Enero 27/26 Las cifras no mienten. 33 de las 34 universidades públicas del SUE no son autosostenibles y sin los recursos del Estado no pueden financiar debidamente su operación. Solo una se salva: La UNAD.
Así lo demuestra la Contraloría para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, en el informe “Sostenibilidad financiera de las universidades públicas colombianas años 2019-2024”, que confirma cómo el 97% de las instituciones analizadas no logran sostener su operación con recursos autogenerados.
Tras un análisis de las cifras financieras de estas universidades, mediante la evaluación de la composición de sus fuentes de financiación, la estructura de ingresos y gastos, los niveles de endeudamiento y el comportamiento del pasivo pensional, la Contraloría halló que en la relación entre ingresos y gastos, entre las universidades públicas del orden nacional y las del orden territorial, la única que tiene un saldo a favor es la UNAD. Todas las demás instituciones están en saldo rojo, siendo la que menos pierde la Universidad Militar, con 13.714 millones, y la del monto más negativo, la Universidad Nacional de Colombia, con 764.220 millones de pesos. En casos como Unisucre, por cada peso que recibe, ésta pierde dos.
El informe hace una radiografía de cómo los recursos del Estado -transferencias- son determinantes en la subsistencia de las universidades, confirma que los pasivos pensionales y el crecimiento de la nómina docente (derivada del Decreto 1279) son los principales determinantes de los altos egresos, y ratifica que no existe claridad en los criterios públicos para la asignación de recursos y, por ende, hay enormes asimetrías en las transferencias. No todas reciben lo mismo y el modelo inercial de la Ley 30 tampoco se refleja equitativamente en productividad.
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Para la Contraloría, “el Estado no ha proporcionado financiación suficiente para cubrir los costos de expansión de matrícula, infraestructura e investigación, generándose un déficit acumulativo que condiciona la viabilidad financiera y el aporte de estas instituciones al desarrollo del país”.
En conjunto, los resultados del análisis evidencian una fuerte dependencia de las transferencias nacionales, una distribución desigual de recursos entre universidades y una limitada capacidad de autofinanciación en casi todas las IES. La dependencia financiera también alimenta el debate sobre hasta dónde la autonomía está determinada por la financiación y si dejan de ser públicas las universidades que deben salir a buscar sus propios recursos por la disminución de los aportes estatales.
Por ello, los resultados del estudio invitan a revisar hasta dónde el Estado, pese a que ha aumentado los recursos a la educación superior pública, ha cumplido con su responsabilidad constitucional, también cuestionan la ausencia de criterios técnicos precisos y equitativos para que el Estado transfiera recursos, al tiempo que deriva en un cuestionamiento a la capacidad de gestión, gastos e inversión de parte de los directivos universitarios.
Según el ente de control, las políticas gubernamentales orientadas hacia la reducción de costos han exacerbado aún más la desfinanciación. La implementación de medidas de austeridad y la búsqueda de eficiencia operativa han presionado a las universidades para que se vuelvan más dependientes de fuentes de ingresos no estatales.
Según cifras del SUE (2024), entre los años 2015 y 2022, los ingresos propios de las universidades públicas están en el orden del 37 %; los de la nación se acercan al 50% y el 13 % restante se distribuye entre departamento, municipio y distrito.
A su vez, el endeudamiento de las universidades públicas se ha visto agravado por reformas como el Decreto 1279 de 2002, que vinculó el salario de los docentes con su producción académica, incrementando así los costos salariales. En este contexto, las universidades han tenido que buscar fuentes de financiación externas, como subsidios y donaciones, para cubrir sus gastos. Este modelo ha exacerbado los problemas de sostenibilidad a largo plazo, ya que la deuda acumulada y los costos operativos crecientes han generado riesgos significativos para la estabilidad financiera de las instituciones.
Enormes diferencias
Durante el periodo analizado por la Contraloría, los ingresos per cápita promedio oscilaron entre $525.777 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y $11.4 millones en la UNAL, lo que refleja marcadas disparidades en los recursos asignados por estudiante. Es decir, por cada peso que recibió la UNAD por estudiante, la UNAL recibió 21,7 veces esa cifra.
La UNAD presenta el patrón atípico más pronunciado: su promedio operacional es de 77,17%, mientras que los ingresos no operacionales alcanzan 21,53%, el valor más alto dentro del grupo. Esta composición refleja un modelo financiero caracterizado por una elevada participación de recursos complementarios derivados de actividades no misionales y de una operación administrativa y tecnológica distinta a la de las universidades presenciales.
En cuanto los egresos, mientras que a la UNAL cada estudiante le cuesta 27,93 millones por estudiante (con un déficit de 16 millones de déficit por estudiante), en la Universidad de Antioquia UDEA la cifra sube a 29,07 millones, mientras que en la UNAD esto es de solo 3,11 millones.
La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) también muestra una estructura diferenciada, con 80,14% de ingresos operacionales y un 19,86% de ingresos no operacionales, situándola como la segunda institución con mayor diversificación dentro del orden nacional.
Entre casos preocupantes pueden mostrarse, entre otras, universidades enormemente dependientes de los ingresos operacionales, como la Universidad Popular del Cesar- Unicesar (98,84%), la Universidad Tecnológica del Chocó- UTCH (98,45%), la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC (97,94%), la Universidad de los llanos- Unillanos (97,87%) y la Universidad de la Amazonia- Uniamazonía (97,65%). Estas instituciones mantienen niveles muy bajos de ingresos no operacionales, generalmente inferiores al 3%, lo que indica modelos financieros más rígidos y dependientes de la operación misional.
En el caso de las regionales se destacan la Universidad Francisco de Paula Santander – Sede principal Cúcuta UFPS (99,29%), Universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña- UFPSO (98,79%), Unitrópico (98,44%) y Universidad del Valle- Univalle (98,3%). En estas instituciones, los ingresos no operacionales y otros tienen participaciones muy reducidas, en estos casos también se evidencia una mayor dependencia de la operación misional.
En relación con los gastos de nómina, el porcentaje de participación de este frente a los gastos totales es del 54,5% en promedio; de los cuales se distribuyen en administrativos con 52,6%, docentes 25,7%, directivos 15,2% y 5,4% a otros no especificados.
La situación promedio de las universidades indica que estas apenas dedican, en promedio, el 13 % de sus recursos para inversión, mientras que en la UNAD estos llegan al 45 %. Por eso, concluye el informe de la Contraloría, “resulta pertinente analizar modelos diferenciados, como el de la UNAD, que ha logrado ampliar de manera significativa su cobertura mediante estructuras financieras
relativamente más eficientes. Si bien esto no implica que dicho modelo constituya una recomendación de la CGR, sí representa un caso valioso para identificar aprendizajes y buenas prácticas que puedan contribuir a optimizar los costos de la educación superior en el país”.
Clic para descargar el informe de la Contraloría
