Marzo 24/26 Se mantiene sin resolución, y través de medios de comunicación, la disputa entre Minciencias y Avanciencia en torno de un contrato de 20 mil millones, que podría terminar en demandas contra los funcionarios públicos o en una crisis de la asociación privada, que podría poner en riesgo su supervivencia.
La controversia entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MINCIENCIAS y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia AVANCIENCIA sigue escalando, luego de que el Ministerio informara, a través de un artículo en Revista Semana, que la entidad privada debe justificar o devolver $20.483 millones correspondientes a un contrato de administración de proyectos ejecutado entre 2019 y 2025.
Avanciencia respondió con un comunicado en el que asegura que cumplió plenamente con las obligaciones pactadas y que todos los desembolsos fueron revisados, aprobados y autorizados por el propio Ministerio durante los seis años de ejecución.
La posición del Ministerio
Minciencias sostiene que no cuenta con los soportes completos que respalden la ejecución de los recursos administrados por Avanciencia. La cartera habría requerido formalmente a la Asociación entregar la documentación faltante o proceder a la devolución del dinero, argumentando inconsistencias detectadas en auditorías internas y en procesos de revisión posteriores al cierre del contrato.
De acuerdo con la publicación, el Ministerio considera que la trazabilidad documental no es suficiente para verificar la destinación de los recursos, lo que motivó la solicitud de devolución y la apertura de requerimientos administrativos adicionales.
En noviembre pasado Minciencias convocó mesa de solución de controversias con Avanciencia por falta de soportes técnicos y financieros en dicho contrato, sin que se conozcan los resultados de la misma.
La respuesta de Avanciencia
Por su parte, Avanciencia afirma que ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual y que los informes técnicos, financieros y de supervisión fueron entregados y validados por los equipos del Ministerio durante toda la ejecución. La Asociación señala que:
- La supervisión de Minciencias fue permanente,
- Los desembolsos se realizaron solo después de la aprobación ministerial,
- Y los informes de seguimiento evidencian la conformidad del Ministerio con los avances y productos entregados.
Avanciencia también manifestó su disposición al diálogo institucional y a que los organismos de control realicen una revisión integral del proyecto, reiterando que ha actuado con “transparencia, rigor y responsabilidad”.
… y si el Ministerio tiene razón
- Avanciencia podría enfrentar procesos de responsabilidad fiscal, sanciones administrativas e incluso investigaciones penales si se comprobara un detrimento.
- La reputación de la Asociación, con más de cinco décadas de trayectoria, podría verse afectada en su relación con el Sistema Nacional de CTI.
- El Ministerio reforzaría su postura de control y vigilancia, pero también tendría que explicar por qué durante seis años aprobó informes y desembolsos sin advertir las inconsistencias.
… y si Avanciencia tiene razón
- El Ministerio tendría que justificar por qué solicita soportes que, según la Asociación, ya fueron entregados y aprobados.
- Podría abrirse un debate sobre la calidad de la supervisión y los procesos internos de archivo, trazabilidad y control documental dentro del Ministerio.
- La controversia podría derivar en responsabilidades para funcionarios que participaron en la supervisión del contrato.
También es posible que:
- Avanciencia haya entregado soportes,
- Pero el Ministerio considere que no cumplen estándares de suficiencia,
- O que existan vacíos documentales atribuibles a ambas partes.
En ese escenario, la resolución podría darse mediante aclaraciones técnicas, conciliación o decisiones de los organismos de control.
Instancias judiciales y administrativas posibles
Dependiendo de la evolución del caso, podrían intervenir:
- Contraloría General de la República (responsabilidad fiscal),
- Procuraduría General de la Nación (disciplina administrativa),
- Fiscalía General de la Nación (si se presume delito),
- Juzgados administrativos (si alguna de las partes demanda actos administrativos derivados del conflicto).
La ruta dependerá de si el Ministerio insiste en la devolución, si Avanciencia logra demostrar la suficiencia de los soportes o si se abre un proceso formal de investigación.
Un conflicto que viene de meses atrás
La disputa no surge de manera aislada. Desde hace varios meses se han registrado tensiones públicas entre la ministra Yesenia Olaya y el investigador y presidente de Avanciencia, Luis Antonio Orozco, con intercambios que han trascendido a redes sociales, columnas de opinión y escenarios judiciales. Orozco es presidente de Avanciencia desde julio de 2025, cuando el polémico contrato ya se hallaba finalizado.
La falta de claridad ante la opinión pública sobre el estado real del contrato, su liquidación y la trazabilidad de los recursos ha alimentado la controversia.
