Abril/25 A propósito de una polémica entre la máxima autoridad ambiental del país y la sociedad, Felipe Cárdenas-Támara, director del Observatorio Iberoamericano de sociopolítica, cultura y ambiente, de Unisabana, y Andrés Alarcón Restrepo, biólogo de la U. Militar, analizan los desafíos del tema en materia de política pública y, de paso, de formación en las universidades.
Introducción
La reciente polémica y conflicto entre la máxima autoridad ambiental del país y la sociedad, representada por el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y buena parte de los alcaldes cuyos municipios están ubicados en la Sabana de Bogotá, pone en evidencia la complejidad de la dimensión ambiental. Aprovechamos esta coyuntura para reflexionar sobre un tema en el que hemos venido trabajando desde diferentes ámbitos y experiencias, el de la complejidad ambiental. Parte de la reflexión e investigaciones se plasman de forma más amplia en el libro recién publicado por uno de los autores de este artículo, titulado: Complejidades ambientales: variaciones al estudio de la relación ecosistema-cultura desde la antropología (Cárdenas, 2025).
La Sabana de Bogotá, uno de los paisajes naturales y culturales más importantes del país y que posee algunas de las tierras más fértiles de Colombia producto de procesos geológicos, sufre como la mayoría lo sabe, de un crecimiento urbano descontrolado y sin planeación efectiva que viene afectando toda la base ecosistémica del territorio, condición que a largo plazo se plantea como un escenario donde la calidad de vida de todos los ciudadanos se verá afectada dramáticamente: la seguridad hídrica, la movilidad en el territorio, la salud ambiental y los servicios de los ecosistemas estarán seriamente comprometidos.
La resolución del ministerio tendría impactos, tanto en la ciudad de Bogotá, como en los principales municipios que hacen parte del área de conurbación de la capital del país: Chía, Tabio, Cota, Tenjo, Zipaquirá, Soacha, Mosquera, Gachancipá, Cajicá, Sopó, entre varios otros. Sin embargo, dicha resolución fue suspendida el viernes 14 de marzo de 2025, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, particularmente por la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar quien ha sido la encargada de velar por el cumplimiento de sentencia del Río Bogotá y que parece “no entender” como la resolución aporta y va en línea con dicha sentencia, lo que deja entrever varios conflictos al interior del mismo aparato de Estado y sus entes gubernamentales. Vale aclarar que dicha medida surge también de los reparos que hizo la Empresa de Acueducto de Bogotá a la resolución y los mandatarios de los principales municipios cercanos a la ciudad de Bogotá que hicieron sendas declaraciones críticas a la misma.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se enfrenta a la lógica urbanizadora que impacta a los territorios y ecosistemas. Esta lógica urbanizadora alteró desde hace años el precio de los suelos y es la lógica vencedora en el marco de la expresión urbana del uso de los suelos en la Sabana de Bogotá, propiciado en parte en lo que se denominó “volteo de tierras” y que afectó a varios Municipios como Cajicá y Chía. La resolución del Ministerio, como expresión operativa de una propuesta de planeación regional, ambiental y urbana, tiene una intencionalidad que a primera vista es impecable. El problema de fondo es que ni el Estado central ni los municipios tienen la capacidad técnica, operativa, legal y educativa para implementarla. Por poner un ejemplo, el municipio de Chía, en su oficina de planeación, cuyos funcionarios no usan sistemas geo informáticos robustos para proyectar el crecimiento urbano, es incapaz de frenar urbanizaciones o construcción de casas que rompan con las normas urbanas. En Chía, el dueño de un predio puede hacer con ese predio, tanto en el casco urbano como rural, <<lo que se le dé la gana>> y no hay poder municipal o policivo que frene construcciones ilegales en Chía (véase la siguiente nota de hace algunos años: Las construcciones ilegales y la incapacidad institucional en Chía – El periodico de Chía).
