Feb 11/26 Mineducación anuncia las “más altas medidas administrativas y sancionatorias contra la Fundación San José”, y revela irregularidades no conocidas por la opinión pública, aunque los críticos del Ministerio cuestionan su intención real de actuar y sancionar.
La presión mediática y el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de imputar a Juliana Guerrero y al exsecretario general de la San José llevó al MEN a formular pliego de cargos a la rectora, en una actuación que no responde, con la celeridad que ha tenido el Ministerio en otras circunstancias, a lo que el país espera.
Cinco meses después de iniciado el escándalo de la Fundación de Educación Superior San José, relacionado con la dudosa titulación de la entonces aspirante a viceministra de juventudes, del Ministerio de la Igualdad, Juliana Guerrero (designada del presidente Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, y a quien el primer mandatario se sostiene en su decisión de tenerla en esa posición), no se conocen los reales resultados ni sanciones de parte del Ministerio de Educación Nacional a esa IES por otorgar títulos universitarios sin el lleno de requisitos de ley, especialmente porque Guerrero se graduó sin haber presentado el examen Saber Pro.
Más allá de la naturaleza política del escándalo, por tratarse de una persona muy cercana al presidente de la República, el mismo ha escalado tras diversas denuncias de que ese no fue el único caso, y ya hay documentados más de dos decenas de situaciones similares y, al parecer, la San José se habría prestado para graduar masivamente a personas, muchas de las que luego se vincularon como contratistas en diversas entidades del actual gobierno. Se habla de más de mil egresados.
Las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao han sido las dos mas activas denunciantes y críticas de lo que pasa en la San José, en un escándalo que tiene sorprendido al sector, aunque éste no se pronuncia, sobre el que el alto gobierno ha guardado silencio, a tal punto que en la opinión pública existe la sensación de que parece que hay “complicidad” entre la IES y el gobierno.
La situación ha tomado un nuevo aire luego que a Fiscalía General de la Nación anunció imputará cargos penales contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez (exsecretario general de la Fundación San José, quien renunció por dicho escandalo al reconocer su responsabilidad en la situación de expedición de títulos sin Saber Pro en la Fundación Universitaria San José.
La decisión de la Fiscalía estaría acompañada medida de aseguramiento privativa de la libertad con detención domiciliaria contra los dos procesados, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Mineducación y sus “más altas medidas administrativas y sancionatorias contra la Fundación San José”
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, y tras semanas de silencio o declaraciones tibias, sin resultados concretos, el Ministerio de Educación Nacional salió a decir que “adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo”.
La cartera educativa señaló que tras una etapa de indagación y recolección de información, que incluyó visitas administrativas, revisión documental y verificación de expedientes académicos, abrió formalmente una investigación de inspección y vigilancia, que lleva a la decisión de ordenar la vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución, que se traducen en que la IES deberá formular e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos, y que se designa una inspectora in situ que permanecerá en la institución acompañando y verificando el cumplimiento de las medidas ordenadas.
En los anuncios del Ministerio sobre las fallas de la IES, se conoció algo nuevo, y es que ésta no sólo expidió títulos sin verificar, sino también ofertó programas académicos sin autorización, que ha realizado posibles pagos a docentes por debajo del mínimo legal y que no ha reportado la información obligatoria al SNIES.
Pliego de cargos contra la rectora y el exsecretario general
Adicionalmente, el Ministerio anunció que formuló pliego de cargos contra la institución, contra la psicóloga y rectora Romelia Ñuste Castro (esposa del fundador, Francisco Pareja) y contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general, por presuntos incumplimientos graves relacionados con la expedición de títulos sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.
“Se prevé que los resultados de esta etapa sancionatoria se conozcan dentro de los próximos dos a tres meses”, dice el Ministerio.
El Ministerio aclara que estas medidas no implican el cierre de la institución, la Fundación San José puede continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas. Los estudiantes no pierden sus estudios ni sus avances académicos, el objetivo es proteger sus trayectorias educativas, garantizar la validez de los títulos y asegurar condiciones de calidad.
Aumentan las dudas sobre el caso San José
Mientras que la IES intenta limpiar su imagen y públicamente dice que la imputación -de la Fiscalía- es el resultado de la contribución que han hecho con todas las autoridades del Estado, y que hizo un proceso de auditoría interna con el propósito de realizar “una revisión minuciosa de sus procesos institucionales”, las dudas sobre hasta dónde llega la situación se mantienen.
Pedraza tuvo que recurrir a una tutela para lograr que la IES le entregara información de más de mil graduados, porque quiere validar cuántos son los casos similares a los de Guerrero.
Las congresistas, medios de comunicación y, en general, el sector aún se preguntan por qué el Ministerio de Educación no ha actuado con la San Martín con la misma celeridad y diligencia que ha expresado en otros casos de inspección y vigilancia, habiendo testimonios y pruebas contundentes.
Para Pedraza con la medida del Ministerio “no hay toma de activos ni sustitución de las directivas de la San José”, mientras que para Juvinao “las medidas más drásticas incluían una intervención en la universidad: remoción de directivas y toma total del control por parte del Ministerio. Pero como esta institución tiene amigos en el Gobierno, se limitaron a pedirle a las mismas directivas corruptas que por favor mejoren. Increíble”.
Vale recordar, por ejemplo, que muy rápidamente el Ministerio de Educación logró “voltear” la rectoría de la Universidad del Atlántico para provocar la salida de Leyton Barrios y la designación, directa por parte del Ministerio de Rafael Castillo Pacheco; o en la Universidad de Antioquia actuó retirando del cargo a John Jairo Arboleda para poner un rector cercano, y así mismo el Ministerio ha actuado rápidamente en casos como la Universidad Tecnológica del Chocó o la Universidad del Pacífico.
“Este tipo de medidas no se toman a la ligera como usted candidata quisiera y menos se toman a demanda de su campaña política. Mi trabajo no puede supeditarse a su urgencia electoral. Si le queda tiempo en estos días de búsqueda intensa de votos podrá averiguar y entender que el proceso de la U de Antioquia está respaldado por meses de trabajo, de medidas rigurosas y con absoluto respeto al debido proceso”, respondió el ministro a Pedraza.
Desde el Ministerio también señalan que están acatando el debido proceso y que los deseos de las congresistas deben estar ajustados a lo que dice la Ley 1740, de inspección y vigilancia, y la “toma de posesión” no está considerada en la Ley
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En la foto, durante una de las ceremonias de entrega de títulos de la San José, en 2025, en Barranquilla, aparecen, de izquierda a derecha, la rectora Romelia Ñuste Castro, el fundador Francisco Pareja, y el entonces secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Ramírez.
