Mayo/26 El escándalo de los multimillonarios salarios en Unisucre, a la luz del 1279, devela una situación más crítica. Un docente, de quien protegemos su nombre por la delicada situación interna, aporta el siguiente análisis.
La disputa por la Universidad de Sucre dejó hace rato de ser una discusión interna de administración universitaria. Hoy se parece más a una batalla por el control político de una institución pública, en la que sectores del poder regional buscan someter la deliberación académica a la lógica de la obediencia. En esa lectura crítica, la alianza política asociada a Avendaño, los Macea y el entorno de Mario Fernández Alcocer aparece, según distintos comentarios públicos y lecturas regionales, como parte de un entramado que pretende convertir a Unisucre en maquinaria electoral antes que en comunidad académica.
No se trata solo de una percepción aislada. La prensa regional y especializada ha venido dejando rastros del deterioro. Uno de los episodios más visibles fue la filtración que volvió a poner sobre la mesa el escándalo en Unisucre, con denuncias de mal ambiente institucional y presiones sobre el profesorado. La referencia directa está aquí: https://www.elheraldo.co/sucre/2026/05/03/la-historia-de-la-filtracion-que-desato-escandalo-en-unisucre/?utm_source=share. La importancia de esa publicación no está solo en el hecho noticioso, sino en que revela una Universidad donde el conflicto con los docentes ya no parece excepcional, sino estructural.
La tensión coincide con una agenda de modificaciones que toca el corazón mismo de la carrera profesoral: tablas salariales, discusión sobre el régimen del Decreto 1279 de 2002 y cambios normativos que, según la crítica de sectores docentes, se han intentado mover sin una discusión académica seria, sin concertación real y sin el respeto que exige una universidad pública. Sobre el debate nacional de reforma al 1279 puede verse la nota de análisis en https://www.universidad.edu.co/gobierno-se-la-juega-con-propuesta-de-reforma-del-1279-y-limitar-salarios-de-docentes-en-universidades-publicas/. Y sobre los incrementos salariales en Unisucre, el mismo medio publicó https://www.universidad.edu.co/legalmente-docentes-de-unisucre-incrementaron-su-salario-hasta-en-mas-del-300-en-4-anos/, referencia indispensable para comprender por qué el Gobierno y ciertos actores políticos han querido instalar el tema del profesorado como un problema de costo y no como un asunto de calidad, investigación y méritos.
La pregunta de fondo es quién está conduciendo estas decisiones y con qué legitimidad académica. Desde una perspectiva crítica, el rector Jhonny Avendaño aparece como un administrador incapaz de sostener debates académicos de alto nivel con investigadores, grupos de investigación y profesores de carrera. Sus críticos sostienen que no tiene la solvencia académica ni la disposición deliberativa para sentarse a discutir en igualdad con quienes defienden la acreditación, la investigación y los indicadores de impacto. Por eso, dicen, su respuesta recurrente no es la argumentación universitaria, sino el acto administrativo, la imposición y el uso del poder burocrático. Más que liderar una universidad, actuaría como operador político de decisiones previamente tomadas fuera de los escenarios de discusión intelectual.
Ese déficit de liderazgo académico no es un detalle menor. En universidades públicas con acreditación institucional, las reformas que tocan estatuto docente, evaluación, incentivos, producción académica y reglas de carrera deben discutirse con la comunidad profesoral, porque afectan directamente indicadores de investigación, producción científica, permanencia de talento humano, visibilidad de grupos, calidad de programas y confianza en la gobernanza. Cuando los nuevos lineamientos se impulsan sin esa deliberación, lo que se erosiona no es solo el clima interno: se golpean las bases mismas de la acreditación institucional. En otras palabras, la crítica de fondo es que esta rectoría no está fortaleciendo la acreditación de Unisucre, sino empujándola hacia su desgaste, al sustituir criterios académicos por reflejos políticos y disciplinarios.