Los Municipios no han frenado procesos de urbanización urbana ilegales, por el contrario, los promueven en alianzas, muchas veces no muy santas, con los principales urbanizadores del municipio. Ninguno de los entes de control tiene la capacidad o está interesada en hacer cumplir las normas urbanísticas y de crecimiento urbano. La lógica urbana maneja grandes cifras de dinero: un predio de una fanegada de extensión, donde pastan 3 o 4 vacas al año, y que paga como mucho 2 millones de pesos de impuesto predial, cuando se urbaniza, con unos doscientos apartamentos, termina tributando, fácilmente mil millones de pesos al año. Desde luego que genera mucho trabajo y ese esfuerzo es loable y tiene que ser reconocido como expresión de los actores y fuerzas que configuran el territorio. Pero hagamos cuentas, ¿qué pasa con todo ese dinero, más de 200 urbanizaciones proyectadas y que actualmente se las tienen paradas al alcalde de Chía? Habría que preguntarle a él que pasa con esa plata y en qué la invierte.
Chía y Cajicá son excelentes estudios de caso de lo que viene sucediendo en la Sabana de Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Nuestros municipios, de ser pequeños cascos urbanos, rodeados de espacios verdes, muchas veces productivos, y de tradición campesina, con altos valores paisajísticos y ecosistémicos, han pasado a ser municipios sin corredores verdes o conectores ecológicos donde la conurbación urbana se hace cada vez más intensa, la movilidad y los servicios colapsan mientras los impuestos aumentan para la población en general. La proporción espacio construido versus espacio verde al interior de los municipios es desproporcionada a favor de los espacios construidos no verdes. Todavía, para el caso de estos municipios, se podrían generar corredores biológicos entre los cerros orientales en su vertiente occidental y los cerros de la Valvanera (Chía) y la Cumbre (Cajicá) respectivamente. Esa propuesta no le suena a ningún alcalde. Resulta que es mucho más rentable urbanizar. Eso genera riqueza monetaria y se mueven grandes flujos de dinero, trabajo, capital y las “propinas” a secretarios de planeación, para usar una palabra castiza (y no ofensiva); la actividad urbanizadora mueve dinero a borbotones y compra la conciencia de muchos ciudadanos.
La incorporación de corredores biológicos proyectaría municipios ambientales y sostenibles, mejorando la salud de los ecosistemas, el flujo de especies, y la salud y los beneficios para la comunidad; es un tema de planificación ambiental relativamente sencillo, pero resulta que es más fácil urbanizar lotes que proyectar corredores biológicos. El municipio no tiene que hacer mayor cosa en términos intelectuales, expedir una licencia (burocracia), cobrar plata por ello (tributo), frenarle el proyecto a la gente honesta (tramitología) y cobrar impuestos (más tributación). Un negocio del siglo XIX, sin proyecciones técnicas que impliquen mucha carga intelectual o técnica para los dos o tres contratistas que hacen parte de la nómina administrativa del municipio en sus oficinas de Planeación y que tienen que resolver miles de solicitudes urbanas todos los meses. Un problema sobredimensionado por los volteos de tierras y habilitación de zonas de expansión urbana, que son los mecanismos usados en la mayoría de las actualizaciones y modificaciones a los PBOT´s o instrumentos de planeación correspondientes para legalizar estas nuevas zonas. Justamente el proyecto de resolución del MinAmbiente buscaba ser un determinante ambiental para todos estos planes de ordenamiento territorial, blindando con esto zonas de gran importancia ambiental de la Sabana como lo son: las tierras de interés agrologico determinadas por el IGAC, las zonas de recarga de acuíferos, los bosques andinos y subxerofíticos y los humedales, afectando con esto ciertos intereses económicos que no contemplan la importancia de proteger y restaurar dichos ecosistemas.
La incorporación de la dimensión o paradigma ambiental implica transformaciones culturales que van más allá del afán tributador que los alcaldes le quieren imponer a los ciudadanos, sin mediación alguna o referida a grandes propuestas ambientales. Los últimos gobiernos en la región han subido los impuestos prediales en un alto porcentaje; no valen las protestas ciudadanas, ni las promesas electorales. Nuestra pregunta es: ¿Qué porcentaje de esa plata se destinó a incorporar planes, programas y proyectos que fueran más allá del uso de parlantes invitando a la gente a no botar basuras o al envío de infografías por redes cumpliendo metas de sensibilización? Un modelo ambiental de desarrollo implica vincular los conocimientos de la gente con el conocimiento técnico de las ciencias ambientales. Ya la proyección de corredores biológicos es otro tema que implica una gestión que va más allá de cobrar impuestos por cobrar impuestos: se tienen que contratar expertos en biología, antropología, restauradores ecológicos, abogados, educadores ambientales, etc. Se tiene que concertar con la comunidad, hay que hacer mapas y usar GPS y sistemas georreferenciados y eventualmente cobrar impuestos por valorización (concertar con la comunidad). Nada de esto ocurre. Ni va a ocurrir puesto que nuestros profesionales no reciben formación ambientalmente situada en las universidades del país, en un déficit educativo que nos refiere la ausencia del sentido de la complejidad de la dimensión ambiental en sus anclajes desde la teoría ecosistémica, teoría de sistemas, teoría del derecho, teoría antropológica y la planificación urbana y regional. En su gran mayoría, nuestros profesionales, siguen siendo analfabetas ambientales, lo que nos habla de una falla en la formación universitaria. Complementario a esto el crecer y educarse en espacios urbanos alejados de ecosistemas naturales genera falta de empatía y sensibilidad por los mismos, por lo cual está tendencia podría incluso aumentar en próximas generaciones.
