Abril 23/26 Tras reiterados incumplimientos a la orden de un juez de atender una tutela interpuesta por el director de El Observatorio de la Universidad Colombiana, el director de Calidad y el Subdirector de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior fueron sancionados.
El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá ordenó sancionar por desacato al abogado Luis Mauricio Urquijo Tejada (foto izquierda), quien se desempeña como Director de Calidad para la Educación Superior y al también abogado Harold Antonio Hernández Molina (foto derecha), subdirector de Inspección y Vigilancia, por no cumplir una tutela para garantizar el derecho de petición de información, con arresto de un día y una multa tres salarios mínimos mensuales para cada uno (aprox. 5,2 millones).
La decisión del Juez se dio porque, pese al debido trámite de solicitud de información y de tres requerimientos previos al incidente de desacato por parte del Juzgado al Ministerio de Educación, los funcionarios no respondieron debidamente y fueron renuentes frente a la solicitud relacionada con el “listado discriminado de Instituciones de Educación Superior (IES) involucradas en la noticia de graduación de estudiantes sin prueba Saber Pro, tras la denuncia que hizo el señor ministro de Educación, y con la cual se compromete la integridad de las universidades”.
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El Ministerio consideró cumplido el requerimiento al entregar el listado de las 269 IES que, según el ministro de Educación, Jose Daniel Rojas Medellín, graduaron estudiantes sin presentar prueba Saber Pro, desconociendo que esa información no era relevante y que el requerimiento de fondo consistía, y consiste, en identificar cuántos casos se han dado en cada una de las 269 IES puestas en la picota pública por el ministro Rojas y el viceministro Ricardo Moreno Patiño el pasado 2 de marzo, en rueda de prensa. |
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Ese día, en momentos en que la opinión pública tenía los ojos puestos en las denuncias por la ilegalidad cometida por la Fundación San José de graduar a Juliana Guerrero, y posiblemente otros más, sin que hubieran cumplido el requisito de haber presentado la prueba Saber, el ministro hizo una sorpresiva, e increíble, revelación según la cual entre 2019 y 2024, 269 de las IES del país habían graduado 78.756 profesionales sin haber cumplido este requisito, y que la información había sido obtenido tras haber cruzado la información de los graduados, reportada por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES y las bases de datos del ICFES, sobre quienes presentaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT.
Sorpresivamente la rueda de prensa causó un efecto adormecedor de parte de políticos, medios de comunicación y opinión pública sobre el caso San José: Se dejó de hablar del mismo por varias semanas.
También sorprendió el aterrador silencios de los rectores frente a esta acusación.
Universidades consultadas por este medio, y que hacen parte de las 269 inculpadas, señalan que no han cometido dicha ilegalidad.
Aunque el ministro no habló de ninguna institución en particular, sí enumeró las 6 que, según ellos, no reportaron casos de graduación de profesionales sin Saber Pro.
Las 6 IES citadas, todas con personería jurídica de no hace más de 15 años, son: El Centro de Estudios Aeronáuticos CEA, la Fundación Alberto Merani, la Fundación Universitaria San Pablo, la Fundación Universitaria Católica del Sur, la Fundación Universitaria de Cataluña, y la Fundación Universitaria Patricio Symes.
Cifras que ponen a dudar
Carlos Mario Lopera, director de El Observatorio de la Universidad Colombiana, y quien interpuso el derecho de petición al Ministerio de Educación, había advertido en una columna de opinión, titulada “Una vergüenza, e ilegalidad, que todos callan“, que las cifras dadas por el ministro no eran correctas.
Según el titular de la cartera educativa, en el periodo analizado se graduaron 2.410.921 de personas y que los casos irregulares corresponderían al 3.27 %, pero -advierte Lopera- el cálculo está mal hecho: Dos millones cuatrocientos mil es el número total de graduados contabilizados históricamente y entre 2019 y 2024 el SNIES reporta que se graduaron 267.075 estudiantes, lo que significa que si se hallaron alrededor de 80 mil graduados sin presentar la prueba Saber, el porcentaje no es del 3 % sino de alrededor del 30 %.
El Ministerio sigue sin entregar la información. Lanzó una acusación pública nacional contra el 97% de las IES, pero ante un juez de la República, sus directivos prefieren enfrentar un arresto antes que entregar el sustento técnico detallado de dicha denuncia. Dice que tiene datos preliminares (que tampoco entrega) y que los está depurando, aunque el ministro dijo que ya era resultado de un cruce de información.
Conocer el detalle de cuáles IES y en qué dimensiones se dieron las posibles irregularidades constituye una noticia trascendental para la ética, dignidad y legalidad del sistema de educación superior.
Por ahora, mientras que el Ministerio de Educación entrega el detalle de la información real, el auto del Juzgado pasa a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que surta consulta y confirme la legalidad de la sanción para que el arresto y la multa (sobre el patrimonio personal) se hagan efectivos.
A su vez, se ordena al ministro Rojas Medellín, para que promueva el cumplimiento de la sentencia e inicie las actuaciones administrativas y disciplinarias a que hubiere lugar.
