Feb 9/26 La Sección Quinta del alto tribunal dejó en firme las reformas estatutarias de la Universidad del Magdalena, estableciendo un precedente fundamental sobre los alcances de la autonomía universitaria en la definición de sus propios regímenes electorales y de permanencia en el cargo.
En un fallo de segunda instancia que pone punto final a la disputa jurídica, el Consejo de Estado confirmó la legalidad de los cambios en los estatutos de la Universidad del Magdalena, que permitieron la segunda reelección rectoral de Pablo Vera Salazar para el periodo 2024-2028.
La decisión no solo resuelve un conflicto local, sino que envía un mensaje de “blindaje” a los Consejos Superiores de las universidades públicas: la autonomía universitaria, protegida por el artículo 69 de la Constitución, faculta a las instituciones para determinar sus requisitos de postulación y la extensión de los periodos de mando, siempre que se respeten los cauces democráticos.
La esencia del fallo: Autonomía sobre alternancia
El Consejo de Estado desestimó el argumento de que la ampliación de la reelección atenta contra la alternancia democrática. El tribunal aclaró que, en el marco de la Ley 30 de 1992, las universidades gozan de una potestad de autorregulación que les permite adaptar sus normas a sus necesidades institucionales.
Según el fallo, exigir requisitos específicos —como experiencia administrativa exclusiva en educación superior— o permitir un tercer mandato no son medidas discriminatorias ni “trajes a la medida”, sino expresiones de la libertad de configuración normativa de cada institución para garantizar la idoneidad en la dirección.
El caso Unimagdalena: Un conflicto con trasfondo electoral
El proceso jurídico que derivó en esta sentencia fue impulsado por el ciudadano Calixto Liñán Felipe, quien fuera candidato a la rectoría en el proceso electoral de 2020, donde resultó perdedor frente al actual rector, Pablo Vera Salazar (foto).
Liñán demandó la nulidad del Acuerdo 011 de 2021 (Estatuto Electoral) y del Acuerdo 016 de 2023 (Estatuto General), argumentando que las reformas habían sido diseñadas para favorecer la permanencia de la actual administración. Entre los puntos más polémicos cuestionados estaban el aumento de dos a tres periodos posibles de reelección y la exigencia de que, de los 5 años de experiencia administrativa requeridos, al menos 3 fueran en el sector de educación superior.
Asimismo, decía que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han precisado el alcance de la figura de la reelección y que aquella es restringida en los principales cargos del Estado. Además, que la autonomía universitaria no puede constituirse de manera absoluta frente a los principios esenciales que rigen la Constitución Política.
Cronología de una batalla jurídica cerrada
El camino procesal permite entender la firmeza de la decisión actual:
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Diciembre de 2023: La Universidad publica las reformas estatutarias tras un debate en el Consejo Superior que, según la institución, fue motivado por solicitudes de los gremios sindicales y profesorales.
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Octubre de 2025: El Tribunal Administrativo del Magdalena profiere sentencia de primera instancia negando las pretensiones de Liñán, al no encontrar pruebas de vicios de procedimiento o de desviación de poder.
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22 de enero de 2026: La Sección Quinta del Consejo de Estado, bajo la ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y la presidencia de Sala de Gloria María Gómez Montoya, confirma el fallo del Tribunal, y reitera que la autonomía universitaria contempla la garantía de que las universidades, y en general las instituciones de educación superior, como los institutos técnicos y tecnológicos, puedan darse sus propias autoridades y que la reforma de los estatutos es exclusiva del órgano de gobierno.
Los impactos para el sistema universitario
La sentencia es de segunda instancia y definitiva, advirtiendo explícitamente que contra ella no procede recurso alguno. Esto deja tres lecciones claras para el sistema de educación superior en Colombia:
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Validez de la Reelección: Se ratifica que no hay una prohibición constitucional para que una universidad pública establezca en sus estatutos periodos de reelección adicionales, siempre que el proceso sea transparente.
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Requisitos Técnicos: Se avala la autonomía para exigir perfiles de alta especialización (experiencia en educación superior) para el cargo de rector, cerrando la puerta a interpretaciones que tildaban estas exigencias de “excluyentes”.
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Seguridad Jurídica: El fallo otorga tranquilidad a los Consejos Superiores para liderar reformas estatutarias sin el temor de que la simple ampliación de periodos sea vista como una violación a la ley.
