Feb 11/26 ASCUN presentó su documento técnico sobre el estado y expectativas para los aspirantes al Ejecutivo y Legislativo próximos. Hace un buen diagnóstico del sector y solicitudes de acción para su mejora, aunque no menciona toda la realidad y no es claro si los políticos lo entenderán.
El documento, titulado “Propuestas de ASCUN para el próximo Gobierno y Congreso de la República 2026-2030. Educación superior: una apuesta intergeneracional por Colombia”, responde a la tradición de la Asociación Colombiana de Universidades de tener un documento base que sirva a los rectores de ASCUN para tener una interlocución con los aspirantes y, en lo posible, incidir sobre la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de educación superior, y que deberá construirse para el nuevo periodo presidencial.
El documento, de 45 páginas, ilustra el estado de la educación superior en el país, sus cifras, expectativas y necesidades, y si bien es de fácil comprensión para los actores del sector, no lo es tanto para los políticos. Corre el riesgo de resultar denso y complejo en su interpretación, diagnósticos y propuestas. Incluso no es claro a qué se refiere con la “apuesta intergeneracional por Colombia”.
El mensaje general causa sensaciones encontradas, que van desde el optimismo y orgullo por los avances y resultados del sector, hasta pesimismo y desconsuelo por todo lo que, a juicio del equipo técnico de ASCUN, hace falta y se constituye en retos para el nuevo gobierno.
Los planteamientos guardan coherencia con los que tradicionalmente ha venido haciendo la Asociación (léase, por ejemplo, el documento de 2022) en cuanto a estructura del sistema, su fragmentación y necesidad de mayor articulación, el llamado a asignar más recursos, a fortalecer el sistema mixto, a reconocer la educación superior como un derecho, a dar más recursos a las IES, a favorecer la integración con ciencia y tecnología y a una mayor flexibilidad, entre otros. En esta ocasión, hay un particular interés de insistir en el reconocimiento del sistema público – privado (representado por IES de ambos sectores en ASCUN, pero muy especialmente por las privadas), e incluir temas relativamente recientes para las universidades, tales como inteligencia artificial, los nuevos modelos de gobernanza, la ciberseguridad, la oferta extranjera, los nuevos ámbitos del bienestar y las microcredenciales, entre otros.
Un momento complejo para la educación superior
Es un hecho que, a diferencia de hace 4 y 8 años años, en la actual contienda política la educación superior no es prioritaria en la agenda de los candidatos. Los sondeos electorales y de pulso de país señalan que las preocupaciones de la opinión pública están priorizando temas como corrupción, salud y seguridad, y que aspectos como acceso y calidad educativa pasaron a segunda página, superados por muchas más preocupaciones del país.
Además, no lo dice el documento, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que el sector demanda más recursos, en los últimos cuatro años la educación superior pública recibió una muy importante inyección de recursos y que la educación es la que más ha recibido aportes del presupuesto nacional, pero que la situación fiscal que recibirá el próximo gobierno será muy apretada, y que le será muy difícil a los próximos mandatarios seguir manteniendo ese ritmo de aportes cuando la crisis de la salud, del agro, la seguridad, el campo, la deuda pública y las pensiones, entre otros, presionan políticamente la reorientación del presupuesto público.
Pese a eso, ASCUN dice que quienes aspiren a gobernar a Colombia “hoy más que nunca deben asumir con convicción el imperativo de dar prioridad a la educación”.
Una invitación poco comprensible, desafiante y asustadora
Además del actual escenario nacional y su complejidad política y económica, los aspirantes a la Presidencia y al Congreso de la República (la gran mayoría sin experiencia en el sector, salvo la de haber sido estudiantes o, si acaso, docentes), encuentran unos llamados a la acción por parte de ASCUN sin orientación a cómo hacerlo, y con textos grandilocuentes, de no fácil comprensión para un político, que espera hechos precisos, cifras de respaldo y acciones exactas (¿qué, cómo, cuándo y dónde?).
