investigación y servir a la sociedad. La intensidad de las campañas electorales altera las actividades académicas y crea distracciones en los estudiantes, profesores(as) y empleados administrativos.
Las campañas electorales tienen el potencial de polarizar a la comunidad universitaria y de crear divisiones y confrontaciones entre diferentes grupos de interesados. La retórica de las campañas, la competencia por los votos y los desacuerdos sobre los programas de lucha de los candidatos pueden conducir a tensiones, animosidades, denuncias, demandas y conflictos dentro de la institución, especialmente en comunidades complejas donde no hay un interés y un pensamiento únicos. En el mundo menos desarrollado proliferarían salvadores no solo de su propia universidad sino de todo el sistema universitario. Los controles a la financiación de las campañas se harían difíciles, favoreciendo a los mejor financiados para desarrollar su propaganda y publicidad.
Las campañas electorales pueden ser influidas por factores externos tales como filiaciones políticas partidarias, intereses financieros, medios de comunicación políticamente parcializados, lo que introduce sesgos y distorsiones en el proceso electoral. Esto compromete la integridad y la independencia institucional y erosiona la confianza pública en la administración de la universidad. Algunas críticas señalan que el electorado puede limitarse especialmente a ciertos grupos de interesados dentro de la comunidad universitaria y excluirse a quienes no ostentan la condición de ser de planta o de carrera.
Las campañas pueden resultar en la elección de candidatos quienes carecen de las cualificaciones, experiencia y experticia necesarias para conducir efectivamente la universidad hacia las metas y fines institucionales. Sin un proceso de análisis y evaluación rigurosa, los candidatos pueden ser elegidos basados en la popularidad o carisma más bien que en el mérito y las competencias, lo que pondría en peligro el desempeño y la gobernanza de la universidad.
Cuando las autoridades universitarias son escogidas con base en sus habilidades políticas y electorales y en su eficiencia para obtener votos más bien que por su conocimiento y compromiso con los fines de una universidad receptiva a las urgentes necesidades de la sociedad, los escasos recursos públicos destinados a la educación superior serían ineficientemente utilizados.
En algunos casos, la elección directa de autoridades universitarias podría confrontar marcos legales y regulatorios que definen las estructuras de gobierno y las facultades de los órganos de gobierno para designar o nombrar estas autoridades. En algunos temas, la autonomía universitaria tiene como límite la ley. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional colombiana no excluye que las autoridades universitarias puedan ser elegidas de manera directa por la comunidad universitaria si la universidad en su autonomía así lo decide.
Los procesos electorales y los procesos de elección directa de autoridades universitarias cuando son percibidos como polémicos, divisivos o injustos podrían afectar la imagen, la reputación y la credibilidad de la institución, la cual sería no vista como un centro de actividad académica e investigativa sino como un campo de batalla político-electoral con todos los vicios inherentes a la politiquería típica de las confrontaciones partidarias del mundo subdesarrollado. La publicidad negativa que rodea a los procesos electorales podría socavar la confianza de la sociedad en la institución y eventualmente disuadir a estudiantes, profesores(as) y donantes prometedores de acercarse a la institución.
Algunos candidatos pueden estar afiliados a facultades, departamentos, laboratorios, unidades académicas o administrativas, lo que conduce a favoritismos y conflictos de interés en el proceso electoral. Los candidatos provenientes de disciplinas, profesiones, sucursales o sedes de mayor tamaño tienen una mayor probabilidad de tener un mayor electorado, excluyendo a candidatos, probablemente con mayores méritos, pero carentes de electorado suficiente.
La votación podría estar afectada por el “mito del votante racional” de Bryan Caplan, quien argumenta que los votantes son sistemáticamente irracionales en la toma de decisiones políticas, ignorando las agendas de los candidatos y guiándose más por las emociones que por el análisis racional. Igualmente, la paradoja de Condorcet estaría presente al no poderse determinar una preferencia social o colectiva, aunque las preferencias individuales se encuentren bien definidas. Además, el teorema de la imposibilidad Arrow indicaría que no existe un método de votación que pueda satisfacer simultáneamente un conjunto de criterios razonables, cuestionándose la factibilidad de obtener un resultado democrático ideal. Aun el uso del método de conteo de Borda no mitigaría todas las dificultades que impiden tener un resultado democrático justo y consistente.
Aunque la elección directa de las autoridades universitarias puede ser defendida por algunos miembros de la comunidad universitaria como un medio de promover un gobierno universitario democrático, tiene desafíos que debieran ser cuidadosamente considerados para garantizar que el interés y el bien superior de la institución, la comunidad universitaria y la sociedad sean salvaguardados.
Las universidades renombradas no eligen rector a través de una exitosa campaña electoral
Las universidades renombradas no eligen su rector a través del voto popular y campañas electorales porque eso conduciría a la politización de la rectoría, surgirían candidatos haciendo promesas y articulándose a retóricas demagógicas y populistas para atraer a grupos específicos de la comunidad universitaria. Esto podría socavar la capacidad de un rector para tomar decisiones imparciales porque estaría hipotecado al interés de ciertos grupos, perdiendo la capacidad para mantener la integridad académica y la autonomía institucional.
