El Observatorio de la Universidad Colombiana




En 14 años que cumplimos, estos son 14 grandes hechos en la educación superior

Marzo 7/21 En marzo de 2007 nacimos para apoyar un mejor conocimiento del sector. Esperamos estarlo haciendo. Recordar hechos destacados puede evitar repetir errores o ayudar a cumplir compromisos.

Se han registrado importantes avances, especialmente en temas de cobertura y calidad, pero la necesidad de actuar realmente como sistema, de dar respuestas más efectivas a la expectativa social y de pasar de la reactividad a la proactividad para enfrentar, con éxito, los desafíos que se vienen, especialmente en lo relacionado con internacionalización, más competidores, nuevos modelos educativos, inclusión, tecnología y virtualidad, la duración de los estudios, áreas de mayor pertinencia y reconocimiento laboral, entre otros, siguen siendo una enorme deuda sectorial.

 

Un aporte pensando en la Universidad que todos quisiéramos

En medio de la dificultad para obtener la información y lograr que el sector hable, y sin ningún interés ideológico distinto al de mostrar prácticas que deben evitarse y positivas acciones a seguir por parte de funcionarios públicos y rectores, nuestra intención siempre ha sido propositiva.

Cuando aparecimos, hace 14 años, señalábamos que “quienes lo dirigimos no tenemos ningún compromiso ideológico que nos impida hablar con absoluta libertad. Nuestro tono busca reflejar verdad, franqueza y carácter”, y eso -creemos- lo hemos respetado, aunque algunos se hayan molestado y buscado formas de callarnos.

En 168 meses de información permanente, y !más de 10 mil noticias! hemos debido precisar algunas informaciones (ninguna rectificación), y lo hacemos con humildad y gusto, porque eso refuerza la verdad y no posiciones políticas, gremiales o institucionales.

En marzo de 2.007, en nuestra presentación de ¿quiénes somos?, señalamos que “cada IES está en lo suyo y no importa lo que pase con otra mientras el propio “negocio” camine bien. El Estado anda muy preocupado por los temas públicos, y se olvida de las IES públicas luego de darles unos centavos, y escasamente voltea a mirar a las IES privadas. Las casi 300 IES que tenemos poco se hacen sentir, ni para bien ni para mal. Hay poco información disponible para el público, así como poca transparencia, como si el país no tuviera derecho a conocer mejor a su universidad”.

Algo de eso ha cambiado… no tanto como quisiéramos, pero indudablemente creemos que la Universidad de hoy es mejor que la de comienzos de milenio, aunque para llegar al idea aún nos falte mucho.

 

14 hechos que pueden servir de lección

Hay que reconocer que en estos años la educación ha dejado de ser la cenicienta del Gobierno. En temas presupuestales pasó a ser el sector con más presupuesto y en los mensajes de los respectivos gobiernos adquirió más importancia de la que tenía (aunque no siempre se cumplan las promesas). Además, la continuidad de ministras de Educación que acompañan al respectivo presidente (todas mujeres en estos años) superó el preocupante récord de 6 meses en el cargo que se tenía.

Eso sí, salvo algunos temas, el sector se termina moviendo al vaivén del mercado y de las apuestas técnicas, afectivas, de capricho o gusto político, de uno que otro alto funcionario en temas educativos. Una consistente política en educación superior constituye una de las principales debilidades de la educación superior colombiana.

A manera de recordatorio, pero también de reflexión, estos son los 14 hechos más significativos del sector entre 2007 y 2021:

1) La apuesta perdida, del gobierno de Alvaro Uribe, por la formación técnica y tecnológica: Entre 2002 y 2010 el presidente Alvaro Uribe Vélez y su ministra de Educación, Cecilia María Vélez, estuvieron convencidos que el incentivo por la formación técnica y tecnológica sería una alternativa viable, rápida y económica, para mejorar las cifras de cobertura y acceso, mas se encontraron con la barrera cultural de una sociedad que prefiere la formación profesional universitaria. Aún incluyendo cifras del SENA como de educación superior, en una decisión todavía polémica para muchos, porcentualmente la demanda por esta formación es resultado más de la necesidad o el bajo costo, que el reconocimiento social y profesional.

