Agosto 4/25 En su tercera rectoría, John Jairo Arboleda ha perdido el respaldo de sus aliados, la UdeA tiene serias dificultades financieras, el Consejo Superior lo rajó en su gestión y ahora el Ministerio actúa bajo la Ley 1740 de 2014.
Y es el riesgo financiero en que se encuentra la Universidad el principal motivo por el cual, mediante la Resolución 016105 del 29 de julio, el MEN ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial para la Universidad de Antioquia, en atención a la Ley 1740 de 2014, que establece el alcance de sus funciones de inspección y vigilancia de la educación.
Por primera vez en su historia reciente, la Universidad de Antioquia —una de las instituciones públicas más emblemáticas del país— fue sometida a medidas preventivas y vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación Nacional, como respuesta al deterioro financiero evidenciado durante las visitas de inspección realizadas en 2024 y los análisis posteriores.
La Resolución advierte un conjunto de deficiencias financieras acumuladas que comprometen la capacidad operativa y la sostenibilidad de la institución. El MEN concluye que la Universidad presenta una “alta dependencia de cuentas por cobrar”, una significativa caída en sus indicadores de liquidez, y la falta de un plan concreto para superar estos problemas, a pesar de haberlos reconocido en sus respuestas oficiales.
¿Por qué se impone esta medida?
Según el informe técnico del Ministerio de Educación, la Universidad ha experimentado en los últimos años una reducción drástica del capital de trabajo —de más del 90%—, acompañado por una baja capacidad para cubrir sus pasivos corrientes con recursos líquidos. A esto se suma un aumento sustancial en inversiones en planta física y activos, sin evidencia clara de eficiencia o retorno. Además, se identificaron inconsistencias entre los estados financieros presentados y los reportes obligatorios al SNIES.
Frente a un muy crítico panorama financiero, para el Ministerio la Universidad no evidencia ningún plan de contingencia para superar esas situaciones al punto de que pese a visitas y solicitudes de información previas, la situación financiera institucional no ha mejorado sino que, por el contrario, se ha deteriorado.
Según la Resolución “en la Universidad de Antioquia se presentan riesgos graves asociados a la iliquidez, limitaciones en el control
del gasto, disminución en la capacidad operativa y eficiencia de la gestión, situaciones que representan una indebida conservación de las rentas de la Institución que podría afectar la prestación del servicio público de educación, lo que supone un riesgo indeseado e insoportable para la calidad del servicio en condiciones de continuidad. Lo anterior, afecta el cumplimiento de la misión y objetivos de la Institución, así como la adecuada prestación del servicio, en ese sentido las situaciones evidenciadas denotan un riesgo financiero en múltiples aspectos que afectan gravemente el uso correcto de los bienes y rentas de la Universidad de Antioquia lo cual exige que la aplicación y el ejercicio de las facultades preventivas en cabeza del Ministerio de Educación Nacional”.
Estas situaciones, según la Ley 1740 de 2014, constituyen una causal para decretar “vigilancia especial”, al configurarse un manejo inadecuado de las rentas institucionales que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio educativo.
¿Qué ordena el Ministerio?
La resolución ordena tres medidas inmediatas:
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Implementar un plan de mejoramiento con acompañamiento del Ministerio, orientado a subsanar las debilidades financieras y administrativas identificadas.
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Atender condiciones específicas que serán impartidas por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN para corregir las irregularidades detectadas.
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Designación de un inspector in situ, quien vigilará permanentemente la gestión financiera y administrativa mientras persistan las condiciones que originaron la medida.
Además, se deja abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas, incluida la constitución de una fiducia para el manejo de recursos, si la situación no mejora.
¿Qué está en juego?
Más allá del prestigio institucional, lo que está en juego es la capacidad de la Universidad para continuar prestando el servicio público de educación con calidad, de forma ininterrumpida y con solvencia financiera. El Ministerio ha advertido que la viabilidad financiera es condición para la permanencia de los registros calificados y, por tanto, de los programas académicos.
Esta intervención no limita la autonomía universitaria, pero sí la condiciona al cumplimiento de los fines públicos y a la transparencia en el manejo de recursos, principios fundamentales que sustentan la inspección y vigilancia del Estado en el marco constitucional.
La Rectoría trata de minimizar el impacto de la medida
El sábado 2 de agosto, un día después de hacerse pública la resolución, la Universidad de Antioquia expidió un comunicado en el que si bien reconoce “los lineamientos y orientaciones de los organismos que, dentro del marco normativo estatal, acompañan su quehacer público” (como Mineducación), dice que “en la Institución no se presentan ninguna de las acciones que justifican una medida de vigilancia”. Por ello, señala que espera “presentar los respectivos recursos dentro del término establecido —para el caso en mención, correspondiente a 10 días—, siempre en el marco del respeto por las instituciones y la Ley”.
Más presión al rector
A los pocos días de lograr su tercera elección, el país conoció la difícil situación financiera de la Universidad, incubada de tiempo atrás, lo que se complementó con unas difíciles relaciones con la Gobernación de Antioquia (que preside el Consejo Superior), y hasta con la Alcaldía de Medellín.
La situación ha llevado a que, desde el año pasado, la Universidad “salte matones”, como se dice popularmente, para llegar a fin de cada mes y pagar nómina.
Eso ha impactado en muchos gastos de operación, funcionamiento, movilidades, y actividades que, indirectamente, afectan la calidad del servicio educativo.
Hace unas semanas se conoció que el Consejo Superior había “rajado” la gestión de Arboleda y luego el delegado del ministro Rojas en ese cuerpo colegiado, Juan Carlos Bolívar Sandoval (ahora recién nombrado como nuevo director de Calidad del Viceministerio de Educación Superior, en reemplazo de Dora Lilia Marín Díaz, y responsable de los temas de inspección y vigilancia en el MEN), emitió un duro cuestionamiento en justificación a la baja calificación que se dio a Arboleda.
Las razones por las que Mineducación «raja» gestión de Arboleda en la U. de Antioquia
De esta forma, con el último decreto, se da pie a quienes vienen pidiendo la renuncia de Arboleda.
