Sept 29/26 Los posibles vínculos del rector de la U. de la Guajira, Carlos Arturo Robles Julio y el narcotráfico, podrían estar relacionados con una pelea que este tiene con un fiscal activo en torno de un lote en Riohacha de común interés entre a familia del fiscal y la Universidad.
Las recientes revelaciones periodísticas y peticiones oficiales de escrutinio exponen una compleja red donde se entrecruzan disputas de propiedad inmobiliaria, denuncias por presuntos chantajes y expedientes penales de alto impacto que involucran directamente a funcionarios judiciales.
Estos, que no son nuevos y se conocen de tiempo atrás, ahora se amplían en sus detalles, gracias a diversos medios de comunicación, y pudieron haber sido -en gran medida- los detonadores para que el presidente Abelardo de La Espriella pidiera a las autoridades intervenir.
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El origen del conflicto: La disputa por el predio San Ramón
El núcleo de esta controversia se remonta a un litigio por la titularidad del predio San Ramón, un terreno de más de tres hectáreas situado sobre la Troncal del Caribe, en inmediaciones de la propia universidad. El inmueble ha enfrentado los intereses de miembros de una familia propietaria original, la institución educativa y el fiscal séptimo especializado adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y Lavado de Activos, Rafael Francisco Rojas Orcasitas, quien figura como copropietario del lote, al pie de familiares.
Las tensiones escalaron cuando el rector Robles denunció penalmente que el fiscal Rojas Orcasitas habría intentado exigirle un pago superior al avalúo comercial para facilitar que la universidad adquiriera el terreno. De acuerdo con la defensa y las denuncias públicas del rector, ante su negativa a acceder a dicho pago, se desató una campaña sistemática de persecución y señalamientos en su contra.
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Acusaciones cruzadas: Narcotráfico, carteles y represalias
A raíz de este enfrentamiento por el predio, las acusaciones mutuas tomaron un matiz criminal de gran gravedad. El rector Robles no solo ha denunciado presiones y un supuesto chantaje inmobiliario, sino que públicamente ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la DEA que lo investiguen a fondo para desvirtuar los señalamientos que lo vinculan con actividades ilícitas.
Esto en un entorno en el que se han escuchado críticas al rector como supuesto líder de un “Cartel de La Guajira”, conectando su nombre con estructuras de criminalidad organizada. No obstante, la defensa sostiene que dichas acusaciones de narcotráfico y lavado de activos no son más que una represalia orquestada desde el despacho del fiscal Rojas Orcasitas para doblegarlo en medio del litigio por el terreno universitario.
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El contexto nacional y la postura del Gobierno
Este escenario local ha cobrado dimensión nacional a raíz de las directrices y solicitudes de revisión institucional elevadas desde el Gobierno central —bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella—, el cual ha instado a los entes de control a examinar con rigor los manejos administrativos y contractuales de la Universidad de La Guajira.
Sin embargo, es fundamental trazar una línea analítica clara: mientras que las alertas públicas y denuncias de carácter personal sobre supuestos montajes y retaliaciones nacen directamente de la disputa colateral con el fiscal Rojas Orcasitas por el predio San Ramón, las investigaciones estructurales de los entes de control abarcan expedientes financieros, disciplinarios y de contratación que trascienden el diferendo inmobiliario.
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¿Se afecta la Universidad?
¿Es este conflicto suficiente para cuestionar de manera definitiva la idoneidad y la gestión del rector de la Universidad de La Guajira?
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Por un lado, la existencia de un cruce de denuncias tan graves entre la máxima autoridad de una institución pública de educación superior y un fiscal especializado en narcotráfico erosiona profundamente la gobernanza institucional y expone un preocupante uso de instancias judiciales en disputas de carácter particular y comercial.
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Por otro lado, si bien el litigio por el predio San Ramón y las denuncias de presunto chantaje evidencian un clima de alta confrontación y posibles abusos de poder de ambos lados, la evaluación objetiva de la idoneidad directiva requiere separar el diferendo sobre el lote de las auditorías estrictamente financieras, académicas y disciplinarias que los organismos de control están llamados a auditar con total independencia y rigor probatorio.