 

2) Los reiterados pedidos de reforma a la Ley 30 de 1992: El más llamativo fue el propuesto por la ministra María Fernanda Campo, en la primera administración del presidente Juan Manuel Santos, que alentó la aparición de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, los reclamos de algunos rectores, columnistas y analistas, por considerar que dicha reforma fomentaba el ánimo de lucro. La presión social obligó a la ministra a retirar la propuesta del Congreso, y aunque es común que se hable de la necesidad de reformar la norma, el tema recurrente es el relativo con los artículos 86 y 87, sobre el modelo de financiamiento de la universidad pública, sobre el que las distintas ministras han hablado (Vélez, Campo, Giha, Angulo), prometido, gestionado proyectos, documentos CONPES y diversas gestiones, sin que a la fecha se haya logrado algo. Aunque el sistema presenta grietas en muchos campos -no sólo el financiero-, lo curioso es que hablar de una reforma estructural de la Ley 30 de 1992 no parece tener una agenda temática ni dolientes concretos.

 

3) El Acuerdo por lo Superior o un esfuerzo llevado a menos: Las heridas ideológicas, sentimentales, políticas y académicas ocasionadas por la propuesta de reforma a la Ley 30, la posibilidad del ánimo de lucro y las alianzas público – privadas, supuestas en la propuesta del gobierno Santos, se intentaron sanar a través de un diálogo nacional, convocado desde el Ministerio de Educación y el CESU -en 2013 y 2014-, con la invitación a todos los actores del sector, para analizar una propuesta de política pública de cómo debería ser la educación superior con miras a los siguientes 20 años, y que arrojó el documento “Acuerdo por lo Superior 2034” que identificó los 10 grandes temas en los que el sector debía comprometerse, repensarse y, por qué no, pensar en reformas de ley. Aunque el documento tuvo una buena acogida en el sector, la llegada de Gina Parody al Ministerio y su cambio de políticas, ayudó en mucho a guardarlo y casi que olvidarlo, pero un ejercicio formal del sector debería ser rescatarlo y actualizarlo.

 

4) Los programas de incentivo del Estado para los buenos estudiantes: El Gobierno ha esquivado el debate público en torno de si la gratuidad educativa es, como tal, un derecho de todos los connacionales y, por ende, una responsabilidad del Estado con su financiación. La situación se ha disimulado con programas como Ser Pilo Paga (SPP) y Generación E. Con SPP (Parody – Santos) se logró, por primera vez, que el Estado destinara millonarios recursos para becar estudiantes en IES acreditadas. Fue tanto el dinero que se fue para la universidad privada, que el financiamiento de la pública se afectó, y que becar a 40 mil bachilleres costará tanto o más que financiar más de 500 mil en las IES públicas. Generación E, por su parte, se considera una versión mejorada de SPP, por parte del gobierno actual (Angulo- Duque), que concentra más recursos en la educación pública, pero aún esquiva el debate sobre la gratuidad y la equidad entre universidades e IES oficiales.

 

5) La Ley de Inspección y Vigilancia: O Ley 1740, de 2014, que básicamente nació para enfrentar la ausencia de gestión y de instrumentos de intervención de parte del Estado frente a la problemática de la Fundación Universitaria San Martín y la manera como su “dueño”, Mariano Alvear (QEPD), había convertido a la IES en su caja menor para otros negocios. Si bien la norma ha servido para que el Estado intervenga en otras IES, el sector parece querer desconocerla, porque universidades y asociaciones quieren evitar la intromisión de un Ministerio que, no es claro si por miedo, desconocimiento o negligencia, no se atreve a intervenir en muchos casos que le demanda la sociedad.

