…Y la Ley 1740 se quedó en el papel. Mineducación mató el tigre y se asustó con la piel

Mayo 26/19 El silencio del Ministerio de Educación frente a los casos de universidades en crisis es un reflejo de la negligencia y falta de planeación de una entidad responsable de la inspección y vigilancia del sector.

La citación de la Cámara de Representantes a los ministerios de Trabajo y Educación para responder por lo que pasa en la Universidad Autónoma de Colombia son una señala de cómo el Estado ha sido indolente frente a estos temas.

No en vano, el abogado y columnista Ramiro Bejarano ha pedido que la Fiscalía investigue a los directivos de esa IEs “por malversación de fondos”, pero también al Ministerio de Educación “por no haber tomado medidas cuando hace años conocía esta situación de bancarrota”.

Esto es sólo un botón de muestra: La falta de actuación debida del Ministerio frente al manejo indebido de IES.

¿Sobre qué IES ha actuado el Ministerio de Educación, a tiempo, antes de que la tragedia anunciada se consolide? Ninguna.

La situación de la Fundación Universitaria San Martín se veía venir con hechos que eran vox populi en el sector por lo menos 20 años antes del escándalo del fallecido Mariano Alvear. El escándalo mediático de Gina Parody en 2014, que llevó a que a finales de ese año se aprobara la la Ley 1740, de 2014, o de inspección y vigilancia, sólo sirvió para hacer publicidad. Si bien hoy la San Martín trata de salir adelante, con otra administración, el problema de fondo (dinero) no se ha solucionado y el déficit sigue siendo enorme.

En la Universidad Autónoma del Caribe tampoco fue sorprevisa la problemática situación financiera y de gobernabilidad de Silvia Gette y, luego, de Ramses Vargas, y las denuncias y situaciones fueron públicas por informaciones de medios de comunicación nacionales, pero nunca por acción oportuna del Ministerio de Educación.

En la Universidad Incca, inexplicamente, el Ministerio levantó una intervención en 2.017, bajo el falso argumento de que esa IES tenía las condiciones de calidad para poder operar normalmente, y cuando ya el tema difícilmente es revertible para que esa Universidad vuelva a la normalidad, el Ministerio decide intervenir.

Y el caso de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia FUAC es, como se dice comúnmente, “la tapa”. Se señala que son 10 años de esa universidad produciendo déficit en su operación financiera, el Ministerio tiene los datos de cómo año a año sus estudiantes vienen bajando, las peleas entre fundadores y sus hijos por el control de la universidad son también muy escuchadas en el sector, y hasta la aparición del denominado “hombre del maletín”, que se pasea por varias IES ofertando para comprarlas (aunque éstas, se supone, no tienen ánimo de lucro), constituían pruebas cmás que suficientes para justificar la intervención. Pero el Ministerio? Callado. Mostrando una inocencia, que raya en la negligencia, absurda.

Hoy, la FUAC completa una semana en huelga, completamente paralizada, sin una solución clara para su déficit financiero (distinto a salir de propiedades), y con un Ministerio que hasta ahora escucha los reclamos, y nada más. Y eso que uno de los objetivos de la 1740 es el de garantizar “la prestación continúa de un servicio educativo con calidad”.

Está haciendo más el Ministerio de Trabajo, que viene acompañando el tema hace meses.

Seguramente el de Educación en estos días nombrar otro (poco conocido y sin mayor poder) inspector in situ, para que simplemente se diga que ha intervenido, y nada más.

¿Y dónde queda la función de inspección y vigilancia del Estado en cabeza del Ministerio de Educación?

¿Y las demandas que llegarán al Estado por no cumplir debidamente con su función? Las pagarán más impuestos.

Y estos son los casos conocidos, por no citar los de una IES cuyos ingresos se van para la finca de su rector; otra, en la que la pelea entre sus fundadores tiene a la IES como caja menor para suplir sus gastos; otra, en la Costa, en donde hace meses no pagan a los docentes e impera la cultura del miedo, incluso algunas acreditadas en donde ni siquiera los propios directivos académicos saben quién y cómo se elige a su rector, y varias en las que aún hoy (increiblemente) no existen representantes de la comunidad académica en los órganos de gobierno.

Y estos son los casos conocidos públicamente. Qué pasará en muchas otras en donde se está incubando una crisis, que madurará por la falta de acción de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior. Allí, en el Ministerio, presumen, que su actuar se debe dar sobre hechos consumados y desconocen la acción preventiva… y eso que el Ministerio es experto en pedir informes y reportes… ¿para qué? Si no los cruzan y previenen situaciones.

El problema es de fondo. Es de concepción y diseño gerencial del modelo de inspección y vigilancia.

Por eso, la Ley 1740 de 2014, por ahora, es un saludo a la bandera. Sirivió para hacer bulla mediática con el caso de la San Martín y algo con la Autónoma del Caribe, pero nada más. El Ministerio mató el tigre y se asustó con al piel. Y tampoco mostró interés (la administración de 2015) se sacar adelante la Superintendencia de Educación que demandó la propia 1740, creada para dar las herramientas, o dientes, que decía el Ministerio no tenía para poder actuar y evitar que estudiantes y padres de familia fueran engañados por IES que estaban desviando sus recursos para fines distintos a la educación o no cumplían las condiciones mínimas de calidad.

Según la 1740 su fin es el de “velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria constitucionalmente establecida”. Esto, lamentablemente, no se está cumpliento. Ejercen mejor la función de “velar por la calidad” los medios de comunicación que el propio Ministerio.

Pero hoy seguimos en un ambiente de incertidumbre, inestabilidad jurídica y oportunismo de mercaderes educativos y malos gestores que, incluso así tuvieran buena fe, demandan una acompañamiento técnico de la entidad responsable del tema: El Ministerio de Educación. Escudarse en que la responsabilidad es de la autonomía universitaria, ya es un argumento pueril para un sistema de educación superior que, se considera a sí mismo, maduro.

Si el Ministerio de Educación actuara de forma proactiva y no reactiva, muchos dramas, llantos, deudas y problemas ahorraría al sistema.