Feb 16/20 Como se esperaba, los psicólogos protestaron por afirmación de Martha Lucía Ramírez. Ella moderó su opinión, pero eso no debe callar el debate nacional sobre graduados, áreas y desempleo.
Frente a la afirmación del viernes de la vicepresidenta en el sentido de que “tenemos demasiadas psicólogas, sociólogas” en el país (ver noticia), la propia Martha Lucía Ramírez salió a acallar las críticas con un comunicado en el que señala que “preocuparnos por la empleabilidad y el ingreso de las mujeres, no supone denigrar de ninguna profesión en particular, ni de quienes la ejercen. La psicología es una profesión indispensable para entender el comportamiento humano, la mente y el impacto de las emociones sobre el comportamiento. En nuestro país es indispensable el trabajo que hacen los psicólogos, pues desafortunadamente todos los días vemos el stress, la ansiedad, la depresión, así como el uso de la redes sociales y los micrófonos para destruir a otros en lugar de construir una mejor sociedad”.
Así, la vicepresidenta se sale de una polémica en torno de si la psicología es o no una profesión útil y necesaria, que fue la manera como algunos interpretaron sus palabras iniciales, y dio un giro al debate, para replantear la necesidad de reconocer más las potencialidades de las mujeres en el ejercicio profesional.
“Es creciente la demanda de profesionales en esos campos con muy buena remuneración. Es urgente acabar los estereotipos de que las mujeres no tenemos las mismas capacidades para un pensamiento lógico, abstracto y matemático que los hombres. La programación, los algoritmos, la inteligencia artificial, la biotecnología, son campos que deben ocuparse también por las mujeres”, señaló Ramírez.
Las críticas de los psicólogos
Tanto la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) como el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) reaccionaron inmediatamente a las primeras palabras de Ramírez, y emitieron sendos comunicados de rechazo.
ASCOFAPSI señala que el problema no es ni de género ni de una profesión en particular, sino de políticas del Estado para fomentar el desarrollo profesional y asignar recursos al resepcto (ver comunicado), mientras que para COLPSIC (ver comunicado) “lo que pretende el Gobierno con esta declaración es seguir justificando los pésimos salarios y precarias condiciones laborales y de contratación que sufren actualmente, no solo los psicólogos y sociólogos, sino todos los profesionales del país”.
Por su parte, Santiago Castro, historiados y exrector de la Universidad La Gran Colombia, hace parte de los académicos que rechazan las críticas de la vicepresidenta. Para éste “pretender que los jóvenes estudien carreras “que generen ingresos” y que dejen otras a un lado, pues no lo hacen, sigue siendo la lógica de algunos regímenes autoritarios. Evidentemente el gobierno debe invertir los recursos, siempre limitados, en aquello que su plan de desarrollo aclara como ejes estratégicos, pero pretender que hoy se exijan “estudios de empleabilidad” antes de otorgar registros calificados (permiso para funcionar) a nuevos programas académicos, es una afrenta a la libertad”.
Un necesario debate
El comunicado de la vicepresidenta, con el que pretende dar por terminado el debate, no debería parar allí sino, por el contrario, avivar una reflexión nacional sobre las áreas de conocimiento que requiere el país, en qué volúmenes de profesionales, los apoyos del Estado y la responsabilidad del Ministerio de Educación de aprobar programas y orientar a las IES sobre las tendencias en el empleo profesional.
La vicepresidenta dice que “nunca ha sido ni será nuestra posición la de descalificar alguna profesión. Cada oficio y cada profesión cumple un papel indispensable en nuestra sociedad. Aceptamos la invitación de Ascofapsi y recibimos con respeto los comentarios de las facultades de Psicología y Sociología, los cuales atenderemos conjuntamente con los Ministerios competentes en pro de mejorar las condiciones laborales y de contratación, dada la elevada tasa de desempleo que sufren varios profesionales”. Pero esto no debe ser un saludo a la bandera, y nada más.
