Enero/25 Abadía, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. Javeriana analiza, en El Espectador, cómo el gobierno nacional redujo los recursos de inversión para la educación contradiciendo las promesas de campaña e ignorando la importancia de destinar recursos a mejorar el acceso y la calidad.
Este año el gobierno nacional redujo los recursos destinados para invertir en educación. El decreto 1523 de 2024, por medio del cual el gobierno dio a conocer el presupuesto general de la nación, muestra un recorte del 8% en el presupuesto de inversión del Ministerio de Educación Nacional, respecto al año 2024. El presupuesto de inversión es el que debe destinarse a financiar políticas públicas y programas que puedan mejorar el acceso, calidad, pertinencia, equidad, entre otros desafíos, de la educación en el país.
Históricamente, del total de recursos destinados a educación, alrededor del 92% corresponden a gastos de funcionamiento, es decir, los recursos destinados al pago de la nómica de maestros y personal administrativo de los colegios, los servicios públicos de las escuelas, el funcionamiento del Ministerio de Educación y las entidades adscritas, como por ejemplo, el ICFES y el ICETEX. Mientras que solamente se destinan cerca del 8% de los recursos para invertir en mejorar la calidad de la educación en todos los niveles preescolar, básica, media y superior. En el caso de las Instituciones de Educación Superior públicas ocurre algo similar, la mayoría de los recursos son destinados para el funcionamiento de las mismas.
Es cierto que las finanzas públicas atraviesan un momento crítico y que, este año, los recortes presupuestales eran inevitables debido a la reducción en los ingresos de la nación. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica, la inversión social debería haber sido priorizada, y la educación, por supuesto, debía ocupar un lugar central en esa agenda. Invertir en educación genera altos retornos tanto a nivel individual como social, convirtiéndose en una herramienta indispensable para reducir las profundas inequidades que persisten en Colombia. Por ello, los gobiernos, tanto nacionales como locales, deben comprometerse a aumentar los recursos destinados a este sector y, al mismo tiempo, garantizar un uso más eficiente y equitativo de esos fondos, maximizando así su impacto y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
