Enero/26 Para Lopera, director de universidad.edu.co, si bien es escandaloso lo de la Fund. San José, es peor el silencio cómplice de Mineducación y la indolencia de un sector que cohonesta que la política y el negocio se beneficien y destrocen la autonomía, la calidad, la flexibilidad y virtualidad, entre otros.
Cuando se creía que la situación de la San José podría ser un caso aislado como el de Juliana Guerrero, aparecieron luego dos o tres casos más, pero en los últimos días arreciaron las denuncias (especialmente de la representante Catherine Juvinao, a quien se le hace agua la boca por la papaya que le está dando su enemigo político, el ministro Rojas), que relacionan más de 20 casos de personas que, vinculadas al actual gobierno nacional, se habrían titulado sin haber presentado debidamente las pruebas Saber Pro y varias de ellas con dos, tres y hasta cuatro títulos profesionales en muy poco tiempo, como si conseguir un pregrado fuera un asunto exprés y facilísimo.
Lea: Crece el escándalo de la Fund. San José y sus titulados sin Saber Pro, pero por ahora “no pasa nada”
Esto reconfirma lo que se sospecha de esta IES: Que se convirtió en una “lavandería” de títulos profesionales para que, especialmente contratistas del actual gobierno, puedan acceder al sector público. Maltratando y aprovechándose indebidamente de la autonomía universitaria, diseñó un modelo de flexibilización tan amplio que puede estar rozando los límites de la mediocridad formativa. Al fin y al cabo, no deja de ser significativo que de 267 IES que presentaron resultados institucionales de Saber Pro en 2024, la San José hubiera quedado en el lugar 239.
Pero más allá de la responsabilidad legal, social, ética, académica y directiva que le cae al dueño de esa Institución, Francisco Pareja González, a su familia y a los directivos que cohonestaron con un alejamiento de las normas esenciales de la prestación del servicio educativo, y que el mercado castigará en el mediano plazo, lo más preocupante es el silencio cómplice del Ministerio de Educación Nacional, que ha pasado de agache en el tema, pese a sus tibios comunicados con los que, en últimas, demuestra más interés en echar tierra al tema que en sancionar a una IES que “se sacrificó” para titular a allegados al Gobierno.
Aunque el Ministerio dice que está investigando (!desde hace meses!), sorprende su tono pues esa misma cartera se ha caracterizado, con este gobierno, por desconocer muchas normas básicas del estado normativo de la educación superior y por aplicar sanciones sin mayor oportunidad de hacer análisis técnicos y jurídicos (si no, baste recordar únicamente lo que ha hecho en las universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, del Atlántico, Pacífico y Chocó, entre otras).
Curioso, el Ministerio de Educación se ha metido con universidades grandes, muchas de ellas públicas, a las que tanto dice defender, pero calla ante una IES tecnológica, de tamaño pequeño, y con explícitas demostraciones de vulneración de elementos esenciales de la academia.
El problema de fondo va más allá de cuántos y quiénes son los funcionarios públicos que, sin los requisitos legales que soporten su titulación profesional, están ejerciendo o buscan ser nombrados por este gobierno; ni en el sospechoso silencio del Ministerio y hasta del propio presidente de la República; ni que una IES (supuestamente una organización intelectual, moralmente responsable de la formación de otros), venda sus principios académicos esenciales a cambio de algunos contratos con el Gobierno y más matrículas.
El real problema de fondo está en que esta situación demuestra la debilidad de nuestro sistema de educación superior, carente de reales pesos y contrapesos, y de líderes de opinión que muevan efectivamente la crítica y la autoreflexión. De existir, ya se hubiera dado el retiro de estos directivos, la multa o cierre de esa IES y hasta la condena social al Estado por su inacción. Pero no. En Colombia, cada escándalo que proviene de este Gobierno hace olvidar al anterior, y aunque se pierdan los detalles en la memoria, el subconsciente de la opinión pública tiene claramente marcado que el Ministerio no controla, o solo lo hace a su conveniencia; que las IES privadas son un negocio y hacen lo que quieren con su autonomía; que la flexibilidad (reconocimiento de estudios, periodos de menor duración…) se volvió una estrategia mercantil más que académica, y que la virtualidad favorece una cómoda titulación, pero no garantiza calidad.
Esos son los peligrosos imaginarios que se están consolidando entre la opinión pública, porque el mismo sector (léase Ministerio, IES y asociaciones, entre otros) calla, y cuando la lluvia ha mojado todo, sus “líderes” salen con un paraguas a decir, en lacónicos comunicados, que debe respetarse la autonomía universitaria, que se requieren más recursos para la educación, que la calidad es esencial para el desarrollo del país, que la flexibilidad es necesaria… y, en últimas, que estos “errores” hay que olvidárseles del todo.
La ejemplaridad esperada en una sanción a la San José no es un tema político ni de revanchismo. Es una elemental cuestión de hacer respetar la ley, de evitar que el esfuerzo y el mérito académico sean burlados, y de defender que la educación superior mantenga su dimensión como madre nutricia del intelecto social y no se convierta en un entramado más de venta de cartones.