En el fondo se confirma una dura realidad: Muchos profesionales en un entorno laboral que no tiene cabida para ellos, y un sistema educativo que no se compromete con la situación y un Estado que no sabe cómo reaccionar al respecto.
Los últimos pronunciamientos traen afirmaciones que deben ser analizadas críticamente, y con espíritu de autoevalulación y gestión de cambio de parte del Estado, sus ministerio (por lo menos Educación, Trabajo y Salud) y las IES.
Tres ejes del debate surgen de esta situación:
Primero, la vicepresidenta dice que “hoy la demanda de profesionales, desafortunadamente es inferior a la oferta que todos los años producen las universidades en carreras tradicionales”. Esto se traduce en desempleo, y aunque los defensores de las profesiones -no sólo Psicología- hablen de la importancia de sus estudios para el desarrollo del país, Colombia no sabe cuántos y en qué condiciones los necesita. No hay un solo estudio al respecto.
Segundo, dice ASCOFAPSI que “el empleo de los profesionales en general y de los psicólogos en particular, depende fundamentalmente del interés y recursos que el gobierne destine a, por ejemplo: la promoción del bienestar de los ciudadanos, la atención y cuidado de los más vulnerables, al acompañamiento a las víctimas del conflicto, a la promoción del desarrollo humano a través de la educación, a la atención de los conflictos individuales y sociales, las posibilidades de vivir y disfrutar una vida digna, equitativa y respetuosa, a permitir el ejercicio de los derechos humanos en un contexto de respeto y convivencia”, lo que genera una curiosa hipótesis en el sentido de que el ejercicio profesional de la psicología es dependiente del Estado, lo cual de por sí abre otro fuerte debate sobre el rol privado de los psicólogos, su capacidad de autogestión para el empleo y otros desarrollos profesionales. Llama la atención que la afirmación surja desde la Asociación de Facultades, pues pareciera confirmar una vez más el distanciamiento entre la formación y el mercado laboral.
Tercero, la declaración de COLPSIC confirma la difícil situación laboral y de bajos salarios de los psicólogos, no sólo entendida por la necesidad de valorar más la profesión sino, en hechos concretos, por la lógica básica de la economía según la cual los salarios y condiciones bajan a medida que aumenta el número de profesionales que engrosan el mercado laboral.
Y eso lleva a, tal vez, el problema más delicado. La aprobación masiva de registros calificados en programas y áreas de conocimiento que, justificados en la autonomía universitaria, intentan salvar el negocio de las universidades, pero no aseguran el empleo de los egresados.
“El único responsable del gran número de psicólogos profesionales existentes actualmente en Colombia es el Gobierno Nacional, que durante décadas aprobó los registros calificados para los programas de Psicología; ahora es el mismo Gobierno el que plantea reducir el número de graduados en Psicología”, dice COLPSIC. A hoy, el SNIES reporta 133 programas universitarios activos de psicología en el país.
Esto es una prueba más de lo que El Observatorio de la Universidad Colombiana viene advirtiendo sobre cómo el sector de la educación superior se viene canibalizando al crear, sin control ni referentes reales, programas y más programas. Las IES grandes, innovadoras o hábiles para hacer lobby para obtener más registros están devorando a muchas tradicionales, con estrategias de duración, precio, modalidad y afines, sin que -como país- esté clara su conveniencia.
Y el Ministerio de Educación, por variar, callado frente a estos temas neurálgicos para su cartes. Preocupado más por regular procesos (mal), que por analizar el norte y la articulación del sistema.
También podría avanzar en presentar, al día, las estadísticas del sector (a la fecha no se conoce el comportamiento de la matrícula en 2019, por ejemplo), en actualizar los informes del Observatorio Laboral para reconfirmar la caida de salarios de los profesionales, y en orientar informes y guías a las IES sobre la oferta y demanda de programas académicos.
Si el Mineducación calla, y las IES no se atreven a hablar, bien podría la vicepresidenta -ya que se metió en el tema- contribuir a apoyar un debate nacional al respecto.
