Marzo/26 Polanía, rector de Uniquindío, cuestiona en Crónica del Quindío, cómo las intervenciones estatales han vulnerado la autonomía, por lo que las universidades públicas requieren protección.
Si entendemos que una institución es indispensable para la vida social y de necesaria y prolongada vigencia histórica que, además, debe funcionar de acuerdo con sus propias leyes y no depender de caprichos individuales, estamos implicando la idea de universidad. Es un término latino derivado de “unus” unidad y de “verto” que tiene el sentido de volver. Si unimos esos términos, “universitas” tiene el sentido de “unidad de cosas diversas” o “unidad en la diversidad”, es decir, universidad significa unidad de personas congregadas, pero siempre sin que unidad denote uniformidad, pero sí independencia.
El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la autonomía universitaria, característica ampliamente desarrollada en la reciente modificada Ley 30 de 1992 (artículos 86 y 87), donde también prevé que el Estado conforme la citada ley, ejerce suprema inspección y vigilancia de la oferta educativa superior, para velar por la calidad del servicio.
Las anteriores y rápidas disquisiciones son para introducirnos en una actualidad por la que la institucionalidad universitaria atraviesa y en especial la universidad pública colombiana, la cual ha sufrido por varias circunstancias que atentan contra la independencia en la aplicación de sus normas y cuyas intromisiones estatales han generado preocupación en estudiantes, profesores y administrativos.
Varias universidades públicas del país, la de Antioquia, la de Chocó, la de Atlántico y la Nacional de Colombia, soportaron intervenciones estatales en sus procesos internos que, al desbordar su alcance, se convirtieron en actores que coadministraban las instituciones, desconociendo sus reglamentaciones internas que fueron resultado todas del ejercicio independiente y responsable de su autonomía.
Vale la pena insistir en el acatamiento riguroso que el Estado debe dar a la autonomía de las universidades públicas, en razón a que son centros de libre pensamiento, donde el poder y la autoridad de la ciencia y del saber intelectual le son naturales, características que también las protegen de intervenciones inoportunas y arbitrarias del Estado, como las sucedidas en la Universidad Nacional de Colombia, con las cuales se desbordó irresponsablemente el control a que puede estar sometida tan histórica y respetada institución. En ese sentido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, finalmente aceptó la acción de tutela presentada por el rector José Ismael Peña Reyes, quien había sido irregularmente destituido en una clara violación de la autonomía universitaria.
Lo anterior tampoco significa que la sociedad, el Estado y los estamentos universitarios deban cohonestar con actuaciones que menoscaben ese bien público educativo; todo lo contrario, y los hechos así lo han demostrado, pues conocemos de los ejercicios académicos y electorales, autónomos y responsables, resultado de amplia y democrática participación interna y externa, en las distintas universidades públicas. De esa forma, la legitimidad social aumenta, más aún cuando el diálogo del saber con las expectativas ciudadanas, resulta en soluciones oportunas y concretas.
Si queremos ser legítimos como instituciones necesarias para la vida social, se requiere que entre todos las protejamos y actuemos en esa perspectiva. Por eso, la “alma mater” de los quindianos, responsablemente salvaguardará su carácter autónomo, y procurará que esa conexión territorial en la cual estamos comprometidos cruce caminos hacia el nacimiento de nuevos profesionales, resultado de una vocación transformadora y de desarrollar prudentemente su autonomía.