Pero los rectores de ASCUN invitan a los políticos a “construir una nueva visión de la educación superior” cuando el sector ni siquiera tiene una definida; proponen “avanzar hacia la consolidación de un Sistema Nacional de Educación con enfoque de derecho, bien público, aprendizaje a lo largo de la vida y corresponsabilidad social” y hablan de “una nueva gobernanza intersectorial e intergeneracional”, sin entenderse qué significa exactamente todo esto; asimismo piden al nuevo gobierno “reconocer y resaltar el papel de la educación superior como espacio de encuentro para enfrentar los desafíos de país de manera colaborativa y sostenible”, como si eso no se diera o tuviera que ser responsabilidad de los políticos y no de los directivos universitarios.
Por si fuera poco, ASCUN pide a los políticos, para dar un enfoque intergeneracional en la educación superior, “transformaciones normativas, institucionales, pedagógicas, financieras y culturales”, a través de llamados genéricos en temas polémicos como, por ejemplo, una reforma estructural de la Ley 30 de 1992, la adecuación del sistema de aseguramiento de la calidad y el fortalecimiento para que la educación superior se articule al desarrollo territorial y regional.
Su larga enumeración de acciones a emprender se complementa con:
– Fortalecer las políticas de acceso, cobertura y permanencia
– Definir un modelo integral y sostenible de financiamiento del sistema mixto
– Transformar la gobernanza del sistema
– Reorientar el sistema de aseguramiento de la calidad
– Desarrollar políticas integrales de bienestar
– Impulsar una agenda estratégica de transformación digital y adopción ética y soberana de la inteligencia artificial
– Fortalecer la internacionalización como política de Estado
Si los rectores, que viven el día a día del sector, no responden con el cómo, ¿qué podrán opinar los políticos?. Además, llama la atención que pidan al próximo gobierno acciones como “posicionar a las IES como actores con liderazgo en el desarrollo regional, promoviendo redes de conocimiento con comunidades y gobiernos territoriales; generar mecanismos y programas de apoyo al bienestar integral de las comunidades educativas, que permitan abordar los nuevos retos que enfrentan las comunidades académicas y los ethos institucionales; y promover el rol estratégico de las IES en la cuarta revolución industrial, para desempeñar un papel activo en la formación de talento humano, la generación de conocimiento, el cierre de brechas digitales y la consolidación de la soberanía tecnológica del país”…entre otras, y que deberían ser resultados de su autonomía universitaria y no de una decisión del Ejecutivo.
En aras de la debida comprensión que deben tener los próximos congresistas y gobierno, bien valdría la pena contextualizarlos en realidades tales como que se recibirá una mayor presión de parte de las universidades del SUE, cuando deban sostener muchas de las infraestructuras que el gobierno saliente les dio, incluidas las propiedades entregadas por la SAE; que las mismas IES públicas no articulan servicios, admisiones, softwares, bases de datos y servicios de bienestar, entre otros, causando sobrecostos operativos al sector; que se volvió costumbre hablar de una “deuda histórica” del Estado con la universidad pública, cercana a los 20 billones de pesos, pero cuya memoria de cálculo y objetivos de inversión no han sido discutidos sectorialmente; que la inequidad presupuestal y el clasismo académico y social maltratan a muchas IES por el solo hecho de no ser universidades; que no es lógico el porqué IES públicas TyT reciben tan pocos recursos si titulan igual que las universitarias; que ha sido imposible poner de acuerdo a todos los rectores en los temas neurálgicos del sector, y que si bien la cobertura debe ser lo más amplio posible, no es claro si seguir creciendo de esta forma es la solución, y seguir permitiendo la libre competencia para abrir y abrir programas (especialmente en las privadas) se considera el camino.
Finalmente, es claro, como dice ASCUN y la realidad de los últimos gobiernos lo ha demostrado, que “la educación superior no puede seguir dependiendo del ciclo político: debe convertirse en un eje estructural del proyecto de país”, pero para ello es esencial que los rectores del sistema (no sólo los casi 100 de ASCUN, de los los 300 del sector) se articulen, trabajen en equipo y definan los cómos, en vez de esperar a ver qué se le ocurre al próximo Ministro(a) de Educación.
