Julio 31/19 El Tiempo informó que Mineducación investiga, entre otras, a San Martín, Infotep, Incca, Uniguajira y las Autónomas del Caribe y de Colombia, y éstas salieron a explicar su situación.
La San Martín, cuatro años después
Mayra Vieira, rectora de la institución, explica que las medidas de inspección del MEN se establecieron en 2015 y desde entonces se ha podido “superar el 100 por ciento de los hallazgos administrativos, de gobierno institucional y académico”.
“Hay que recordar que el Ministerio de Educación no investigó. Fueron los estudiantes y profesores que reclamaron para mejorar la situación de la institución. El gobierno responde con medidas de inspección y vigilancia, y ordena el cambio de directivas. Puso a cuatro personas que han ido rotando con el tiempo. Luego se implementa un plan de mejoramiento, porque el objetivo es recuperar la autonomía de la universidad, que fue usurpada”, expone Vieira.
La académica señala que la fundación ha ido recuperando la calidad de sus programas en los últimos cuatro años. “Después de este proceso de acompañamiento con el MEN ya tenemos 17 registros calificados (es el instrumento con el cual el ministerio del ramo autoriza a una universidad para ofrecer programas y modalidades), de estos cinco son de medicina, que son los más complejos de conseguir. El problema es financiero, pues la institución fue desfalcada por la administración pasada”, agrega.
Vieira informa que en la Fiscalía reposa una investigación para que unos activos, valorados en aproximadamente 250.000 millones de pesos, puedan retornar a la fundación.
“Ojalá la Fiscalía pudiera actuar más rápido, porque desde que inició ese proceso en el 2014 no hemos tenido ningún resultado (…). Actualmente tenemos un patrimonio negativo. El funcionamiento de la universidad se ha sostenido a pesar que hemos pasado de 15.000 a 4.000 estudiantes. Pero con este número de alumnos somos capaces de seguir, porque los recursos se emplean con transparencia. Actualmente debemos 260.000 millones de pesos, porque en la anterior administración no contrataron adecuadamente a sus empleados, no pagaron salarios y tampoco liquidaron”, indica la rectora de la IES.
A la fecha, la Fundación San Martín tiene un inspector in situ permanente para vigilar los procesos que allí se desarrollan. Y, además, el plan de mejoramiento ha culminado con un avance del 98 por ciento.
Inspector in situ en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés (Infotep)
Silvia Montoya Duffis, rectora del instituto, explica que el MEN designó un inspector in situ el 16 mayo de 2019 y “su primera y única visita a la institución ha sido los días 27 y 28 de junio del 2019”.
“Al posesionarme en julio de 2016, recibo una institución que acababa de perder la mayoría de sus registros calificados y únicamente contaba con tres programas con registro vigente. Se contaba solo con 34 estudiantes. Las instalaciones estaban en mal estado. No habían políticas instituciones (ni administrativas ni académicas). La conectividad o conexión de internet era pésima. Había necesidades en equipos y material bibliográfico”, indica Duffis.
Por todas estas situaciones y para conocer el estado real de la institución, “el 6 de septiembre del mismo año solicito la visita preventiva y de acompañamiento integral de inspección y vigilancia al Ministerio de Educación, para las áreas académicas, administrativa y financiera. La visita la recibimos en marzo del año 2017”.
La rectora cuenta que, contrario a lo que dice el Ministerio de Educación, en el Infotep “no existe un déficit financiero. De hecho, el instituto hace parte de las (IES) adscritas al MEN por tanto el 95 por ciento de su presupuesto provienen de recursos de la Nación y el restante es de recursos propios (matriculas, venta de servicios, y demás recaudos) todos los recursos (nación y propios)”.
Actualmente, Infotep está trabajando en un plan de mejoramiento y, a fecha del 30 de junio del 2019, “tiene un avance del 89,70 por ciento de cumplimiento”.
Las deudas de la Universidad Incca de Colombia
Luego de la renuncia de María Carolina Villamizar como rectora de esta IES, Susan Rodríguez asumió el mando. Afirma que la institución se encuentra reestructurando un pasivo por el orden de 33.000 millones de pesos.
“A comienzos de la presente década la Universidad alcanzó a tener más de 5.400 estudiantes distribuidos en 23 programas académicos. Posteriormente, diferentes decisiones académicas, administrativas y financieras que en su momento fueron consideradas oportunas, afectaron negativa y progresivamente el desempeño de los colaboradores docentes y administrativos, generando inconformidad en la comunidad y por ende, reducción de nuevos estudiantes, incremento en la deserción y debilitamiento de la marca”, argumenta la actual rectora.
La académica señala que durante la formulación del plan de mejoramiento se realizó un diagnóstico “que expuso la urgencia con la que debíamos emprender la recuperación administrativa y financiera de la institución”.