En el contexto de caos ambiental que vive la Sabana de Bogotá desde hace años, el Ministerio expide una resolución que pretende ordenar ese desorden, cuya base principal es de orden urbanístico e industrial (zonas francas, nuevas industrias), proceso que se experimenta en los principales municipios de la cuenca del río Bogotá. Se le olvida al Ministerio, que ni la CAR, ni los municipios tienen capacidad técnica, ni fuerza estatal para ordenar el territorio; y eso que estamos al pie del gobierno central y no somos el Catatumbo o alguna de las zonas de frontera abandonadas a su suerte por casi todos los gobiernos.
Lo cierto es que el propio Ministerio tampoco tiene la fuerza para orientar y hacer cumplir la ley. Los modelos operativos que inspiran la resolución del Ministerio tienen un matiz técnico y ambiental, que, en nuestra opinión, responden a una gestión y planificación ambiental sobre el territorio seria y rigurosa. La paradoja es que sus planteamientos normativos pareciera que están pensados para Suiza o Noruega. Sus artífices parecen que no han leído ni a García Márquez, Eduardo Caballero Calderón, Rómulo Gallegos o Alfredo Molano, mucho menos la novela urbana reciente que nos recuerdan los delirios de una América Latina enceguecida, esclavizada por los partidos políticos y por la propia acción demencial del Estado.
El problema es que esa bien intencionada y argumentada resolución, se está enfrentando a los gremios de la construcción y a la lógica de la ganancia y la rentabilidad de los “ambientalistas” urbanos, cuyo propósito es generar ganancia con el uso y la especulación sobre el suelo rural, urbano y semiurbano existente en la Sabana de Bogotá, manteniendo su imagen con nefastas acciones de Greenwashing, más allá de esto son absolutamente ignorantes en materia de la dimensión ambiental. No olvidemos que el río Bogotá se viene ordenando desde hace décadas desde criterios ingenieriles y no ambientales, ejemplo de esto la “Adecuación Hidráulica” adelantada por la CAR en vigencias pasadas y que incluso hoy genera efectos negativos sobre el río en estos dos municipios de ejemplo, afectando dinámicas propias de inundación del río y su zona ribereña. Tenemos una “hermosa” cañería”, ni siquiera un caño de aguas servidas donde las lagunas de oxidación o PTAR que manejan los municipios son inoperantes o cómo en el caso de Cajicá no se encuentran en funcionamiento.
Es importante comentar que incluso en épocas prehispánicas los indígenas de la Sabana de Bogotá, aprovechaban las dinámicas, crecientes, movimientos y curso del río Bogotá a su favor, por medio de sistemas de canales, terrazas, camellones en lo que se conoce como el sistema de campos elevados y qué se han encontrado múltiples vestigios a lo largo del río Bogotá, principalmente en la Sabana de Bogotá en zonas inundables y húmedas y también en algunos cerros cercanos como La Conejera, la mayoría de estas antiguas tecnologías de cultivo han desaparecido con el paso de las años desde la colonia y el cambio en el manejo de la tierra y los cultivos, aislando a las comunidades del río y buscando quitarle terreno a este. Vestigios actuales de las referidas zanjas y carillones, son cínicamente tapados y destruidos para la construcción de grandes torres de apartamentos y otros emplazamientos urbanos (Urbanizadora Amarilo en sus recientes construcciones en Guaymaral) como se observa en la imagen que compartimos, en donde desde una imagen satelital se ve como acabaron con uno de los vestigios de camellones más evidentes en el norte de Bogotá.
