Dic/25 Vargas Cano presenta un diagnóstico de la crisis de la educación privada, partiendo la que él llama divergencia entre la misión social de la educación y las dinámicas internas de algunas IES privadas.
La educación superior en Colombia atraviesa dificultades significativas que comprometen su sostenibilidad financiera y su viabilidad administrativa, un panorama que no ha podido resolverse durante un tiempo considerable. El sector enfrenta miles de reclamos por parte de los sectores reales de la economía, quienes demandan una formación con mayor pertinencia y cercanía a los avances en ciencia, tecnología y aspectos sociales; elementos que con frecuencia están ausentes en la preparación de los estudiantes. Esta problemática se refleja duramente en los rankings internacionales, ya que ninguna institución pública o privada de educación superior en Colombia ocupa una casilla entre las primeras quinientas del índice de Shanghái, una situación que desalienta los esfuerzos nacionales por mejorar los estándares de calidad. El reconocimiento de estas “verdades incómodas” exige una asignación fundamental de responsabilidades a todos los actores involucrados, comenzando por la estructura organizativa y funcional del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
La esencia de la crisis radica en la divergencia entre la misión social de la educación y las dinámicas internas de algunas Instituciones de Educación Superior (IES) privadas. Las estructuras de poder en muchas de estas instituciones proponen condiciones de operación que resultan adversas a modelos educativos pertinentes, pues la búsqueda de rentabilidad y el bien particular han descuidado el enfoque en el ser humano que integra el colectivo educativo. La calidad se ve comprometida desde el momento de la adquisición de derechos o la creación de instituciones, permitiendo el acceso al sector de “personajes” con capitales de dudosa procedencia, contaminando el ambiente ante la falta de control del MEN y las instituciones gubernamentales. Dentro de este esquema, los órganos de máximo control, como los consejos superiores, o los que hagan su veces, son a menudo integrados con sesgos, favoreciendo a propietarios, políticos y, grupos económicos mediante la elección de familiares, amigos o personas de “confianza”, quienes solo apoyan decisiones egoístas que afectan la calidad institucional.
Los efectos más perversos de esta gobernanza manipulada se manifiestan en el manejo de los recursos. Los directivos universitarios son a menudo aleccionados para buscar mecanismos de desviación de fondos institucionales. Los recursos que deberían ser reinvertidos para mejorar la infraestructura, la dotación, la conectividad y las condiciones operativas de los programas, terminan desviados a los bolsillos de los propietarios. Las habilidades para manipular los recursos son diversas e incluyen la constitución de “negocios” internos como cooperativas, cafeterías, o gimnasios, para que las ganancias pasen a terceros y, finalmente, a los socios o propietarios, generando un entramado malicioso y perverso. Esta falta de ética y transparencia socava la garantía que el estado espera de estas instituciones, las cuales cumplen una función social.
En el ámbito de la calidad académica, el compromiso inicial manifestado en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) se diluye por la falta de inversión continuada. A pesar de que el MEN exige el cumplimiento de condiciones de calidad para el registro calificado, con el paso del tiempo y una vez que el programa está en operación, se evidencia en algunas instituciones la falta de inversión, lo que conlleva al detrimento de la calidad. Aunque la Ley 1740 de 2014 faculta al MEN para realizar inspección y vigilancia, en la práctica, la norma supera su capacidad operativa para aplicar controles permanentes y efectivos. El resultado de esta negligencia es que los estudiantes egresan en inferioridad de condiciones disciplinares para abordar la vida laboral, un hecho que es evidenciado por las organizaciones que reciben a los practicantes.
Aunado a la deficiencia en recursos, el capital humano docente plantea otra verdad incómoda. La Ley 30 de 1992 y la Constitución Política exigen que la enseñanza esté a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, académica, científica y pedagógica. No obstante, se cuestiona la contratación de personas que han sido cuestionadas, inhabilitadas o sancionadas éticamente. De igual manera, se contratan profesionales con una trayectoria significativa en el sector real, pero sin el mínimo conocimiento pedagógico, lo que resulta en improvisación que subvalora la educación y afecta la calidad de la enseñanza. En muchas IES, la academia se convierte en un “refugio temporal” para profesionales desempleados que esperan abandonarla tan pronto como surja una mejor oferta del sector real, afectando a generaciones de estudiantes por la falta de compromiso.
La crisis se agudizó con los efectos post-pandémicos del COVID-19. La emergencia sanitaria puso en evidencia las profundas desigualdades y aceleró una crisis financiera que se manifestó en un aumento significativo de la deserción estudiantil. Se estima que la matrícula en instituciones de educación superior disminuyó entre un 10% y 15% en 2020 y 2021. El aprendizaje remoto expuso una profunda brecha digital, donde miles de estudiantes no contaban con dispositivos tecnológicos adecuados o acceso a internet estable. A pesar del trauma y el alto nivel de estrés, ansiedad y depresión que afectó la salud mental de la comunidad universitaria, muchas instituciones de educación superior en Colombia no tuvieron la más mínima acción reflexiva para resolver las dificultades en torno a la salud mental y la calidad educativa producidas por la pandemia, desaprovechando la oportunidad de mejorar la calidad de la educación superior.
A este escenario de recuperación incierta se suma la irrupción acelerada de la Inteligencia Artificial (IA). El sector educativo no está preparado para transformar los modelos tradicionales pedagógicos y didácticos para integrar la IA, lo cual limita el acceso a experiencias de aprendizaje dinámicas y personalizadas y ralentiza el desarrollo de habilidades clave para el mundo digital. Esta falta de adaptación tecnológica interactúa con la sensibilidad de la denominada “Generación de cristal” (jóvenes nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 2010), que, si bien es tecnológicamente hábil, muestra una notoria fragilidad emocional y una menor tolerancia a la frustración. El uso excesivo de herramientas digitales y la inmediatez han erosionado la resiliencia y la capacidad de resolución autónoma de problemas de estos estudiantes, un desafío que las IES deben abordar urgentemente, utilizando la IA de forma ética para fomentar la autonomía y el pensamiento crítico.
Desde luego, las verdades incómodas del sector privado de la educación superior en Colombia señalan una desconexión crítica entre el deber ser (un servicio público liberador y transformador) y el hacer (una actividad que prioriza el racionalismo económico y los intereses particulares). Para avanzar, es fundamental que la educación retorne a su esencia humanista, superando los modelos capitalistas que ven al ser humano únicamente como productor de bienes y servicios. Es necesaria una reforma estructural profunda: el Estado Colombiano debe abordar la limitación de su capacidad operativa y técnica para la inspección y vigilancia, siendo urgente la creación de una Superintendencia de Vigilancia Educativa con independencia política. Además, las IES deben recuperar la “mística” y la calidad, reemplazando la selectividad de ingreso basada en puntajes por el diseño de programas formales de nivelación que reduzcan la deserción y la inequidad social. Una educación que busque el equilibrio entre la profundidad del conocimiento científico y el sostenimiento económico, sin olvidar el desarrollo humanístico, es el único camino para construir una sociedad justa y bien educada.