En ese sentido, la Incca ha emprendido distintas acciones de recuperación inmediata, de mejoramiento a mediano y largo plazo. Además, han trazado un plan para recuperar las operaciones financieras de la universidad.
Según los estados financieros de la universidad, durante el 2018 los ingresos administrativos fueron de más de 18.000 millones de pesos, los gastos académicos (pago de docentes, laboratorios) fueron de 9.500 millones de pesos y los gastos administrativos de más de 16.800 millones, lo que deja una utilidad operativa negativa de 7.000 millones de pesos.
Actualmente, la universidad tiene un inspector in situ del MEN. “Las medidas se extenderán hasta cuando se determine que la institución ha superado las causas que condujeron a la imposición de las mismas”, añade Rodríguez.
Universidad Autónoma del Caribe va sacando la cabeza
Esta IES asegura que ha superado en un 89,1 por ciento las acciones definidas por el MEN para superar las deficiencias administrativas y financieras.
Para Claudia Da Cunha Tcachman, rectora de la universidad desde el 18 de abril del 2018, se han intervenido 57 hallazgos entre los que se encuentran una deuda por concepto de acreencias laborales por valor de 33.880’455.827; deficiencia en la dinámica de las estructuras de gobierno, gobernanza y gobernabilidad de la universidad; y un clima organizacional difícil, desmotivado y reactivo.
“A 15 meses de gestión, tenemos unos estados financieros saneados, se han puesto al día las acreencias laborales de los funcionarios, hay una situación jurídica claramente identificada e intervenida, y se diseñó un plan de renovación de la oferta académica de la universidad”, explica Tcachman.
La académica explica que actualmente se está adelantando un plan de mejoramiento que contempla tres componentes generales: administrativo, propio de la universidad (diagnóstico de la situación actual de la infraestructura) y financiero.
Actualmente el Ministerio ha designado a Diana Lucia Barrios Barrero como inspectora in situ, en reemplazo de Martha Lorena Sánchez Zapata, para que vigile la gestión administrativa y financiera de la Universidad Autónoma del Caribe.
Uniguajira busca aportes para sobrevivir
En el reporte del Ministerio de Educación se lee que está IES, situada en Riohacha, registra deficiencias administrativas e irregularidades en el manejo financiero.
La universidad señala que hay irregularidades como el no pago oportuno de la planta de personal docente ocasionales y catedráticos, así como el no pago de la seguridad social.
Estas dificultades generan que la IES no pueda cumplir oportunamente con sus obligaciones con los docentes ocasionales y catedráticos. “Es decir, la universidad no tiene déficit financiero, pero la falta de flujo de caja le impide tener una estabilidad y está en riesgo para la prestación del servicio educativo”.
Ante esta situación, el sindicato de docentes catedráticos y ocasionales han anunciado que no iniciarán el segundo semestre de 2019 si no se les cancela lo adeudado.
De todas maneras, la Universidad de La Guajira informa que ha subsanado el 86 por ciento de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento.
La FUAC, entre las deudas y las promesas trata de volver
Actualmente tiene un paro vigente de profesores y administrativos, que se desarrolla desde el pasado 20 de mayo, por el no pago de salarios.
Recientemente, el Ministerio de Educación designó, como parte de las medidas de inspección y vigilancia, a Ricardo Gómez Giraldo como el nuevo presidente y representante legal de la Universidad Autónoma, en reemplazo de Eduardo Hoyos, quien lideró la institución hasta el 12 de julio.
Giraldo ha dado diversos anuncioes de sus gestiones para tratar de retornar a la normalidad, pero esto aún no se logra. “En una reunión celebrada con el presidente del Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo, se planteó la posibilidad de estructura una línea de crédito para el salvamento de universidades que se encuentran en una situación financiera de iliquidez”, ha dicho
Por otra parte, dice la carta, el Icetex se comprometió a renovar los créditos de los estudiantes para el segundo semestre del 2019, una vez levantada la huelga como una medida especial.
“Conscientes de nuestra responsabilidad de cumplir con las obligaciones laborales, se acudió al Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP con el objeto de obtener recursos financieros inmediatos. Para tal efecto se solicitó una nuevo crédito por 3.000 millones de pesos que permitirá descontar el valor adeudado por las cuotas en mora que presenta la universidad que ascienden a la suma de 950 millones de pesos”, indica Gómez en su misiva.
La Universidad no sabe cuándo regresará a clases. Gómez dice que está muy cerca de un acuerdo con el sindicato.
Gómez también ha informado que se reunió con los miembros de la Asamblea de Fundadores, que dicen estar dispuestos a tomar todas las decisiones que sean necesarias (incluso las más drásticas), y que están dispuestos a renunciar a privilegios (algunos ya lo hicieron por escrito), y que también se va a trabajar en una necesaria reforma estatutaria.
Fuente: El Tiempo y medios varios