 

6) El SNET o el necesario acercamiento entre los diversos niveles de formación: SNET, o Sistema Nacional de Educación Terciaria, fue el intento, frustrado, de la ministra Gina Parody para que los egresados del SENA no tuvieran restricciones a la hora de buscar otras alternativas de titulación en la educación superior. Los esfuerzos por lograr la necesaria atención que demanda articular la formación técnica laboral con la profesional, a las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano con las de educación superior, y al diálogo entre el sector educativo con el sector laboral, han ido entre el SENA, y los Ministerios de Educación y de Trabajo, pasando por las comisiones sextas de Congreso y las asociaciones de formación para el trabajo, sin que, después de una década, se hayan logrado avances significativos. Si bien el actual Plan Nacional de Desarrollo apuesta por ello, la consolidación de un Sistema y Marco Nacional de Cualificaciones aún hay un largo camino que recorrer y, sobre todo, la apertura de mente de la educación superior para favorecer la movilidad y el reconocimiento de aprendizajes de manera no formal.

 

7) Los esfuerzos por consolidar un SAC: En los últimos años comenzó a hacer carrera en el sector el término SAC, o Sistema de Aseguramiento de la Calidad, para demostrar la integración deseada o existente (eso aún es un debate) entre los diversos actores y sistemas de calidad de IES y de programas: Conaces y registro calificado; CNA y acreditación; Ministerio y sistemas de información; y actores a nivel de IES y comisiones varias gubernamentales, entre otros. La inquietud radica por lograr armonía, integración y coordinación entre objetivos, procesos, actores y resultados, y evitar dudas, reprocesos, sobrecostos y descoordinados niveles de exigencia entre registro y acreditación. Tras varios años de debates (más de forma que de fondo), se logró aprobar el Decreto 1330 de 2019 y, posteriormente, el Acuerdo 02 del CESU con nuevos lineamientos de acreditación institucional, que terminan siendo más ajustes de forma en los procesos que una respuesta real a la integración del sistema y los objetivos de país en la calidad de su educación superior. Aunque quedan muchas preguntas, se estima que en este tema, por lo menos, el sistema demorará varios -muchos- años en atreverse a hacer una reforma estructural.

 

8) IES al servicio de negocios e intereses personales: Aunque la Ley 1740 sirve como piel de tigre para tratar de aminorar los escándalos, lucro y negocios personales de algunos dueños de IES, la verdad es que el sistema no está blindado contra ello. Aún con la intervención del Ministerio, la situación financiera y proyección de futuro de IES como la San Martín, la Incca, la Autónoma del Caribe, la Autónoma de Colombia no es claro, y hay otro buen número de Instituciones en las que las denuncias de compra-venta de activos a favor de sus dueños, el desvío de matrículas, las peleas entre fundadores y la pérdida de recursos, son pan de cada día, sin que el Ministerio intervenga.

 

9) Aparición, politización, lucha y reclamos del movimiento estudiantil: Con la MANE, en 2011, el poder del gremio estudiantil cobró mucha fuerza mediática, a tal punto que algunos de sus líderes (de la MANE y las distintas asociaciaciones, como CREES y Fenares) han sido tratados como personajes públicos, y muchos de ellos han terminado sirviendo a los intereses políticos de movimientos de centro izquierda e izquierda. Con el tiempo se han consolidado en aliados permanentes de ASPU y los diversos sindicatos profesorales, los sindicatos nacionales de trabajadores, de Fecode y de representantes y senadores de los movimientos de oposición a los gobiernos de turno. Su principal lucha ha sido la gratuidad educativa, las políticas de bienestar universitario, la protección a los derechos humanos de sus líderes, y el rechazo a diversas políticas estatales.