El proceso de elección de los rectores de las universidades más renombradas varía según la institución y su estructura de gobierno. Sin embargo, suelen utilizar varias prácticas comunes al elegirlos. Estas universidades generalmente tienen estructuras de gobernanza bien establecidas donde el órgano máximo o superior de gobierno está compuesto en su mayoría por miembros de la sociedad con diversas formaciones y experticias, incluyendo además líderes académicos, lideres de la sociedad, egresados, administrativos, entre otros, quienes son responsables de la selección y designación del rector.
Típicamente, se designa un comité de búsqueda compuesto por profesores(as), estudiantes, egresados, administrativos, donantes y otras partes interesadas para supervisar el proceso de selección y gestión de un nuevo rector. Este comité realiza una búsqueda exhaustiva, solicita nominaciones, revisa las solicitudes y entrevista a los candidatos para identificar a las personas que posean las calificaciones, la experiencia, la experticia, las cualidades de liderazgo y un historial exitoso en la educación superior o campos relacionados, atributos necesarios para el cargo.
En general, la selección de rector de estas universidades implica un proceso riguroso y deliberativo cuyo objetivo es identificar líderes que puedan promover eficazmente la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la institución. Sobre los seleccionados se realizan consultas y se obtienen aportes y comentarios de diversos sectores de la comunidad universitaria (profesores(as), personal administrativo, estudiantes, exalumnos y donantes) para garantizar la transparencia del proceso y para reflejar las diversas perspectivas e intereses de las partes interesadas de la universidad.
Los finalistas como candidatos a la rectoría generalmente son entrevistados por el comité de búsqueda y/o el órgano superior de la universidad. La decisión de elección se toma en función de los méritos antes descritos y no de la habilidad y efectividad para obtener votos en la comunidad universitaria, lo cual está tradicionalmente proscrito. Obviamente, no existe una relación causal entre la manera de elegir el rector y el prestigio de la universidad, solo que es una característica.
La consulta a la comunidad universitaria
El proceso de consulta a la comunidad universitaria sobre los candidatos a rector seleccionados por el comité de búsqueda en las universidades renombradas del mundo académico puede variar dependiendo de las prácticas, tradiciones y procedimientos específicos de cada institución. Sin embargo, existen varios métodos y aproximaciones comunes que las universidades pueden utilizar para solicitar aportes o contribuciones de la comunidad universitaria durante el proceso de búsqueda de rector. De ninguna manera, las actividades de consulta son campañas electorales.
El comité de búsqueda puede organizar reuniones públicas o foros abiertos donde los miembros de la comunidad universitaria, incluidos estudiantes, profesores(as), personal administrativo y egresados tienen la oportunidad de reunirse con candidatos para realizar preguntas y comentarios sobre sus cualificaciones, perspectivas, estilo de liderazgo y visión de la universidad.
También se realizan encuestas anónimas online para tener aportes de amplios sectores de la comunidad universitaria y para obtener comentarios sobre los candidatos. Igualmente, se buscan aportes, comentarios y preferencias del senado académico, comités asesores y la organización estudiantil institucional (asociación, unión o senado estudiantil). Las asociaciones de egresados son comúnmente encuestadas y consultadas.
El objetivo de consultar a la comunidad universitaria sobre los candidatos a rector está dirigido a garantizar que se consideren diversas perspectivas, voces y prioridades en el proceso de selección y fomentar la transparencia, la inclusión y la participación de todas las partes interesadas.
Conclusión
No haber atendido por más de tres décadas las solicitudes que algunos hemos hecho de manera sistemática sobre la necesidad reformar la actual gobernanza burocrático-dictatorial de la UNAL hacia una gobernanza compartida con inherentes propiedades de inclusividad, transparencia y principios democráticos, ha conducido a la crisis que hoy afecta a la institución.
Ante previas oportunidades perdidas para ponerle fin a la tradicional gobernanza excluyente y discriminatoria, la actual crisis es una espléndida oportunidad para forjar un camino hacia una gobernanza compartida donde el ejercicio democrático solo tenga como limite el mérito. Tanto la ley 30 de 1992 como el Decreto 1210 de 1993, Régimen Orgánico Especial de la UNAL, brindan el espacio necesario y suficiente para materializar el tan anhelado senado académico, base de la gobernanza compartida, que es una parte fundamental de la democracia posible en la universidad. Es solo que el Consejo Superior Universitario (CSU) acceda a convocar institucionalmente un evento ampliamente participativo donde esta iniciativa, junto con cualquier otra, sea sometida a consideración de la comunidad universitaria. La reforma de la composición y funciones del CSU sería de competencia del gobierno nacional y del Congreso.
