Abril 17/26 La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia fallo con responsabilidad fiscal por más de $30.127 millones, luego de establecer que entre los años 2012 y 2019 se presentó un manejo irregular de recursos públicos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Según lo establecido en el proceso de responsabilidad fiscal, se evidenció que recursos provenientes de contratos y convenios interadministrativos fueron canalizados a través de una cuenta utilizada como “caja menor”, sin el debido registro en los estados financieros y sin la aplicación de controles adecuados para su administración.
Originalmente fueron 20 mil millones de pesos, pero a la fecha ascienden a $30.127.193.164, que se manejaron a través de una “cuenta paralela”, del Banco de Occidente, que operaba el IDEXUD (Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano). Entre 2012 y 2019, recursos provenientes de convenios y contratos interadministrativos fueron desviados para gastos personales de lujo, como compra de vehículos de alta gama y apartamentos, pagos en hoteles, viajes y ropa de diseñador, y financiación de campañas políticas internas.
Esta situación impidió verificar la destinación final de los recursos, generando un detrimento patrimonial y evidenciando fallas en los mecanismos de control interno, contable y financiero.
Como resultado de lo anterior, se declaró la responsabilidad fiscal de varios servidores y exservidores públicos, a título de dolo y culpa grave, conforme a su grado de participación en los hechos.
“Durante años se manejaron recursos públicos de la educación sin control, sin registro y sin responder por su destino. Esto es especialmente grave. Hoy hay responsables identificados y una decisión en firme que obliga a devolver cada peso comprometido. La Contraloría de Bogotá seguirá vigilando el uso de los recursos públicos y actuando cuando sea necesario para proteger el patrimonio de la ciudad”, señaló el Contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo.
El fallo señala a siete responsables, entre los que destacan Wilman Muñoz Prieto, exdirector del IDEXUD y principal responsable del desvío, Jesús Álvaro Mahecha Rangel, exjefe de la Oficina asesora de Contabilidad; Jacqueline Ortiz Arenas, extesorera General de la Universidad; los exjefes de Control Interno y de División de Recursos Financieros, debido a la omisión en sus funciones de vigilancia.
Wilman Muñoz ya fue condenado por la justicia ordinaria a penas que oscilan entre 14 y 22 años de prisión por delitos como peculado por apropiación y falsedad en documento público. Otros implicados podrían enfrentar procesos similares.
La Procuraduría y la Personería ya han emitido destituciones e inhabilidades para que estas personas no puedan volver a ejercer cargos públicos por periodos de hasta 17 años.
Este fallo de segunda instancia es definitivo en la vía administrativa.
Al quedar el fallo “en firme” en segunda instancia, el proceso pasa a la Jurisdicción Coactiva. Es decir, la Contraloría inicia el proceso para embargar bienes y cuentas de los implicados para recuperar los $30.127 millones.
Los sancionados pueden acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (vía demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho) para intentar tumbar el fallo, pero esto no detiene automáticamente el cobro del dinero a menos que un juez ordene una medida cautelar.
