Junio 23/23 Esto se da luego que la entidad tuviera que suspender sus créditos de matrícula y subsidio al comprobarse que los habrían obtenido con información de falsas discapacidades. Icetex giró más de 115 mil millones en créditos sin cumplimiento de requisitos
Contraloría detecta hallazgo fiscal por $115.723 millones en Auditoría Financiera al ICETEX, por irregularidades en giros de créditos a estudiantes que no tenían discapacidad, así como de algunos beneficiarios de Programa Generación E, tras investigaciones que vienen de 2022.
En auditoría financiera al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX para la vigencia 2022, la Contraloría General de la República evidenció irregularidades en la renovación de los créditos para la población con discapacidad.
Esta situación, que fue comunicada por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte a la entidad el 10 de mayo de 2023, dio origen a que el presidente del ICETEX convocara a rueda de prensa el 31 de mayo de 2023, durante la cual manifestó: “se encontraron presuntas irregularidades en los documentos que adjuntaron más de 10.000 jóvenes, los cuales invocaron una condición de discapacidad que aparentemente no tienen”.
Esta comunicación conllevó a la suspensión de los giros de estos créditos para el segundo semestre de 2023.
Según informó la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos ACUPE, “la gran mayoría de los estudiantes fueron engañados por terceros, quienes les cobraron altas sumas de dinero por asesorarlos. Los usuarios eran menores de edad al momento de realizar los trámites y no tenían conocimiento del funcionamiento de la plataforma del ICETEX. Dentro de los mismos engaños por parte de los terceros estaba el hecho de que supuestamente, entrarían como indígenas o afrocolombianos, otros entraron con discapacidad visual (astigmatismo, miopía) e incluso otras patologías; sin embargo, así fueron aprobadas las solicitudes”.
La gran mayoría de Universidades del País ya se encuentran adelantando los trámites administrativos para las matrículas para el segundo semestre del presente año 2023 y el ICETEX aún no ha dado ningún tipo de solución al problema social generado, por un lado, por la presentación irregular de documentación, soporte para la legalización de estos créditos y por la falta de revisión y control por parte de la misma entidad.
La Contraloría determinó seis hallazgos, de los cuales cuatro tienen presunta incidencia disciplinaria y los siguientes tres con incidencia fiscal por $115.723.745.399, así:
– En la modalidad de crédito educativo, para la línea de protección constitucional de población con discapacidad, el ICETEX efectuó 10.211 giros por $115.512.013.075, correspondientes a créditos de matrícula y subsidio de sostenimiento, sin el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, otorgando dichos beneficios subsidiarios con recursos públicos, a personas que no cumplieron las condiciones de focalización exigidas por la normativa aplicable.
Este hecho fue evidente al verificar que tan solo 147 beneficiaros acreditaron la condición de discapacidad, al encontrarse en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RRLCPD, del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme lo certificado por este mismo Ministerio.
De otro lado, en el programa “GENERACIÓN E – COMPONENTE EQUIDAD”, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el convenio marco interadministrativo No. 1166 de 2008 y No. 0001 de 2019, suscritos entre el ICETEX, Ministerio de Educación Nacional – MEN y Departamento de Prosperidad Social – DPS, el ICETEX efectuó 139 giros por $185.902.127 a beneficiarios que no cumplieron con el requisito de puntaje en el Sisbén y 26 giros por $25.830.197 a beneficiarios fallecidos. En ambos escenarios los giros fueron previamente autorizados por el MEN y se constituyeron en daños al patrimonio público en más de $ 210 millones.
Los usuarios afectados podrían estar adeudando hasta más de $100 millones, por lo que sería imposible para ellos y para los demás poder conseguir estos recursos para abonarlos a la deuda y así poder optar por una línea tradicional, por lo cual se estaría generando un grave problema social, señala Fernando Calao González, de ACUPE.
