Nov/25 Behrentz, rector de Unigermana, analiza, en su columna de El Tiempo, el negocio que hay detrás de la oferta de pregrados y posgrados en menos tiempo, visibilizados tras el escándalo de la IES San José.
En Colombia operan empresas dedicadas a la venta de títulos universitarios. No me refiero a las mafias que falsifican certificados en la clandestinidad, sino —peor aún— a instituciones legalmente constituidas que actúan como fábricas de diplomas.
Algunas han sido cooptadas por redes ilegales; otras, por políticos que las usan como instrumento de clientelismo y corrupción. Detrás de su fachada de legalidad se esconde una práctica corrosiva: la entrega de títulos falsos en tiempos irreales.
Los casos más recientes y afamados son apenas la punta del iceberg: Juliana Guerrero, vinculada al Ministerio de Igualdad y la Fundación de Educación Superior San José, o el excongresista Julián Bedoya y la Universidad de Medellín; investigados por irregularidades en la expedición de diplomas.
Este cáncer destruye la confianza en la institucionalidad educativa y amenaza la reputación de toda la academia. Y, peor aún, pone en riesgo la función más noble de la universidad: la movilidad social. Sin confianza en los títulos, se derrumba la esperanza de quienes sí estudian con esfuerzo y mérito.
Pero hay que ser justos: no todos pertenecemos a esa misma bolsa. Colombia tiene más de 300 instituciones de educación superior, y la mayoría cumple su tarea con rigor y compromiso. Muchas de ellas son universidades pequeñas, regionales o virtuales que atienden poblaciones vulnerables, ofrecen becas y llevan educación a donde nadie más llega.
No son “universidades de garaje”, son motores de progreso social y regional. En este proceso de limpieza que el país necesita, tan importante como castigar sin miramientos a los impostores es evitar la cacería de brujas.
Por ejemplo, existen instituciones que innovan con modelos flexibles y acelerados de formación, que no deben estigmatizarse. Un excelente referente para esta discusión es el Estado de California (Estados Unidos), cuyo sistema público de educación superior es uno de los más avanzados y reconocidos del mundo.
Allí existen los community colleges que sirven a los estudiantes en sus primeros dos años de la cadena de formación y otorgan “títulos asociados”. Este avance y conocimiento académico son posteriormente reconocidos y homologados por instituciones universitarias.
Más aún, gracias al esquema californiano de cuatrimestres (tres períodos académicos al año) y la posibilidad de reconocimiento de créditos por esfuerzos adicionales, un estudiante disciplinado puede completar su grado universitario en 18 ó 24 meses. Sin atajos ni trampas, simplemente estudiando de forma más intensa en un esquema concebido para la correcta articulación de los diferentes niveles de formación.
El país debe entonces limpiar su sistema, proteger lo que funciona, erradicar lo que corrompe y aprender de las prácticas internacionales. De esta forma será cierto que la educación no es negocio de pocos, sino la esperanza de todos.
