Nov/26 Para Guerriero, las universidades colombianas deben convertir las políticas de inteligencia artificial en decisiones concretas sobre evaluación, protección de datos y supervisión, en su análisis titulado “Del CONPES al aula: las tres decisiones que la universidad colombiana no puede aplazar”
En febrero de 2025, el Gobierno aprobó el documento CONPES 4144, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y reconoció a la educación superior como uno de sus ejes.
Casi dos años después, un estudiante de cualquier universidad del país abre una herramienta de IA generativa para resolver un trabajo y no encuentra, en el programa de su asignatura, una sola línea que le diga si eso está permitido.
Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Y esa distancia —entre la política que ya existe y el aula que todavía no la siente— es el problema que a la universidad colombiana le toca resolver antes del próximo semestre.
Cerrarla depende de tres decisiones que cada institución tiene que tomar antes de que arranque 2027… y que ningún documento nacional puede tomar por ella.
El desajuste tiene números. Y esta vez Colombia pesa en ellos.
En septiembre, la UNESCO IESALC publicó La implementación de la IA en la educación superior en América Latina y el Caribe, un estudio con 200 instituciones de 19 países, encuestadas entre agosto y octubre de 2025. Colombia fue el país que más datos aportó, con 40 instituciones, como informó El Observatorio de la Universidad Colombiana. El país tiene, por tanto, un peso propio en ese retrato, aunque las cifras que siguen son de toda la región.
Y lo que ese retrato muestra es una gobernanza todavía delgada. El estudio cifra en un 87 % las instituciones que ya usan la IA en al menos una de sus funciones. Sin embargo, según los resultados publicados en la revista Educación Superior y Sociedad, solo el 26 % tiene una estrategia formal, el 18,5 % cuenta con políticas de alcance institucional, el 8 % le asigna un presupuesto específico y apenas el 9 % dispone de mecanismos formales para evaluar lo que está haciendo con ella.
La adopción corre; la gobernanza camina.
Una política nacional que todavía no baja al programa de la asignatura
Colombia no llega a esta conversación con las manos vacías. Al CONPES 4144 se suma el trabajo del Ministerio de Educación Nacional, que en agosto de 2026 presentó un Decálogo de Inteligencia Artificial para la Educación Superior, y el de ASCUN, la asociación que reúne a las universidades del país, que en 2025 publicó un estudio sobre el estado de su adopción en las instituciones.
Hay marco de país y hay diagnóstico del gremio. Lo que falta es el último tramo, el más difícil: que esa arquitectura se convierta en reglas concretas dentro de cada facultad.
Un lineamiento nacional no corrige un examen ni responde una denuncia de plagio o de uso indebido de la IA. Eso ocurre en el aula.
Falta operación
Conviene nombrar bien el problema, porque un diagnóstico equivocado conduce a la respuesta equivocada.
La mayoría de las universidades no necesita otro documento de principios. Necesita decisiones operativas que pocas instituciones han tomado: quién actualiza el programa de una asignatura cuando la IA cambió la forma de resolverla, quién tramita una denuncia y con qué procedimiento, quién revisa los contratos de las plataformas antes de firmarlos.
El propio estudio de la UNESCO describe el síntoma. El uso de la IA avanza empujado por profesores, investigadores y estudiantes, más que por políticas institucionales. La decisión, por tanto, ya se está tomando. Solo que de forma dispersa, persona por persona.
Y en evaluación, una decisión dispersa tiene un costo concreto para un sistema que apostó por el aseguramiento de la calidad: dos programas acreditados de una misma institución pueden estar midiendo cosas distintas sin saberlo.
Tres decisiones que no admiten prórroga
Primera: la política de uso de IA en la evaluación, entendida como marco operativo y no como declaración. Debe definir qué se permite en cada tipo de trabajo, cómo lo comunica el docente en el programa, cómo se tramita un uso no permitido y qué consecuencias acarrea. Sin ese marco, la decisión queda en manos de cada profesor por separado. Y la equidad entre asignaturas de un mismo programa se rompe en silencio.
