Julio 13/20 Una andanada de críticas ha recibido la Universidad Sergio Arboleda por ofrecer descuentos del 20% para sus posgrados a quienes demuestren afiliación política al Partido Conservador.
Las críticas comenzaron por el abogado, columnista y profesor de la Universidad Externado de Colombia, Ramiro Bejarano, en el diario El Espectador, quien mostró los términos del convenio en el que, para poder obtener el beneficio, se requiere “ser miembro del partido, mínimo hace dos años; demostrar participación activa al interior del partido, y una carta de motivación respondiendo: ¿por qué merece ser parte del convenio de descuentos”.
Los comentarios críticos, que fueron tendencia en redes sociales, tienen una connotación fundamentalmente política, especialmente por el hecho de que el actual presidente de la República, Iván Duque Márquez, es egresado de esa Universidad, sino también varios de su altos funcionarios del gobierno y otros como, por ejemplo, el Fiscal General de la Nación, quien también ha sido muy cuestionado en las redes por sus actuaciones en dicho cargo.
También, porque la Universidad ha sido tendencia en otras oportunidades por apreciaciones políticas de algunos de sus miembros -que tiene entre sus fundadores al inmolado líder conservador Alvaro Gómez Hurtado-, empezando por su rector y su esposa, cercanos tanto al Partido Conservador como al Partido Centro Democrático.
Autonomía universitaria lo permite
No obstante, lo polémico de la medida -por el carácter político de la misma-, la decisión no viola la normatividad para la educación superior.
Primero, porque da un beneficio a determinadas personas sin demeritar la condición de otras (a las demás no les cobra por encima del valor acordado). Es un convenio, tal y como lo hacen las IES con cientos de alianzas con otras organizaciones políticas, sociales, religiosas, deportivas, empresariales, alcaldías … Bajo la misma lógica, los ciudadanos de otros municipios, equipos, empresas, religiones… podrían protestar como lo hacen hoy quienes rechazan la decisión de la Sergio Arboleda.
Segundo, porque es un actuar relativo a la autonomía universitaria, consagrado en la Constitución Política y ratificado en la Ley 30 de 1992 cuando, en su artículo 28 dice: “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.
Dicha autonomía es la que permite que cada IES defina una apuesta ideológica propia que acompañe su modelo formativo sin que esto se constituya en una limitación, coacción o sesgo académico en el plan de estudio y la relación con los estudiantes.
Es la misma que ha operado por años en todas las IES cuando, por ejemplo, en su discrecionalidad el rector o un representante legal, otorgan becas y descuentos de matrícula a las personas que, cumpliendo con los requisitos académicos, así lo consideran. Podrían ser, por ejemplo, en el caso de al Sergio Arboleda, una liberalidad del rector sin necesidad del cuestionado aviso promocional.
No es viable esperar que todas las universidades actúen bajo los mismos principios, y es por eso que la comunidad y estudiantes saben que si, por ejemplo, buscan una formación con inspiración religiosa, puede ir a universidades como la Javeriana, Sabana, Santo Tomás y San Buenaventura, entre otros, y estas universidades tienen plena autonomía, si quieren, de hacer convenios con colegios de comunidades religiosas -como ya existen algunos, sin que esto genere el alboroto en redes sociales.
Así mismo, si políticamente alguien desea buscar una universidad con principios liberales, podría ir -por ejemplo- a la Universidad Libre o a la Universidad Externado de Colombia, públicamente declaradas como opuestas a la confesionalidad y amigas de los principios liberales. Así, por ejemplo, no debería haber ruido en los medios si estas universidades suscriben un convenio con el Partido Liberal.
¿No ha sido, acaso, llamada como “sede alterna” del Partido Liberal Colombiano, en Medellín, a la Universidad de Medellín?, y aún así está acreditada institucionalmente y todos parecen aceptarlo sin problema.
Otra cosa es si la situación se diera en las universidades públicas, que sí están limitadas para actuar de esta forma, precisamente porque trabajan con recursos públicos, aunque nadie duda que ciertos movimientos y corrientes políticas tienen mayor acogida allí, así no tengan descuentos por convenios como el aquí visto.
Eso, desde el punto de vida académico, puede verse como una riqueza y diferencia académica y cultural.
No asumir posición política o dejar que todas las corrientes políticas fluyan en el discurso ideológico de una universidad ya es, de por sí, una posición política, y el riesgo a un totalitarismo democrático cercano a la dictadura.
La participación en política es una opción riesgosa para la educación superior, pero limitar su autonomía es mucho más peligroso para la democracia.
