Carlos Hernando Forero Robayo, columnista de El Observatorio, señala que muchos cambios se han dado desde 1992 y que la propuesta reforma a la Ley 30 no puede quedarse en algo básico.
¿Por qué hay tantas posibilidades y no somos capaces de verlas? Juan Carlos Casco.
Con el inicio del nuevo gobierno en Colombia liderado por el presidente Petro, se abren posibilidades de hacer una revisión profunda de la norma que en este momento regula el sistema de educación superior y que fue expedida mediante la Ley 30 de 1992. En el transcurso de estos años se han hecho cambios aleatorios y desordenados al marco jurídico y desde luego, las circunstancias, retos y desafíos han cambiado muchísimo después de 30 años de vigencia. Esperamos que el alcance de la reforma sea profundo y no se limite a la modificación de algunos artículos y se tengan vivos los aprendizajes de los intentos de reforma, especialmente cuando se quiso introducir el ánimo de lucro en las Instituciones de Educación Superior, IES.
En este lapso se han realizado 3 conferencias mundiales sobre educación superior, convocadas por la UNESCO (1998, 2009, 2022), con sus respectivas conferencias regionales a nivel de América Latina y el Caribe. En Colombia en el mismo tiempo han pasado 6 presidentes de la República en 8 periodos presidenciales con sus respectivos planes nacionales de desarrollo.
Con frecuencia no tomamos en cuenta la historia de las reformas, ni las planeamos debidamente y terminan convirtiéndose en frustración para nuestros jóvenes, dejando de pensar en grande y solamente fijando la atención en pequeños intereses, que no responden integralmente ni sistémicamente, al desarrollo de las funciones transformativas de un sistema para el mejoramiento de nuestra sociedad; ni tampoco se es coherente con el concepto de bien público social para el bien común, como ha sido reconocida la educación superior.
En esta ocasión, queremos hacer referencia al aspecto central que han tenido las reformas desde la restauración del régimen democrático, donde las universidades tuvieron un papel protagónico para lograr derrocar la dictadura de turno. Recordemos primero que, según las estadísticas disponibles, el sistema ha venido creciendo, pasando de una educación de élites a una de masas, que supera el 50% de cobertura. En el año 1935 teníamos 4.137 estudiantes en educación superior, para el año 45 llegaban a 6.512 y para el 55 a 13.284.
En la dictadura del general Rojas Pinilla, las universidades públicas fueron totalmente intervenidas sin ningún respeto por la autonomía universitaria, ello conllevó a una inmensa solidaridad de las universidades privadas existentes, estableciendo las condiciones para crear la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, en 1957, con el liderazgo de las universidades de Bogotá y de Medellín. En ese año los estudiantes salieron a marchar y varios de ellos fueron asesinados; cuando el total de estudiantes del sistema no superaba los 20.000.
Reestablecida la democracia, en el año 1958 teníamos 19.200 estudiantes, ya en el año 60, 23.013 estudiantes y en el 70, 85.560. La principal reforma de la educación superior en el primer gobierno democrático consistió en crear el Fondo Universitario Nacional, manejado por ASCUN y donde se determinaban medidas sobre el financiamiento y algunas otras relacionadas con el sistema y sus IES. Contando para su administración con el 2% de los recursos. Ello implicó una gran confianza del Estado hacia la educación superior y su organización de universidades públicas y privadas. Hoy en día bajo el triángulo propuesto por Burton Clark, diríamos que el sistema estaba principalmente gobernado por las IES, con apoyo del Estado y todavía sin mucha presencia del mercado.
Este esquema prevaleció hasta el año 1968, cuando se aprobó una gran reforma del Estado, creándose los institutos descentralizados, con un alto componente técnico y tecnocrático, especializados en el manejo de ciertos temas. Para la educación superior, el Estado creo a COLCIENCIAS, encargado de promover la investigación científica, y al ICFES encargado de la educación superior; con ello desapareció el Fondo Universitario y se comenzó a ver el tema desde la perspectiva de un Estado interventor, con alta capacidad técnica, con lo cual el desarrollo de la política pública cambió sustancialmente.
