Iván Guzmán López, en el diario El Mundo, de Medellín, cuestiona la privatización y la manera como el Estado presentó la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992.
La ministra de educación nacional María Fernanda Campo Saavedra, debió, antes de proclamar la reforma a la ley 30, que regula la educación superior en Colombia, promover un debate de carácter amplio, deliberativo y especialmente propositivo, el mismo que seguramente le habría ahorrado sufrir el grave varapalo de su apresurado anuncio, representado en masivas y justificadas manifestaciones de descontento popular. A mí, particularmente, se me hace que es indispensable una reforma a la financiación de la universidad pública, pues ella no puede seguir viviendo de limosnas presupuestales. Esas limosnas, que apenas si le ha permitido sobrevivir, nos dan hoy un balance muy pobre: una cobertura de apenas el 37%, cuando en Corea es del 98% y en nuestro vecino Chile es del 55%; vergonzosamente, ninguna de nuestras universidades aparece entre las mejores 500 del mundo y, como lo dice el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “nuestras instituciones educativas carecen de acreditación, de publicaciones internacionales y vínculos académicos con el mundo”.
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La palabra privatizar no puede estar presente a la hora de pensar en la salud y la prosperidad de la universidad pública, pues esa palabra es más o menos equivalente a echar sal en la herida histórica de la vida universitaria colombiana. La Universidad pública sí debería percibir capital privado (nunca ser privatizada, itero, reitero, biso, reduplico, redoblo y porfío), tal como lo hacen algunas grandes y competitivas universidades norteamericanas y europeas, en la perspectiva de abaratar costos para el estudiante de escasos recursos económicos y producir intencionalmente el conocimiento y la tecnología que necesita la empresa nacional (inclusive la internacional) para generar conocimiento, riqueza, producción y trabajo para la población y el país. La universidad pública es el alma de Colombia y jamás podrá ser entregada como negocio a particulares.
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La prosperidad democrática, trazada en el plan de gobierno del presidente Santos, pasa por dotar a la universidad pública de 1.3 billones de pesos en los próximos 3 años. Esto lo sabe muy bien el Presidente de la república, quien tuvo la suerte de disfrutar y educarse en las mejores universidades del mundo, y sabe a ciencia cierta que la locomotora del progreso no arranca con difuntos malolientes como Agro Ingreso Seguro, y menos con el pensamiento de rústicos politiqueros de pueblo que antaño sembraron los campos y las ciudades colombianas de muerte, pobreza y desolación.