La controversia alrededor de la propia legitimidad del rector tampoco es nueva. La nota publicada en El Observatorio de la Universidad Colombiana sobre su posesión, pese a advertencias del Ministerio de Educación, permite ver que la relación entre Avendaño y el poder central ha estado marcada por decisiones polémicas desde el inicio: https://www.universidad.edu.co/pese-a-advertencia-de-mineducacion-johny-avendano-se-posesiono-como-rector-de-unisucre/. Ese antecedente es clave porque muestra que el Ministerio sí ha tenido elementos para intervenir o, al menos, para tomar decisiones más firmes. Sin embargo, la percepción que hoy crece en Sucre es la contraria: que el Ministerio observa, conoce, recibe alertas, pero no actúa.
En la conversación pública regional, esa inacción no se interpreta como simple lentitud administrativa, sino como cálculo político. Las lecturas sobre politiquería en la Universidad de Sucre fueron reforzadas por la publicación de 724 Noticias, que retomó señalamientos del columnista Manuel Medrano sobre la captura política de la institución: https://724noticias.com.co/2025/03/08/jhonny-avendano-y-jaime-de-la-ossa-son-de-quienes-habla-el-columnista-manuel-medrano-que-afirma-se-tomaron-en-politiqueria-la-universidad-de-sucre/. A su vez, la consolidación de coaliciones regionales con vocación de control territorial quedó reflejada en esta otra nota de El Meridiano: https://elmeridiano.co/sucre/sincelejo/la-gran-coalicion-gano-y-desde-ya-mira-las-alcaldias-y-la-gobernacion-de-sucre-skyq3w. Leídas en conjunto, estas piezas alimentan la idea de que la universidad se volvió parte de una negociación de poder más amplia.
Bajo esa lógica, el acoso al estamento docente no sería un exceso aislado, sino un mecanismo funcional: silenciar a quienes todavía reclaman debates académicos, cuestionan decisiones sin soporte y se resisten a que el campus opere como extensión de campañas electorales. La liberación o exposición de tablas salariales, la pretensión de mover reglas del estatuto docente y la discusión sobre el 1279 sin escenarios reales de construcción académica pueden leerse, entonces, como parte de una misma estrategia: deslegitimar al profesorado, presentarlo como privilegio costoso y desplazarlo del centro de la vida universitaria.
Lo más grave, sin embargo, no es solo lo que hace la rectoría, sino lo que deja de hacer el Ministerio de Educación. Si el Ministerio ya dispone de suficientes señales de conflictividad, cuestionamientos sobre gobernanza y advertencias sobre el rumbo institucional, su pasividad termina siendo políticamente significativa. En la lectura de amplios sectores universitarios, esa falta de acción no se explica por ausencia de información sino por conveniencia política. No hay, al menos en las fuentes aquí citadas, prueba pública concluyente para sostener acuerdos electorales específicos; pero sí existe una percepción extendida de que la rectoría de Avendaño sobrevive porque forma parte de un equilibrio político que el poder central no ha querido romper.
Esa es, precisamente, la tesis más inquietante de esta crisis: que detrás de la rectoría de Unisucre ya no está solo una administración local cuestionada, sino un Ministerio de Educación que, pudiendo actuar, opta por no hacerlo. Y cuando una cartera nacional guarda silencio frente al deterioro del gobierno universitario, el mensaje que recibe la región es devastador: que los acuerdos políticos pesan más que la autonomía académica, que las lealtades partidistas valen más que la acreditación institucional y que, en últimas, la educación pública puede ser sacrificada si así lo demanda la aritmética electoral.
Si esa percepción continúa creciendo, el daño será profundo. No se perderá únicamente la confianza de los docentes; se comprometerán los indicadores que sostienen el prestigio institucional, la capacidad de producir conocimiento, la estabilidad de los grupos de investigación y la posibilidad misma de defender la acreditación ante el país. Una universidad pública no se destruye solo cuando cierran sus programas; también se destruye cuando la discusión académica es sustituida por el miedo, el cálculo político y el silencio de quienes estaban llamados a intervenir.