Segunda: la gobernanza de los datos. Las plataformas que las instituciones están conectando procesan datos personales de los estudiantes a gran escala, y el mismo informe detecta déficits importantes en la protección del estudiantado. La pregunta útil es con qué autorización y para qué finalidad se hace, qué tratamiento reciben esos datos, cuánto tiempo se conservan y qué puede hacer el proveedor con ellos. La Ley 1581 de 2012 obliga a la universidad, como responsable del tratamiento, a responder a esas preguntas. Y cuando la plataforma capta imagen, voz o rasgos biométricos, trata datos sensibles, que exigen autorización explícita del titular. La universidad que no se hace estas preguntas antes de contratar las responderá después.
Tercera: la supervisión de las evaluaciones digitales. Es la más visible, porque recae directamente sobre el estudiante, y la más condicionada por las dos anteriores. Cada vez más pruebas se presentan en una pantalla, a distancia y también dentro del aula, de modo que lo que hay que preguntarse es con qué criterio se supervisan. Bien decidida, la supervisión digital protege lo que toda prueba de alto impacto tiene que garantizar: que todos la presenten en las mismas condiciones y que su resultado se pueda sostener ante el estudiante, ante el programa o ante un par académico.
Para eso necesita reglas institucionales: proporcionalidad frente a lo que se juega en cada prueba, información previa y clara sobre qué se registra y para qué, un tratamiento de datos que cumpla la ley, condiciones accesibles para quien tiene peor conectividad y un principio innegociable, según el cual la herramienta documenta y el docente decide. Así entendida, es una pieza del sistema de integridad, junto con el rediseño de las pruebas, los códigos de honor y la evaluación por proceso. Lo que la vuelve un problema es contratarla de afán, sin una política de evaluación detrás ni la gobernanza de datos resuelta.
La decisión por omisión
El próximo año académico no se puede improvisar. Los estudiantes ya tomaron su decisión sobre la IA; muchos profesores están tomándola a solas, sin red; y las denuncias públicas no van a esperar a que termine la deliberación.
Las tres decisiones que enumeré no agotan lo que una universidad debe resolver, pero son las que no pueden esperar a 2027.
Colombia ya hizo la parte que dependía de la política pública: ponerse de acuerdo en el papel. Le queda la que depende de la gestión: lograr que ese acuerdo llegue hasta el aula.
Quien no decide también decide: deja que la casuística gobierne en su lugar. Y en la universidad, gobernar por omisión suele terminar costando más caro que gobernar a tiempo.
Referencias
- Departamento Nacional de Planeación (2025). Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf
- UNESCO IESALC y UNU-IAS (2026). La implementación de la IA en la educación superior en América Latina y el Caribe. https://www.iesalc.unesco.org/en/articles/ai-implementation-higher-education-latin-america-and-caribbean
- Valentini, A. (2026). Adopción y gobernanza de la IA en la educación superior de América Latina y el Caribe: resultados de una encuesta regional. Revista Educación Superior y Sociedad, 37(2), 372-397. DOI: 10.54674/ess.v37i2.1278. https://ess.iesalc.unesco.org/index.php/ess3/article/view/v37i2-dt-14
- El Observatorio de la Universidad Colombiana (2026, 15 de septiembre). Universidades deben acelerar sus respuestas y cambios frente a la IA. https://www.universidad.edu.co/universidades-deben-acelerar-sus-cambios-frente-a-la-ia/
- ASCUN (2025). Panorama de la inteligencia artificial en la educación superior colombiana: exploración de usos y necesidades en las IES ASCUN. https://ascun.org.co/estudio-ia-2025/
- Ministerio de Educación Nacional (2026). Decálogo de Inteligencia Artificial para la Educación Superior en Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-429623_Decalogo_inteligencia_artificial.pdf
Acerca del autor:
Cosimo Lorenzo Guerriero es responsable de análisis y estrategia de mercado en Smowltech, compañía de tecnología educativa especializada en la supervisión digital de exámenes (proctoring), que colabora con más de 350 instituciones en distintos países. Su trabajo se centra en el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de evaluación de la educación superior.