 

10) El acuerdo para levantar el paro estudiantil: Entre octubre y diciembre de 2018 Colombia vivió uno de los más grandes paros universitarios, no sólo de la universidad pública sino de varias privadas, liderado especialmente por sus estudiantes y profesores, en rechazo a los recursos que el Gobierno invertía en educación superior. En octubre de ese año el presidente Duque había logrado un acuerdo con los rectores, para levantar el paro, a cambio de cerca de 0,5 billones de pesos adicionales, pero los directivos no fueron capaces de convencer a sus estudiantes, quienes aumentaron su presión y en diciembre 14 de 2.018 suscribieron un histórico acuerdo en el que subieron de 0.5 a cerca de 4.5 billones los compromisos del Gobierno Nacional, con lo que se demostró: 1) La fuerza del movimiento estudiantil; 2) El limitado poder de los rectores; 3) El miedo del gobierno a la presión; 4) La posibilidad real de asignar más recursos al sector, y 5) La ausencia de una evaluación real de transferencias, impactos y evaluación de resultados de los recursos asignados por el Estado a la universidad pública.

 

11) El lugar que debería tener la ciencia en el país: En la década pasada Colciencias era una entidad adscrita del Departamento Nacional de Planeación que, para tener más “estatus” se convirtió en Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Aún así, no daba respuesta a las expectativas de investigadores y científicos sobre el rol de esta en el desarrollo del país, reflejado en los escasos recursos que recibía, y que se iban en su gran mayoría para pagar estudios doctorales en el extranjero. En 2.019, producto de un consenso de todos los actores del sector, incluido el Gobierno, Colciencias pasó a ser Minciencias, pero esta decisión no ha estado acompañada del presupuesto, liderazgo y estrategias deseadas por los científicos, ni siquiera pese a que se realizó una nueva Misión de Sabios (la primera fue en 1994), con todo el respaldo del Ejecutivo. Si bien la ciencia ha logrado más recursos, vía regalías, el país aún se pregunta sobre su lugar indicado en el desarrollo nacional.

 

12) Más cobertura y mayores resistencias: La caída en la demanda: En la última década Colombia logró ponerse ligeramente por encima del promedio de la región en cobertura en educación superior (52-53%), en una cifra que puede ser mayor si -como lo hacen otros países- se incluyen cifras de la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Las cifras tienen una doble lectura: O se ha avanzado positivamente, a tal punto que esto permitió al país ser reconocido como miembro de la OECD, y ya se puede hablar de una real masificación, o, por el contrario, aún hay una débil cobertura teniendo en cuenta que 1 de cada 2 jóvenes no se está matriculando en la educación superior. También es cierto que, más allá de la pandemia, Colombia ajusta tres años seguidos cayendo en su matrícula en educación superior, lo que se podría explicar por diversos aspectos: Disminución en las tasas de crecimiento de la población en edad escolar; llegada de oferta e IES extranjeras; aumento de la formación no reglada y considerada de educación superior; y escepticismo de los jóvenes por lo que pueden estar ofreciendo las IES.

 

13) La pandemia en el sector: La crisis del Coronavirus solamente vino a agravar una situación que ya se veía venir en la educación superior. La reducción en la demanda de estudiantes. El aislamiento de estudiantes y profesores literalmente terminó de aislar a un sector que poco dialoga entre sus actores y en el que la preocupación por la demanda tiene a las IES ensimismadas buscando estudiantes. El drama del Covid 19 en la educación superior colombiana aún no se ha conocido en su real dimensión, y todo indica que ocasionará, entre otros aspectos, altas tasas de desempleo profesoral, disminución en la matrícula, reducción drástica en los ingresos operacionales de las IES que logren sobrevivir (porque otras cerrarán), reducción en los esfuerzos institucionales por las apuestas de calidad y la aceptación (en muchas IES a regañadientes) de la virtualidad como una opción real.

 

14) La progresiva consolidación de la Matrícula Cero: Ya existía en algunas pocas IES como ayuda excepcional para ciertos estudiantes o estratos, pero con la pandemia tomó impulso, gracias a recursos adicionales del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, a tal punto que ya va por un segundo semestre y seguramente tendrá la presión social y mediática para consolidarse, de tal forma que las IES oficiales recibirán más recursos para esto y aumentarán sus estudiantes, mientras que las privadas quedarán sin la ayuda oficial y con menos estudiantes, y el Plan Padrino quedará solo como una acción más de fomento del Ministerio de Educación, pero sin el impacto deseado.

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