Otro momento fundamental de las reformas de la educación superior en Colombia, vino en el año de 1980, cuando el sistema contaba con 271.680 estudiantes, los profesores no llegaban a 15.000 y existían 183 IES, el 28% públicas y el 72% no oficiales. En ese año, mediante facultades extraordinarias el presidente de la República expidió el Decreto 80, como marco regulatorio de la educación superior y donde fundamentalmente se pretendió organizar el sistema con sus integrantes y sus interrelaciones. Es decir, el verbo rector de esta norma con fuerza de ley fue organizar, en la perspectiva de un Estado interventor. Para el año de 1990, antes de ser expedida una nueva Constitución Política en 1991, se tenían 487.448 estudiantes en el sistema superior, de los cuáles 13.701 pertenecían a los incipientes programas de posgrado, y ya el número de IES se acercaba a las 250.
En desarrollo de la nueva Constitución, el congreso de la República, después de un arduo debate, aprobó la ley 30 de diciembre de1992, que rige nuestra educación superior, que permitió que el sistema siguiera creciendo, registrando en el año 1995, 644.188 estudiantes y para el 2002, 934.085 de los cuales cerca del 45% eran mujeres; ya se reconocían cerca de 60.000 estudiantes en los posgrados.
La ley sancionada, con una gran cantidad de capítulos y artículos, tenía como propósito central, desarrollar el principio de la autonomía universitaria, reconocido en la Constitución de 1991 y poner en marcha un sistema de aseguramiento de la calidad (bastaron 2 artículos de la ley para promover un proceso de alto impacto), en la perspectiva o bajo el paradigma del Estado evaluador.
La cobertura supera hoy en día el 50%, con aproximadamente 2.500.000 estudiantes, de los cuales cerca de 500.000 corresponde a formación técnica y tecnológica dada por el SENA, que es un instituto adscrito al Ministerio del Trabajo. Las expectativas del nuevo gobierno es llegar a los 3 millones de estudiantes en educación superior con una tasa de cobertura superior al 65%.
La mencionada Ley 30 ha sido modificada en varias ocasiones por el Congreso de la República y por decretos del Ejecutivo, en contenidos de poco alcance y muy desarticulados. Cuando en el año 2006, se quiso impulsar una reforma integral un tanto inconsulta, las reacciones de estudiantes, profesores y rectores, fue muy fuerte y el proyecto tuvo que retirarse. El sector realizó un ejercicio muy interesante, liderado por el Consejo de Educación Superior, CESU, y concretó de forma participativa, un documento denominado Acuerdo por lo superior, que contenía una mirada de largo plazo al año 2034, con tal mala fortuna que el gobierno de turno lo terminó marchitando.
Las pequeñas reformas en estos 30 años han tocado temas sobre el financiamiento, especialmente relacionados con el ICETEX, que es un instituto de crédito educativo, que tiene el récord de ser el instituto del gobierno que más reformas legales ha recibido y el debate, continua en este gobierno. Otro tema fue la creación del Viceministerio de la educación superior, que en la práctica sustituyó al ICFES en la regulación del sistema, sin haberse hecho una evaluación sobre sus aportes comparativos. También de reciente creación aparece el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un contexto donde el sistema muestra buenos avances en la investigación científica y en los programas de maestría y doctorado en las diferentes regiones del país, pero con una muy baja inversión por parte del Estado.
Estas líneas muy generales sobre las principales reformas y su eje central, pueden servir para aprender de la experiencia y dar elementos de juicio, de contenido y metodológicos, para que se puedan construir las mejores condiciones para una reforma; donde se superen paradigmas que han incidido en el establecimiento de las políticas públicas, considerando un Estado socio, un Estado interventor o un Estado evaluador. Necesitamos pensar en grande para atender los retos, desafíos, complejidades, incertidumbres y oportunidades que hoy se tienen con la educación superior.
Ello no será posible dentro de los paradigmas enunciados; se requiere un Estado promotor de la relación o vínculo con la sociedad y el sistema de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, que le dé mejores respuestas a la sociedad y especialmente a nuestros jóvenes. No más pequeños reparcheos, necesitamos grandes autopistas educativas; los conceptos sobre el Estado emprendedor pueden ayudar, como lo promueve la destacada economista Mariana Mazzucato; sin desconocer las capacidades construidas históricamente por los actores del sistema, que requieren ser potenciadas. Sin duda en esta tarea transformativa deben estudiarse con detenimiento la rica doctrina y jurisprudencia emitida por nuestras Cortes, desde el poder judicial.
El autor y emprendedor, citado al comienzo señala “el futuro de una persona, empresa u organización depende de su capacidad para observar, descubrir e interpretar posibilidades en lo que acontece en el día a día; una habilidad a la que la mayoría de las personas somos ciegas”.
