Sept 19/21 La Reforma Tributaria aseguró recursos para que gobierno Duque cumpla su oferta, en lo que queda de esta administración, pero no cumple los requisitos para ser llamada política pública.
Es decir, cobró vida al asegurar los recursos de la llamada matrícula cero (que significa apoyo para el estudio de cerca de 700 mil estudiantes de estratos 1 a 3 en las IES públicas) durante el segundo semestre de 2.021 y los dos de 2.022, pero no asegura que esto necesariamente continúe a partir de 2.023.
El texto aprobado en la llamada Ley de Inversión Social dice, en su artículo 27:
MATRÍCULA CERO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Con el objeto de mejorar el acceso a la educación superior en el nivel pregrado, adóptese como política de Estado la gratuidad para los estudiantes de menores recursos. Para ello, el Gobierno nacional destinará anualmente recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables socio-económicamente de los estratos 1, 2 y 3, mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las IES. A partir de 2023, estos recursos deberán destinarse a los jóvenes de las familias más vulnerables de acuerdo con la clasificación del SISBEN IV o la herramienta de focalización que haga sus veces. Estos recursos se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso y permanencia a la educación superior pública y el fondo solidario para la educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 el cual permanecerá vigente y podrá recibir aportes de recursos públicos de funcionamiento o inversión de cualquier orden con destino a estos programas.
PARÁGRAFO. El Gobierno nacional reglamentará la implementación del presente artículo.
¿Por qué no es una política pública?
Una verdadera política pública es aquella que producto del consenso de los actores del sector, bajo criterios de equidad (aplicable a TODAS las personas en condiciones similares), se puede apoyar en instrumentos jurídicos claramente definidos (y no ambiguos) y no cae en interpretaciones de un gobierno de turno, sino que es explícita, entendible y aceptada por todo el establecimiento, independientemente de sus percepciones políticas.
La sola enumeración o descripción (adóptese como política de Estado la gratuidad para los estudiantes de menores recursos) no es suficiente.
Sugerir que continuará con un próximo Gobierno (2023) sin detallar el cómo en cuanto a financimiento, población, condiciones y duración, tampoco le da el sello de política pública.
El texto de ley es explícito en señalar que los recursos “se dispondrán” a través de Generación E, pero este es un programa de gobierno, no de Estado. Recuérdese que reemplazó a Ser Pilo Paga (que el gobierno Santos impulsó y también ofreció varias veces como política pública sin cumplirlo), con fuertes ajustes en cantidades, modalidades y recursos, hecho a discreción del Ministerio, pero sin el análisis y aceptación plena del sector.
Y, tal vez, lo más importante, o preocupante, es que no cumple ni las condiciones técnicas, ni los requisitos procedimentales que la fundamenten como política pública y, sobre todo, que le den legitimidad como tal.
Para que se consolide como una política pública, la llamada “matrícula cero” debió haber cursado un debate público, técnico, argumentado y validado con los más variados actores del sector; pero esto no fue así. El Gobierno asumió que como la opinión, y concretamente el estudiantado (especialmente los jóvenes que participaron del paro nacional) pedían gratuidad educativa, su anuncio de matrícula cero iba a convertirse automáticamente en una tabla de salvación y jugada política, pero esto no necesariamente ha sido así.
La política, y el estudio de la misma, debe ir acompañada de cifras exactas, indicadores y análisis presupuestales, y en la práctica, ni siquiera la propuesta que radicó el Ministerio de Hacienda de reforma tributaria (Ley de Inversión Social) presentó esta información. El gobierno lanzó la iniciativa sin cifras exactas, luego de hacerlo comenzó a recorrer el país para asegurar recursos que le faltaban con gobernaciones, alcaldías e IES, y no puede asegurar que ellos seguirán de forma indefinida dando recursos para fondear la iniciativa.
Otro aspecto delicado tiene que ver con el impacto del anuncio. ¿Cuántos jóvenes de estratos 1 a 3 que estudian o aspiran a hacerlo en IES privadas, creerán que automáticamente tendrán la gratuidad si se pasan a las IES oficiales?, ¿y por qué no los jóvenes de las IES privadas si la educación superior es un servicio público controlado por el Estado, así lo oferten las IES privadas?, ¿si es solo en oficiales, en cuáles: Universidades o no, y por qué?, ¿cuántos jóvenes, y por qué solo ellos?, pues el Ministerio nunca ha hablado de la totalidad de estudiantes de estratos 1 a 3.
Si fuera realmente una política pública no se entiende por qué continúan en trámite, en el propio Congreso de la República, varios proyectos relacionados con el financimiento de la educación superior.
Entonces, ¿es un mensaje populista de parte del gobierno?. Llamativo sí es, y pretende mostrar el compromiso con el tema, pero en la práctica es un ofrecimiento que traerá muchos dolores de cabeza, especialmente para el próximo Gobierno, si la reglamentación no responde a las expectativas, supera las proyecciones fiscales y no cubre a toda la población que realmente lo desee.
