Enero 26/26 Al gobierno del presidente Petro se le pueden cuestionar muchas cosas, pero debe reconocérsele que es el que más recursos ha buscado para la educación pública. Pese a ello, sus actos confirman que el Ejecutivo no da el valor social y político esperado del conocimiento obtenido a través de la formación académica.
Esto demuestra un sesgo técnico político de cómo entender la educación superior como un patrimonio social y un fundamento para la toma de decisiones, con rigor, en la gerencia pública. Los recursos son importantes y necesarios, pero por sí solos no garantizan una sociedad del conocimiento. El aumento de la cobertura debe ir relacionado con respuestas, en la ley y las alianzas del estado y el sector productivo, para garantizar el empleo y las apuestas científicas del país.
Detrás de la formación académica de la población, ésta espera un reconocimiento salarial digno y que justifique el trabajo y el tiempo que demanda la educación, pero también el compromiso del gobierno con un proyecto de país de mediano y largo plazo, el cual solo es posible con áreas estratégicas de conocimiento claramente definidas, líneas de investigación soportadas y señales de respaldo del Estado hacia la educación.
Una relación de conductas y políticas del actual gobierno (entre 2022 y lo corrido de 2026) confirman lo que el diario El Colombiano ha llamado “el desprecio de Petro por el conocimiento” para definir cómo “bajo la consigna de que todos deben tener las mismas oportunidades, se ha instalado un discurso que, si bien busca ampliar el acceso a espacios de poder, ha terminado por profundizar una discusión de fondo sobre la meritocracia, los conocimientos específicos y la trayectoria profesional que debería exigirse para ocupar cargos estratégicos del Estado”.
“En puestos donde se toman decisiones de políticas públicas, recursos estatales y líneas estratégicas de Gobierno, el conocimiento especializado no debería ser un valor accesorio, sino un criterio central y fundamental en todas las dependencias del Ejecutivo. No obstante, en esta administración —a la cual le quedan siete meses ocupando los pasillos en Palacio—, hay varios casos en los que estos principios se han saltado y ha primado la trampa por encima del mérito”. Eso se confirma en la práctica con algunos de los siguientes polémicos silencios y decisiones del Ejecutivo.
1) Reducción de requisitos que existían, especialmente de formación académica y de dominio de otro idioma, para los embajadores de Colombia.
2) Eliminación de requisitos de formación académica y de tiempos de experiencia, en los manuales de funciones de muchas entidades públicas, para justificar la vinculación de políticos sin titulación universitaria a los máximos cargos de dirección.
3) El silencio, la demora y casi negligencia del Ministerio de Educación Nacional para investigar, sancionar y enviar un fuerte mensaje de rechazo a prácticas antiacadémicas e ilegales de instituciones como la San José y la titulación de profesionales sin el cumplimiento pleno de requisitos de estudio para grado, como sucedió con el caso de Juliana Guerrero.
4) La mayoría de congresistas del Pacto Histórico, movimiento político de respaldo al presidente Petro, carecen de formación universitaria. Si bien la ley lo permite, no es casual que un buen número de estos han sido sancionados por ausencias, desconocimiento de procesos y técnica legislativa, proyectos de ley populistas pero jurídica y presupuestalmente inviables, y hasta casos de corrupción.
5) Aunque desde el comienzo el gobierno promovió una supuesta convocatoria de colombianos con doctorado, para darles dignidad y promover su estudio, en la práctica esto no se llevó a cabo.
6) La muy alta rotación de ministros ha dejado como saldo muy pocos de estos caracterizado por altos niveles formativos y experiencias. La mayoría vienen de sectores diferentes a aquellos en los que se han formado, tales como un exministra de Minas con un doctorado en filosofía; un ministro de la Igualdad con sólo título de bachiller; una vicepresidenta sin formación superior; y hasta un ministro de Educación que reprobó la sustentación de su tesis de maestría.
7) La forma como han salido muchos altos funcionarios del alto gobierno enfrentados por llevarle la contraria al presidente de la República, demuestran el mal ejemplo de no permitir el ejercicio intelectual y argumentativo de debatir políticas públicas. Este desconocimiento del criterio técnico y académico se ha replicado en varios ministerios, de los que han salido valiosos funcionarios porque su superior impone una mirada, sin importar razones.
8) La altísima rotación de ministros y altos directivos del Estado (por ejemplo, de viceministros en Minciencias) van en contravía de una apuesta seria, rigurosa y técnica fundamentada en el conocimiento.
9) El desconocimiento del Estado de la educación superior privada como piedra angular para consolidar un capital intelectual social. Parece como si lo importante no fuera el conocimiento sino el título público.
10) La falta de sanciones ejemplares de parte de Mineducación de aquellos casos de funcionarios públicos que han disfrutado de beneficios del Estado a través de faltos títulos.
11) La opacidad del gobierno para permitir que la opinión pública conozca, a tiempo y completamente, las hojas de vida de los aspirantes a cargos públicos.
12) El ya común discurso presidencial y gubernamental de defender estas prácticas justificándolas como acusaciones de la oposición, sin permitir el serio debate público al respecto.
