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El diario El Tiempo, en su editorial, evalúa el año en algunos aspectos de educación superior y valora positivamente la ley de inspección y vigilancia, como una manera de favorecer el control y apoyar la consolidación de la educación como un derecho y no un negocio. |
Si hay una inversión invaluable para el futuro de una nación es la educación de sus ciudadanos. Y, sobre todo, una educación de calidad y oportuna. Y es que la riqueza intelectual de los pueblos es un activo intangible indispensable para competir en este mundo globalizado.
Este año que termina, la educación produjo noticias positivas, como las 10.000 becas para los estudiantes más ‘pilos’ del país en los niveles bajos, que llegan a una inversión de unos 143.000 millones de pesos. Son, realmente, para muchos, sueños lejanos que ahora van a ser realidad. Ese es un principio palpable de equidad que alegra y que, sin duda, hay que reconocer.
Pero a este horizonte despejado los malos vientos le trajeron ese negro nubarrón de los escándalos de las universidades con graves problemas de financiamiento y de registro de los programas académicos. Como se sabe, la Universidad San Martín tuvo que ser intervenida.
En este sentido, ya que las llamadas universidades de garaje son sobre todo una estafa, pues miles de jóvenes dilapidan allí su futuro pensando que lo están garantizando, ha sido un acierto del Ministerio de Educación y del Congreso Nacional presentar y aprobar la nueva ley de inspección y vigilancia de las universidades. Que es la reafirmación de un deber constitucional del Estado.
Tal como quedó tramitada, según lo sostuvo la ministra Gina Parody el martes pasado, la ley es “un paso adelante en la defensa de la educación pública y privada”, y corresponde al Gobierno demostrarles a sus críticos que no es un golpe a la autonomía universitaria y que con la creación de la Superintendencia de Educación Superior no se busca imponer una especie de policía que entorpezca a las instituciones que cumplen la ley y prestan a cabalidad el servicio de la educación, sino impedir que ciertos establecimientos sigan incumpliendo las leyes y presentando desmanes en el manejo de sus recursos.
Puede debatirse. Y pueden algunos estar prevenidos con las medidas que acaban de avalarse en el Senado, luego de cuatro largos debates, y temerse, por ejemplo, que se trate de un nuevo atentado a una autonomía universitaria que ya muchos consideran débil, aunque tres artículos aprobados en el tránsito por la Cámara de Representantes se ocupan de salvaguardarla. Pero lo que no puede negarse de ninguna manera es esa crisis enorme que, por causa de ciertos mercaderes de la educación que se han venido enquistando en los consejos superiores, están viviendo las instituciones de educación superior a lo largo y ancho de nuestro territorio.
La obligación gubernamental es conjurar el mal, que puede ser mayor que el que se descubre a primera vista. Se ha dicho mucho sobre excesos de un par de planteles privados. Pero también de una docena de universidades públicas regionales, quebradas y arruinadas en todos los sentidos, han estado viniendo noticias vergonzosas que han acabado por demostrarle a la opinión pública que la educación superior corre el riesgo de extraviarse entre la codicia y la politización.
Lo cierto es que ni las universidades privadas pueden olvidar que la educación es un derecho, y no un negocio más; ni las universidades públicas pueden terminar reducidas a fortines políticos. La ley de inspección y vigilancia busca rescatar de malos manejos a las unas y a las otras. Ya hay una herramienta legal reforzada. La aplicación justa es también una prueba que se tendrá que calificar.
