Junio 27/21 Aunque la universidad pública se considera muy crítica y gestora de cambio, más del 50 % de estas han re-elegido rectores en sus últimos años. Analizamos cuáles y por qué es tan atractivo repetir rectoría.
Re-elegirse como rector(a), una o más veces, no es -de por sí- ni bueno ni malo, y es una de las consecuencias de la democracia académica.
En la foto, último Consejo Nacional de Rectores del SUE, 2019, antes de la pandemia.
Algunos consideran que reiterarse en el cargo es perjudicial para la Universidad, pero nada garantiza eso. Un buen rector puede durar hasta décadas y consolidar una progresiva mejora de su institución o, por el contrario, impulsar un preocupante retraso en sus indicadores. Así mismo, tres o cuatro años de un solo periodo pueden ser suficientes para dar un cambio positivo o, por el contrario, enterrar a una institución. Se podrían citar muchos casos para concluir que el tiempo no está relacionado con la calidad de la gestión.
Incluso, en un buen número de IES con rectores re-elegidos hay mucha más gobernanza y estabilidad que en las que no, y en aquellas donde no ha sido posible consolidar un proceso rectoral estable, los conflictos internos y luchas políticas son muy fuertes (como por ejemplo, en las universidades del Atlántico, Pacífico, Cesar, Surcolombiana).
Este es un fenómeno que ni siquiera los procesos de acreditación han logrado explicar.
En la práctica, bien sea con o sin consulta estamentaria, con diversos requisitos, exigencias y debates, para re-elegirse se requiere gran influencia sobre la comunidad académica y administrativa, habilidad política y experiencia (cancha) para neutralizar las críticas de opositores y sostener ofrecimientos a sus electores.
Ser rector de una universidad pública implica enfrentar fuertes tensiones internas (de opositores, sindicalistas y las protestas estudiantiles), implorar permanentemente al Estado y los gobiernos locales por recursos para funcionamiento, enfrentar acusaciones (muchas de ellas inventadas) de políticos y en las redes sociales, y negociar (es decir, prometer, ceder, e impactar nómina y presupuesto) para lograr sus propósitos con diversos grupos de presión, culturas, profesores de carreras y administrativos de carrera de toda la vida.
Pero también implica tener el mayor ingreso salarial de la Universidad, prebendas de viáticos, viajes, relacionamiento de alto nivel, reconocimiento y poder. Incluso, en algunas IES la contratación, ordenación de gasto, aprobación de proyectos y visibilidad mediática están concentradas en su figura, y en muchas de las universidades regionales, detrás del gobernador y el alcalde, la rectoría representa el tercer puesto con más importancia del departamento, mismo que muchas veces sirve para intentar un salto posterior al Congreso, una Alcaldía o la misma Gobernación (p.e. Luis Pérez en Antioquia, Pedro Obando en Nariño y Carlos Caicedo en el Magdalena, entre otros).
La normatividad y la cultura re-eleccionista
La autonomía universitaria (art. 28 de la Ley 30 de 1992) permite a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, y designar sus autoridades académicas y administrativas. Así mismo (art. 66) que “el Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo Superior Universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos”.
Por ello hay elecciones que se dan directamente con la participación de toda la comunidad universitaria, como en la U. de Nariño, en donde el Consejo Superior acata el resultado del sufragio de ésta, mientras que en otras, como por ejemplo la Nacional de Colombia, el Consejo Superior generalmente se aparta de los resultados de la consulta y elige libremente rector. Hay otras en donde, simplemente, no se hace consulta estamentaria, y entre las que hacen consulta, unas incluyen egresados o no, administrativos o no y pensionados o no; los que siempre están son estudiantes y docentes.
Tal y como sucede en el contexto electoral nacional y regional, en la definición sobre la continuidad de un rector o, incluso, de la escogencia del aspirante a rector elegido a dedo por su antecesor, influye mucho el poder de la administración de turno para contratar, asignar proyectos, y la promesa de seguir trabajando con la mayoría del personal docente y administrativo que ha venido acompañando a la administración que busca mantenerse.
La posibilidad de que se dé un cambio de rector, de orientación radical en el modelo de gestión de la Universidad, o la llegada de un nuevo partido o movimiento político de apoyo a un nuevo del rector, genera temores y ansiedades de parte del “establecimiento” de la institución, ya acostumbrado a un modelo. El natural miedo o reacción al cambio, acompañado por la posibilidad de perder poder, de cambiar ritmos de trabajo o de ser presionado para salir de la Universidad, influyen a favor del statu quo. A veces es preferible, como se dice popularmente, malo conocido que bueno por conocer.
El miedo al revanchismo de un nuevo rector (porque viene de otras elecciones perdidas, porque es un público enemigo del rector que se quiere re-elegir, porque pertenece a un grupo determinado o facultad que ya tuvo una experiencia no grata en la dirección…), también incide en los respaldos de administrativos y docentes.
Porque cambiar de rector no significa sólo que haya una nueva cabeza, sino también un nuevo equipo de primera línea (vicerrectores y principales directivos) y, con ellos, parte del equipo de profesionales de apoyo.
