Enero 26/26 IES públicas y privadas tradicionalmente mueven sus recursos a partir del incremento del salario mínimo, que generalmente coincidía con el IPC. Pero para 2026 el gobierno definió que el mínimo fuera cuatro veces el IPC, y eso traerá un preocupante desfase al sector.
Pese a la celebración que ha hecho Mineducación de los nuevos recursos que tendrán las IES públicas los recursos adicionales que recibirán por la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, ya se sabía que estos eran un paño de agua tibia, pues no cubrían todo el déficit del sector. Y eso antes de la decisión del presidente Petro de decretar un aumento del salario mínimo del 23,7%, cuando las matrículas se incrementaron alrededor del 5,1%, que fue el IPC de 2025.
Eso en las públicas. En las privadas la situación es más complicada aún, pues llevan tres años de abandono estatal en cuanto a políticas de fomento, y no cuentan con ayuda financiera alguna del Estado.
En ambos sectores la situación se torna compleja.
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| Pero más en el privado. La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET es la primera asociación del sector que alerta sobre esta situación. En un comunicado, suscrito por su director ejecutivo -Lorenzo Portocarrero (foto)- se ha advertido que ante el nuevo escenario de desbalance (IPC vs. salario mínimo) se “compromete seriamente la estabilidad financiera de las IES privadas”.
En general, la nómina de las IES (especialmente los salarios del personal administrativo, y docente) representa el mayor peso financiero de sus presupuestos, y tradicionalmente sus incrementos están atados al aumento del salario mínimo, con lo que el muy alto aumento decretado por el gobierno podrá traer, entre otras, algunas de las siguientes previsibles situaciones: |
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Primero, que se congelen muchos altos salarios de directivos (aquellos que superan el salario mínimo legal vigente), golpeando aún más la tasa de compensación de los trabajadores universitarios, que de por sí ya viene golpeada en el sector desde la pandemia. Eso llevó a que muchas IES vinieran incrementando muchos cargos con salarios mínimos, o salarios levemente por encima del mínimo, pero que con el incremento del 23% pasaron a ser absorbidos y quedarán con el nuevo salario mínimo.
Otra opción, es la reducción de plantas administrativas y docentes, para poder compensar el alto costo de la nómina con el aumento del salario mínimo, lo que no solo afectará el clima laboral de las IES, sino también la calidad educativa. Advierte ACIET que podrá haber reducción de inversiones estratégicas en áreas cruciales como la investigación, el fomento de la innovación, la internacionalización, la actualización de infraestructura tecnológica y el bienestar institucional. Estas inversiones son fundamentales para formar el capital intelectual que el país requiere y para mantener la competitividad en un entorno globalizado.
Igualmente, afectación al acceso y la permanencia, pues, señala ACIET, “para equilibrar sus finanzas, las instituciones podrían verse forzadas a reducir becas, auxilios, apoyos financieros y otros programas de ayuda estudiantil. Esto impactaría directamente a los estudiantes, especialmente a aquellos de menores recursos, dificultando su acceso y permanencia en el sistema educativo, con el fatídico impacto en la disminución de cobertura”.
¿Y el impacto sobre la matrícula?
El sector se halla desconcertado frente a su estructura presupuestal para este año.
Cuando se conoció el aumento del salario mínimo, los consejos superiores y directivos de las IES ya habían definido valores de matrícula para 2026 a partir del IPC, como se acostumbra y dice la norma, y muchas ya habían comenzado a cobrar matrículas.
Es decir, globalmente pueden estarse golpeando muy fuerte en sus finanzas. Mientras que sus ingresos por matrícula (que en algunas son casi la totalidad de sus ingresos) se proyectó para subir entre un 5 y 6 %, la nómina de las IES deberá subir, en todos los casos de empleados con salario mínimo y un poco más, cerca del 23 %, sin contar lo que subiría si se decide incrementar lo mismo a los altos directivos.
La dificultad aumenta en aquellas IES que, por estatutos o política interna, tienen definido el incremento del valor de la matrícula atado al aumento en el salario mínimo. Por un lado tendrían un serio problema con la reacción de los estudiantes y el comportamiento de la matrícula si la suben el 23 %,y por otro, deberán buscar figuras jurídicas para justificar incrementos menores.
El valor de la matrícula cero, que aplica en las IES públicas, también traerá impactos, bien a las finanzas de las IES como de las finanzas del propio gobierno nacional.
El primer caso público conocido es el de la Universidad Industrial de Santander UIS, cuyo Consejo Superior, en búsqueda de prudencia, pero sin certeza jurídica ni política, decidió aprobar “medidas transitorias y excepcionales orientadas a mitigar el impacto que el reciente incremento del salario mínimo vital tendría sobre diferentes conceptos económicos asociados a la vida universitaria”.
Lo anterior dado que sus matrículas de pregrado y posgrado, otros pagos que efectúan los estudiantes y algunos beneficios y apoyos socioeconómicos institucionales, se encuentran atados normativamente al salario mínimo.
Así, las UIS decidió que, de manera transitoria, los incrementos en matrículas (especialmente para aquellos estudiantes no beneficiarios de matrícula cero) y en determinados costos pecuniarios se calcularán con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más dos (2) puntos porcentuales, en lugar de aplicarse directamente sobre el salario mínimo. Esta medida representa un ajuste del 7,1 %, frente a un incremento cercano al 23 % que se habría generado de mantenerse el esquema ordinario.
La UIS da a entender que soporta sus finanzas con un incremento de 7.1 %, pero esto no es igual en todas las demás IES.
Habrá muchos más impactos, aún no medidos. Aunque el gobierno apuesta por sostener la educación pública, sus finanzas son muy débiles y el propio presidente ha hablado de la posibilidad de recortar recursos a la educación si las Cortes no avalan sus decisiones económicas.
“La construcción de un país más equitativo no puede hacerse a costa de la inviabilidad de sus instituciones”, ha advertido ACIET. “El futuro de Colombia depende de la fortaleza de su sistema educativo, y la sostenibilidad es una responsabilidad compartida, por ello se debe consensuar y buscar a toda costa un equilibrio entre la Equidad Social y la Sostenibilidad Sectorial”.
