Abril 20/26 Un mar de dudas jurídicas, institucionales y sobre la autonomía están apareciendo luego que, tras un fallo judicial, haya aparecido la posibilidad de que Silvia Gette regrese como rectora en propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe, IES que acaba de posesionar a Jorge Sénior como rector en propiedad.
La Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma) atraviesa, quizás, el capítulo más surrealista de su historia reciente.
En pocos días, la privada universidad pasó de posesionar a un rector en propiedad tras años de interinidad, a enfrentar un fallo judicial que pide el reintegro de la polémica exrectora Silvia Gette Ponce (foto), porque habría cumplido su pena y tendría derecho a recuperar “su” rectoría. El Ministerio de Educación, aliado del actual rector Jorge Sénior (foto derecha), intenta frenar lo que considera un “error judicial” que pondría en jaque la aparente estabilidad institucional lograda bajo las sus diversas intervenciones a la luz de la Ley 1740 de 2014.
1. El origen de la crisis: ¿Quién es Silvia Gette?
Para entender el presente, hay que recordar que Silvia Gette no fue una rectora más. Exbailarina y abogada, escaló al poder institucional de la mano de su esposo y fundador de la universidad, Mario Ceballos Araújo. Tras la muerte de este en 2003, Gette asumió las riendas y transformó la Uniautónoma en una institución, de casi 14 mil estudiantes, que se caracterizó por avanzar en la academia, con muy buenos contactos políticos, mejoras en infraestructura, emisora de radio y un costoso equipo de fútbol en la primera división, entre otros.
Sin embargo, su gestión terminó en 2013 en medio de escándalos judiciales. Gette pagó cárcel tras ser condenada por el delito de abuso de confianza, relacionado con el desvío de un millón de dólares de las arcas de la universidad hacia cuentas personales en el exterior. También fue señalada por la Fiscalía como determinadora del homicidio del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en 2003, con base en testimonios de exparamilitares que afirmaron que ella habría pagado 150 millones de pesos para ejecutar el crimen en medio de disputas por la herencia de Mario Ceballos Araújo.
Gette niega toda responsabilidad, asegura que el caso es un montaje judicial sustentado en declaraciones manipuladas y sin pruebas materiales que la vinculen directamente con el asesinato. El homicidio de Cepeda ocurrió en medio de un conflicto por la herencia y el control del legado de Ceballos, incluida la Universidad Autónoma del Caribe. La hipótesis judicial sostiene que la muerte de Cepeda eliminaba a un opositor clave en las disputas familiares por el patrimonio del fundador, lo que habría facilitado que Gette consolidara su poder dentro de la institución.
Ahora, su defensa alega que ya cumplió sus penas, pero su sombra sigue dividiendo a la comunidad barranquillera.
2. El “nefasto” paso de Ramsés Vargas Lamadrid
Tras la salida de Gette, la Sala General eligió en 2013 a Ramsés Vargas Lamadrid (en el centro de la foto). Lo que se anunció como una “era de transparencia” resultó ser, según la Fiscalía, un desfalco sistemático. Bajo su mando, se habrían vendido activos estratégicos y desviado cerca de 16 mil millones de pesos provenientes de las matrículas.
Vargas renunció a la Universidad terminó capturado en 2018 y hoy, desde la libertad por vencimiento de términos, mantiene una ofensiva jurídica. Recientemente, ha interpuesto demandas buscando anular decisiones de la universidad y ha solicitado tumbar el fallo que favorece a Gette, argumentando que él mismo es “víctima” de las irregularidades en la elección que lo llevó al cargo.
3. El desfile de rectores y el deterioro institucional
La inestabilidad ha sido la constante. Tras la caída de Vargas, pasaron por la rectoría figuras como Claudia Da Cunha (designada por el Ministerio) y Mauricio Molinares, quienes intentaron sanear las finanzas. Molinares salió en medio de críticas por la falta de flujo de caja y deudas prestacionales con docentes.
Cifras del deterioro:
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Población estudiantil: De 14.000 estudiantes en la época de oro de Gette, la universidad cayó a menos de 7.000 en años recientes
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Finanzas: Según estados financieros de 2024, la institución reportó pérdidas operacionales cercanas a los $10.000 millones de pesos.
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Patrimonio: El polideportivo y otros activos emblemáticos fueron hipotecados o vendidos, dejando a la institución con un margen de maniobra mínimo.