Pero no es sólo la resistencia a experimentar nuevas condiciones la que consolida a algunos rectores. Algunos de quienes han logrado sostenerse por varios periodos lo han hecho porque han podido inspirar un proyecto institucional y educativo de largo plazo, de trabajo en equipo, y de metas ambiciosas dentro de un ambiente solidario entre la comunidad educativa. Cuando ésta ve que los resultados se van dando, y comparan con anteriores rectores, se animan a apoyar la continuidad de la administración. La reelección ayuda a acumular tiempos para ver obras físicas, proyectos educativos, grandes inversiones, articulación de equipo y consolidación de planes de desarrollo, que es algo que difícilmente se logra en una única administración de 3 ó 4 años.
Esta es una razón adicional para analizar la crítica de quienes consideran inviables los nuevos lineamientos de calidad que piden a las IES públicas (con presupuestos anualizados) proyectar inversiones, planes y presupuestos para 7 años.
Precisamente estos tiempos de duración del periodo rectoral también varían según el gusto del Consejo Superior a la hora de modificar los estatutos. Mientras que la mayoría de periodos van de 3 a 4 años, hay universidades como la del Cauca en donde el rector tiene un periodo de 5, que es el máximo que se da en Colombia (bueno, salvo en el caso de algunas IES privadas en donde los rectores -como por ejemplo el de Unisimón, en Barranquilla, puede durar 30 y más años).
La elección por una, dos o más ocasiones, o indefinidamente, es otro de los aspectos que cada universidad libremente decide. Por ejemplo, algunos rectores como los de La Guajira, UFPS y UNAD han tenido tres y más re-elecciones, mientras que el de Nariño y Nacional, entre otros, sólo pueden estar hasta dos periodos en el cargo. En universidades como la del Atlántico, el rector en propiedad -cuando ha logrado tenerlo- podría incluso estar de forma indefinida.
El órgano clave para el proceso, definición de procesos, cronograma, requisitos, impedimentos y votación es el Consejo Superior Universitario (CSU). Su poder se hace tan interesante que, en muchos casos, su integración representa un ajedrez político, y hasta la elección de algunos de sus miembros (como los representantes de estudiantes, egresados o profesores) es una campaña que demanda importantes recursos, logística, transporte y publicidad. Esta situación ha llevado, incluso, a conocer denuncias sobre dineros de dudosa procedencia, o respaldos de políticos ajenos a la universidad, interesados en “adueñarse” de la contratación y el espacio político entre los estudiantes a través del respaldo a “su” candidato a rector.
Los Consejos Superiores
Al fin y al cabo, son solo 8 ó 9 los integrantes de los consejos superiores. Según la Ley 30 (art. 64) estos deben ser:
a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional.
Cuando la ministra participa, generalmente lo hace en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Los delegados en el resto de universidades son elegidos a dedo desde el Viceministerio de Educación Superior, generalmente entre sus propios funcionarios. Según la Universidad, esta designación se toma como un premio o castigo entre estos.
b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales. En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el Gobernador.
En el caso de la Universidad Distrital, a veces preside la alcaldesa Claudia López, pero generalmente designa a la secretaria de Educación.
c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario.
En la práctica lo de los vínculos es totalmente diferente a experiencia y conocimiento de la gestión unievrstaria. Hay designados por Presidencia (del actual y de los anteriores gobiernos) que desconocen la realidad de la Universidad a la que son enviados.
d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector universitario.
El exrector universitario no tiene que ser necesariamente de la propia Universidad. Es más, hay exrectores que vienen de IES privadas.
e) El Rector de la institución con voz y sin voto.
Se ha convertido en una continua disputa interpretativa a nivel de Cortes, Consejo de Estado, Procuraduría y Juzgados si hay o no subordinación y conflicto de intereses cuando los representantes de directivas académicas, docentes, egresados, entre otros, son al mismo tiempo funcionarios de la Universidad, y llegaron o se renovaron allí por decisión del rector de turno.
Con este limitado número de integrantes, cualquier voto es clave tanto para la elección como para lograr los propósitos deseados tanto para la elección de rector como para la aprobación de temas clave: Presupuesto, planes de desarrollo, e intervenciones de diverso orden. Muchas decisiones se han hundido por un solo voto.
Por eso mismo, varios rectores se han caído y han debido salir de su cargo porque han influido indebidamente para que integrantes del Consejo Superior favorezcan su elección.
Hay otra realidad. Los representantes de las comunidades más activas (docentes, estudiantes y egresados) muchas veces manejan un muy fuerte y crítico discurso público de cuestionamiento a la administración, pero a la hora de votar terminan replegándose a los intereses del Consejo, o simplemente “venden” su voto al mejor postor. Su representatividad es más nominal que real y actuar en contra de lo prometido poco o nada les cuesta, pues casi nunca o nunca rinden cuentas a sus representados.
Aunque no es extraño que la mayoría de rectores elegidos por primera vez o re-elegidos logren el respaldo de sus consejos superiores con el voto negativo de los representanes de estudiantes y docentes, los hechos demuestran que estos terminan replegándose a favor de la rectoría de turno. Cuando no es convicción por la gestión rectoral, los contratos, nombramientos y apoyo para eventos, entre otros, hacen parte de los favores que el rector de turno hace a estos voceros.
Las Universidades con rector actual reelegido.
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Rectores en su primer periodo, que podrían re-elegirse, como sus antecesores
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Universidades sin re-elección de rectores en los últimos años
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Universidades que más rectores diferentes han tenido en los últimos años
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