El Observatorio de la Universidad Colombiana




Aún falta en gratuidad de la matrícula: Jairo Torres Oviedo – mayo/21

Para el rector de la Universidad de Córdoba y re-elegido presidente del SUE, Jairo Miguel Torres Oviero, el anuncio del Gobierno debe complementarse con la consolidación de la política plena de gratuidad. Publicado en El Meridiano, de Córdoba.

Gratuidad de la matrícula

El sistema educativo colombiano está fuertemente afectado en su funcionamiento por los efectos de la pandemia; no solo en cuanto a suspensión de actividades presenciales, sino afectación financiera para su sostenimiento. En Colombia tenemos un sistema de educación superior mixto ofrecido por el Estado y particulares; es decir, público y privado. Actualmente, en el sistema de educación superior, se encuentran matriculados 2.408.041 estudiantes; distribuidos de la siguiente manera: 2.234.962 en pregrado y 173.079 en posgrados. El sistema público pregrado tiene una matrícula de 1.150.591 estudiantes; de los cuales, 615.168 pertenecen a las 32 universidades públicas que constituyen el Sistema Universitario Estatal, y 535.434 pertenecientes a las instituciones técnicas y tecnológicas públicas ITTU. En las universidades privadas encontramos matrículas de pregrado representada en 1.084.371 estudiantes. Estas cifras son bastante dicientes en materia de cobertura. Cabe resaltar que, solo el 52% de los jóvenes colombianos acceden a la universidad, y el 48% restante no tiene posibilidades de ingreso; un drama social que requiere de una política pública estatal que garantice el derecho fundamental a la educación.
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Esta situación golpea la educación superior. En el caso del Sistema Universitario Estatal, se ha propuesto en los últimos años la construcción de una política de gratuidad para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en condiciones de vulnerabilidad; teniendo en cuenta que el 70.9% de sus estudiantes pertenecen al estrato 1 y 2. El Gobierno nacional para enfrentar la crisis generada por la pandemia dispuso de  $97 mil millones para subsidio de matrículas para estudiantes de estrato 1 y 2 de las IES públicas, sumado al esfuerzo de la institucionalidad regional; alcaldías y gobernaciones para apoyo en subsidio de matrícula a estudiantes de universidades públicas de su jurisdicción; lo anterior, permitió que durante los últimos 2 semestres se garantizara  gratuidad de la matrícula.
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Si bien es cierto, la gratuidad de la matrícula anunciada por el Gobierno nacional es un avance importante, para alcanzar la gratuidad de la educación superior pública; aún falta continuar en este propósito; que significa hacer de la educación superior un derecho fundamental garantizado por el Estado. Además, el impacto financiero del Covid-19, en la universidad pública es notorio y profundiza el desfinanciamiento de esta; teniendo en cuenta que el 48% de ingresos con que funcionan las universidades públicas son propios; es decir, deben generarlos. Esa cifra corresponde a $3.5 billones al año; de los cuales, 1.1 billón corresponde a matrículas. Distribuidas de la siguiente manera: 847 mil millones para matrícula de pregrado, y 260 mil millones matrícula de posgrado; el resto de los ingresos propios corresponde a venta de servicios, recursos de capital, créditos, estampillas y otros; afectados por la crisis.
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Esta situación requiere la intervención del Estado; desde el nivel central hasta el regional; para ello, la Universidad de Córdoba construyó un modelo de acompañamiento para nuestros estudiantes garantizando permanencia, a través de gratuidad de matrícula, apoyo psicosocial y gestión tecnológica como, Tablet, computadores e internet. Modelo soportado y articulado con la Gobernación de Córdoba, municipio de Montería, el Ministerio de Educación y esfuerzos institucionales de la Universidad de Córdoba; permitió conseguir recursos para viabilizar un modelo de gratuidad que favorecen una comunidad de 17 mil estudiantes y sus familias.
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En este sentido, es importante impulsar de manera conjunta la participación de la institucionalidad territorial representada en los municipios y departamentos, una acción que permita tramitar impuestos territoriales para invertirlos en aumentos de cobertura a través de la regionalización de la universidad pública; con ello, no solo incrementamos cobertura y acceso a la educación superior, sino que, generaríamos inclusión, movilidad social e impacto social transformador en las regiones más apartadas geográficamente, que han permanecido invisibles a los más elementales beneficios del desarrollo. Es imperioso e ineludible permitir el acceso al conocimiento de 2.400.000 jóvenes que en Colombia no tienen esta oportunidad; lo cual requiere no solo de un acuerdo y compromiso, sino de la voluntad política para que lo haga posible. La gratuidad de la matrícula es un paso en esa dirección; pero, necesitamos avanzar en la solución del problema de cobertura, democratización, masificación y financiamiento; de esta forma, se haga posible la educación como un bien público social, un derecho fundamental garantizado por el Estado; lo anterior implica hacer una verdadera revolución educativa. Los jóvenes de Colombia lo exigen, necesitan y desean hacer posible sus sueños, y, la manera de lograrlo es con el acceso al conocimiento. Es el momento de ser coherentes con un país nacional periférico e invisible. Necesitamos el liderazgo y compromiso del país político representado en gran parte, por los congresistas; que se sintonicen, dialoguen y comprendan esta realidad; a la vez, que tramiten las leyes necesarias, y de esa forma poder materializar este derecho.
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Por consiguiente, es imperativo convertir la gratuidad de la matrícula en política pública; es decir, un modelo permanente en el tiempo. En este contexto, es necesario continuar el debate de la gratuidad en la educación superior pública.
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