4. La intervención del Ministerio y la llegada de Jorge Senior
Desde 2018, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) mantiene una vigilancia especial y medidas de salvamento bajo la Ley 1740 de 2014. Esta intervención busca proteger las rentas y asegurar la prestación del servicio.
En este contexto llegó Jorge Senior Martínez, un filósofo e investigador de trayectoria, inicialmente como rector encargado. El pasado 9 de marzo de 2026, Senior fue elegido por el Consejo Superior como rector en propiedad para el periodo 2026-2030, con 6 de 9 votos a favor. Su llegada representa la apuesta por una normalización académica y administrativa sin la sombra de los clanes anteriores, aunque con críticas por su interés político que alinear la Autónoma a los intereses de gobierno Petro, y su proyecto de ley que busca que la institución deje de ser privada y pase a ser pública.
5. El nudo gordiano: El fallo de Gette vs. La tutela del Ministerio
La situación jurídica de la Uniautónoma ha entrado en una fase de “esquizofrenia procedimental” tras tres movimientos clave ocurridos en los últimos días:
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El primer golpe (8 de abril): El Juez Segundo Penal Municipal de Barranquilla ordenó el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette, argumentando que ella es “víctima” de las irregularidades que rodearon la elección de Ramsés Vargas y que, por ende, debe retornar a la situación previa a 2013 (la rectoría).
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La contraofensiva del MEN (15 de abril): El Ministerio de Educación logró que el Juzgado 16 Penal del Circuito de Barranquilla admitiera una tutela y decretara una medida provisional de suspensión inmediata de los efectos del fallo de Gette. Esto significa que, a hoy, la orden de reintegro está “congelada” mientras se falla el fondo de la tutela.
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El giro inesperado de la Fiscalía (17 de abril): En una audiencia reciente, la Fiscalía General de la Nación respaldó la restitución de derechos de Gette. El fiscal del caso calificó de “temerario” el argumento de que el regreso de la exrectora afectaría el normal funcionamiento de la universidad, señalando que “nada cambia, solo la persona que ocupará el cargo”.
Este respaldo de la Fiscalía debilita la posición del Ministerio y de la actual administración de Jorge Senior, pues valida la tesis de que la justicia penal tiene la potestad de remover y poner rectores bajo la figura del “restablecimiento del derecho”, por sobre las competencias de inspección y vigilancia del Ejecutivo.
6. ¿Qué puede pasar?
Es un gran interrogante. Si la posesión de Sénior había traído dudas, la nueva situación genera aún más preguntas.
Si el MEN logra tumbar definitivamente el fallo de Gette en segunda instancia, Senior podrá ejecutar su plan de desarrollo 2026-2030.
Si las actuaciones judiciales se dilatan, la Universidad y su comunidad podrían sentir “ingobernabilidad” y pugna de intereses entre la actual administración y Gette y sus movidas, con el riesgo de afectar también- las próximas matrículas.
En caso de que Gette no pueda regresar pero se mantenga la tesis de su “retiro ilegal”, la universidad, que de por sí viene con serías limitaciones financieras y acusaciones de incumplimiento en acreencias laborales, podría verse obligada a pagar una indemnización multimillonaria que hoy no puede costear.
7. Preguntas y reflexiones
El caso de la Uniautónoma no es solo un pleito regional; es una prueba de fuego para el sistema de educación superior en Colombia:
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¿Ética vs. Derecho?: ¿Puede un rector que cumplió sentencia por delitos contra el patrimonio de la misma universidad regresar al cargo? ¿Prevalece el derecho al trabajo sobre la idoneidad ética exigida en la Ley 30?. Se dice que los estatutos de la Universidad no prohíben que un rector haya tenido litigios de esta índole, pero ¿es válido en el sector?.
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¿Es efectiva la Ley 1740?: Si después de 8 años de intervención el Ministerio no ha logrado blindar a la institución de los “fantasmas del pasado”, ¿qué falló en el proceso de vigilancia?
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Autonomía Universitaria: ¿Hasta qué punto un juez penal puede decidir quién es el rector de una universidad, pasando por encima de la autonomía de su Consejo Superior y de las medidas de inspección del Estado?
- ¿Quién responde por el daño reputacional?: Ante un eventual regreso de Gette o nuevas demandas de Vargas, ¿quién resarcirá a los estudiantes cuyo título se devalúa cada vez que la universidad aparece en las páginas judiciales?
