Abril 17/26 La tradicional Fundación Universidad Autónoma de Colombia FUAC está más cerca de desaparecer que de revivir. Sin salud financiera, cada vez menos propiedades y acaso 100 estudiantes (según fuentes internas), el Ministerio de Educación sólo se limita a extenderle los institutos de salvamento.
Esto, para evitar que si se levanta esta medida de protección, inmediatamente lleguen los bancos, profesores y personal administrativo -incluidos pensionados y sindicalizados- a quienes se les deben créditos, salarios y prestaciones sociales y los proveedores a quienes se les deben dineros a embargar los pocos activos que queden.
¿Crónica de una muerte anunciada?
Esta privada universidad, fundada en 1971, que a mediados de los años 90, alcanzó a tener 8 mil estudiantes y con algún prestigio en su pregrado de derecho (hoy inexistente), lleva una muy larga agonía, derivada -especialmente- de errores en su gestión, distribución del poder en las familias y allegados a los fundadores, costosas convenciones colectivas e incapacidad de reaccionar a los cambios del sector y del sistema.
Más de una década lleva esta universidad desapareciendo lentamente del sector. Cada vez con menos estudiantes y menos registros calificados activos. Oficialmente no ha reportado alumnos en el último año, pese a que aparece con 8 pregrados activos y 16 posgrados, pero la mayoría de ellos ya no están operando. “Los pocos que quedan -confirma una fuente de El Observatorio de la Universidad Colombiana– tienen cursos con 1 y 2 estudiantes, que mezclan con otros, sin rigor, y de forma virtual, aunque son registros presenciales”.
¿La intervención ha alargado la agonía?
En 2019, cuando comenzó la intervención formal del Ministerio de Educación Nacional en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC) bajo el amparo de la Ley 1740 de 2014, el panorama ya era muy complicado.
La Resolución 5766, del 06 de junio de 2019, evidenció la progresiva disminución de los ingresos operacionales, una escasa solvencia o capacidad de pago frente a sus obligaciones, déficit en el capital neto de trabajo, un precario margen de operación y disminución de su patrimonio, además de una tendencia decreciente en el número de estudiantes matriculados, iniciada años atrás.
Casi siete años después la situación de la FUAC es peor.
El Ministerio “se cura en salud” y advierte que su competencia, en materia de Inspección y Vigilancia, “se circunscribe a la verificación del cumplimiento efectivo de las normas que regulan la prestación del servicio de educación superior”, y que es la propia IES la llamada a “a atender y solucionar las situaciones de carácter administrativo, académicos y financiero que se presenten en la prestación del servicio de educación que les es propio”.
Así, la responsabilidad sobre el destino institucional es atribuible directamente al cuerpo directivo y no el Ministerio, que advierte que “en ejercicio de su autonomía (la FUAC debe) adoptar los correctivos necesarios”.
Pero los rectores que han desfilado por la IES, sus fundadores y directivos (varios de ellos sancionados por el MEN) no han logrado sacarla del fondo, pese a sus intenciones, renegociaciones sindicales, recortes de personal y venta de propiedades.
Y aunque el Ministerio ha venido participando con diferentes inspectores in situ (Luis Fernando Salguero Ariza, Jorge Lucas Tolosa Zambrano, Angélica María Muñoz Lozano y, actualmente, Sirley Cristina Lugo Hermida), estos actúan más como espectadores, y participan también en mesas de negociación con el Ministerio del Trabajo, para buscar fórmulas de reconocimiento de pagos atrasados a profesores y administrativos, sin solución a la fecha.
Adicionalmente, en 2022 (Resolución 008609), el Ministerio decidió imponer institutos de salvamento a la FUAC “para la protección temporal de recursos y bienes”, a fin de blindar a la Universidad de los acreedores y evitar su liquidación, y tratar de darle tiempo y oxígeno para que, con un proceso de reestructuración administrativa, financiera y organizacional, y con la esperanza de recuperar los ingresos por matrícula, pudiera conseguir los recursos y diseñar un plan de pagos.
Pero esto no sucedió y, por el contrario, la situación se fue agravando con el paso de los años.
Los institutos podrían funcionar si existiera un inventario real de deudas y obligaciones, pero este no existe. Los institutos deberían haberse asignado si la IES estuviera al día con sus trabajadores, pero no es así. El plan de pagos, varias veces presentado por a IES, no ha sido aprobado por el Ministerio, y ni siquiera hay estados financieros viables, mucho más cuando, nos informan, “no hay censo de cuántos son realmente los acreedores ni cuánto se les deben”.
Dice el Ministerio que “la FUAC, ha radicado varias propuestas de plan de pagos, que han sido objeto de un análisis rigurosos por parte del equipo técnico designado por parte de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, emitiéndose recomendaciones con el fin de contar con un plan de pagos estructurado que permita verificar su viabilidad financiera y operativa, garantizando así la continuidad en la prestación del servicio público de educación superior, así como el pago ordenado de las acreencias y obligaciones”.
Bajo este panorama y aunque hace pocos días (Resolución 008699, del 27 de marzo) el Ministerio extendió nuevamente los institutos de salvamento, no hay garantía de que esto sea una solución y, por el contrario, podría ser una extensión de la agonía. Antes de esa decisión la FUAC había entregado una nueva propuesta de plan de pagos, aún no aprobada.
Eso sí, aclara el propio Ministerio, los institutos de salvamento podrían extenderse “por el tiempo necesario para la ejecución del plan aprobado”, pero “la vigencia de los institutos de salvamento para la protección temporal de los recursos y bienes de la FUAC culminará el 31 de diciembre de 2026”, si no se logra aprobar el plan de pagos.
En medio de este crítico escenario, el Ministerio aclara que él no será “el enterrador” de la IES. El posible “cierre de la Institución”, dice el MEN, “desborda las funciones del Ministerio y sería contraria a la autonomía universitaria, pues tal decisión le corresponde únicamente a la IES y debe realizarse conforme a sus estatutos, tal como lo dispone el artículo 104 de la Ley 30 de 1992″.
